Julio Rodriguez López – Consejo Científico de ATTAC.

A la compleja situación económica y política de España se le ha unido la cuestión de la intención del gobierno autónomo catalán de avanzar hacia la independencia de Cataluña. El tiempo de las ambigüedades ya pasó. La fruta está madura y el esfuerzo apenas soterrado y constante de los nacionalistas, durante 30 años de autonomía, de preparación de la opinión pública de Cataluña, ha dado sus frutos. La crisis del euro actúa como un factor de aceleración de un movimiento según el cual las regiones “ricas” no quieren pagar más a las regiones “pobres” (H. Vauplane, L’índependance de la Catalogne et l’euro”, Alternatives Economiques, 14.10.2012).

Y es que, además, Cataluña tiene un peso destacado en España. Es la sexta autonomía por superficie (32.627 km2), la segunda en población (7,3 millones de habitantes en 2011, 15,8% de España), solo detrás de Andalucía, y la primera en cuanto a valor del Producto Interior Bruto (PIB) en 2011 (200.323 millones de euros, el 18,7% del total), seguida por Madrid (189.432 millones de euros) y en cuanto a volumen de empleo (3,3 millones, 17,7%del total). En dicha economía destaca el mayor peso de la industria (excluida construcción) en el valor de su actividad productiva, el 19,6% del total en 2011 frente al 15,5% de España.

Los servicios de mercado (comercio, transportes y comunicaciones, básicamente) pesan mas en Cataluña que en la media. Por el contrario, los sectores productivos menos sometidos a la competencia, construcción y servicios no de mercado, sobre todo Administraciones Públicas, pesan menos. Esta autonomía está más poblada que el resto de España y obtiene productos con mayor valor añadido, procedentes sobre todo de la industria y de los servicios de mercado.

En cuanto a nivel de desarrollo, medido por el valor del PIB por habitante, Cataluña ocupó en 2011 la cuarta posición de España (detrás de Madrid, Navarra y País Vasco), con un nivel de dicha magnitud equivalente al 117,9 por cien de la media de España. Cataluña tenía en 2009 el mismo puesto en el “ranking” correspondiente a la renta bruta disponible de los hogares por habitante, el 114,0 por cien, tras las autonomías antes citadas, siempre según la Contabilidad Regional del INE. El impacto redistributivo estatal, vía fiscalidad directa y prestaciones sociales, ejerce una detracción relativa mayor en los casos de Madrid y Baleares que en Cataluña.

Esta última mantuvo bastante tiempo un fuerte superávit comercial con el resto de España. La industria catalana dispuso de unos mercados cautivos a través del arancel. La fuerte protección aduanera transfería el pequeño ahorro del resto de España a Cataluña, que así pudo alcanzar el 18% del PIB de España (A. Calleja, Cinco Días, 19.10.12).

No es cierto que los catalanes paguen más impuestos que el resto de España. Tampoco es verdad que la fuerte reducción de las prestaciones sociales, que ha impuesto el gobierno de CiU en Cataluña, sea consecuencia de cualquier tipo de discriminación o de desventaja que el estado autonómico español actual haya generado en torno a dicha autonomía.

El saldo de las balanzas fiscales mide las relaciones fiscales netas existentes entre la administración regional y el nivel superior de gobierno en un periodo de tiempo. Es sintomático el que Cataluña tenga déficit fiscal según un criterio (el de los organismos y entidades próximos a la Generalitat), mientras que en algunas estimaciones Cataluña aparece como no deficitaria frente al Estado (Dolores Dizy, Revista de Libros, 2005). Sorprende que tanto economista catalán acepte unos resultados emanados del poder político catalán sin rechistar, como si se tratase de unas magnitudes emanadas de un sistema contable normalizado, caso de la balanza de pagos o de las cuentas nacionales.

El supuesto amplio déficit de la balanza fiscal de Cataluña es el argumento económico empleado con mayor intensidad en la justificación de la independencia catalana. “Pero esa no es la cuestión. Lo que justifica la política del actual gobierno de Cataluña es la creencia de que la mayoría de la población de Cataluña no quiere, por varias razones, seguir el mismo camino que el resto de España. El asunto fiscal es un pretexto que por sí solo no parece justificar el anhelo de un estado propio” (Alfredo Pastor, ¿Qué nos ha pasado?, La Vanguardia, 19.10.2012).

La independencia aparece en el discurso oficialista como una vía de salida a la difícil situación económica, como si Cataluña sufriese más la crisis por permanecer integrada en España. No basta que, como dijo Pascual Maragall, tras la última reforma estatutaria, «la presencia del estado en Cataluña resulta ya residual”. Se trata ahora de romper del todo los vínculos con el resto de España.

La secesión de Cataluña respecto de España es algo que puede afectar negativamente a numerosas personas y hogares y que perturbará la cohesión social. Desde Cataluña se subraya la existencia de los estados europeos de reducida dimensión que se han creado en los últimos años (las republicas antes integradas en Yugoslavia, Eslovaquia respecto de Chequia, Kosovo respecto de Serbia). De lo que no se habla allí es de los sufrimientos y las rupturas de todo tipo que la creación de tales republicas ha ocasionado con frecuencia. “Entiéndase bien: uno puede irse a vivir donde le plazca: lo que no puede es decidir que el vecino se vaya o poner un muro para ignorarle”. Reyes Mate, “La cuestión catalana en tiempos posnacionales”, El País, 26.10.2012)

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