Julio Rodríguez López – Consejo Científico de ATTAC.
En la última semana de marzo de 2012 se acumularon las novedades. Primero fueron las dos elecciones autonómicas celebradas el domingo 25 de marzo, en las que el resultado de Andalucía no confirmó las previsiones. En segundo lugar, el jueves 29 de marzo tuvo lugar una huelga general frente a la ley de Reforma Laboral del gobierno del Partido Popular, con impacto significativo en cuanto a seguimiento y presencia popular en las manifestaciones.
En la misma semana, el viernes 30 de marzo, el gobierno de Rajoy aprobó el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012. El proyecto en cuestión recoge un fuerte recorte del gasto público y apela a una significativa amnistía fiscal para situar el déficit en el nivel fijado por la comisión de la UE (-5,3% del PIB).
Del resultado de las elecciones autonómicas en Andalucía se deriva que puede gobernar en Andalucía una coalición PSOE-IU, frente a los abundantes sondeos de opinión que daban mayoría absoluta al Partido Popular. La distancia en que ha quedado este partido respecto de la mayoría absoluta puede indicar el recelo de la opinión pública respecto de la política social de los primeros cien días de gobierno del PP. Las formas políticas del actual gobierno, un tanto sobrado de arrogancia y de dogmatismo liberal en su política económica, han frenado sin duda el trasvase de votos desde el PSOE hacia el PP.
Una parte del voto de izquierda se ha pasado en Andalucía desde el PSOE a Izquierda Unida (11,3% del voto y 12 escaños). El castigo al PSOE se ha reflejado en el fuerte descenso del voto popular a dicho partido (un 30% menos) respecto de 2008. No solo hay cansancio popular en la valoración que se hace de la gestión de los socialistas en el ejecutivo andaluz, sino que también se han ido hacia IU anteriores votantes del PSOE, para los cuales los socialistas han abandonado buena parte del reformismo socialdemócrata que debió de impregnar mucho más su gestión pasada.
Del resultado electoral se deriva que el próximo gobierno de Andalucía deberá introducir reformas sustanciales en los cuatro próximos años. Izquierda Unida, que debería entrar en el nuevo gobierno, tendría que contribuir a reforzar el reformismo del gobierno andaluz. Este debería de fortalecer los instrumentos de control del gasto público y tendría que actuar para que esta autonomía refuerce y diversifique su base productiva. Andalucía necesita fomentar la presencia de actividades productivas con mayor posibilidad de competir en el marco globalizado actual.
La convocatoria de huelga general del jueves 29 de marzo fue objeto de un seguimiento desigual, según las diferentes ramas de actividad. En contra de la convocatoria influyó el clima de miedo a las represalias empresariales a que ha dado lugar el contenido de la reforma laboral del gobierno popular. Las manifestaciones de la tarde del jueves 29 contaron con una abundante presencia de participantes. Lo anterior indica que la opinión pública parece no estar conforme con que la reforma laboral en cuestión sea el eje central de la lucha contra el desempleo en España.
La mayor parte del empleo perdido en España desde el inicio de la crisis se debe al fuerte descenso de la actividad de la construcción y a la debilidad de la base productiva española, que cada vez tiene más difícil el competir. Asimismo, la reforma laboral “significará una alteración singular de la distribución funcional de la renta, en detrimento de las rentas del trabajo sin que ello signifique…la incorporación de estímulos a la creación de empleo neto” (Santos Ruesga, “Una reforma fuertemente desequilibrada”, Diario Progresista, 1 de abril de 2012).
El tercer evento de la última semana de marzo fue la aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012. El gobierno popular ha estado atento a la imposición fijada por Unión Europea de que en este ejercicio el déficit de las administraciones publicas no supere en España el 5,3% del PIB (8.5% en 2011), del que el 3,5% correspondería al Estado y a la Seguridad Social.
En 2012 deberá descender, pues, el déficit del Estado más Seguridad Social en 27.300 millones de euros. Ello exigirá realizar descensos del gasto, que serán importantes sobre todo en la inversión pública, que caerá en casi un 20% sobre 2011. En cuanto al necesario aumento de ingresos, destaca la amnistía fiscal establecida para la repatriación de capitales españoles no declarados a Hacienda, que deberán tributar entre un 8% y un 10%, con los que se espera recaudar unos 2500 millones de euros.
El gobierno no ha estimado la incidencia de dichos presupuestos sobre el crecimiento y el empleo de la economía. La restricción aprobada del gasto implica un impacto negativo de más de un cuarto de punto sobre la variación del PIB en este ejercicio, lo que sin duda contribuirá a deprimir aun más el crecimiento de la economía en este ejercicio.
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