A. Domènech, G. Buster y D. Raventós – Sin Permiso.

Tres meses después de la derrota electoral del PSOE –un descalabro sin precedentes en esta segunda restauración borbónica—, y transcurridos ya dos meses desde la formación del gobierno de “concentración marianista” (según la certera y divertida calificación del periodista Enric Juliana), empiezan a dibujarse las grandes líneas de contrarreforma que la derecha política en el gobierno pretende desarrollar, a fin de alterar substancialmente (a su favor) una relación general de fuerzas cada vez más desfavorable para las clases populares.

El contexto se le presenta bifronte al gobierno del PP. Una herencia de Zapatero que provoca tal rechazo en el electorado, señaladamente en la izquierda, que el PSOE sigue cayendo en las encuestas de opinión tres meses después de la derrota electoral de Rubalcaba. Eso a babor. A estribor, están las procelosas aguas de las políticas de ajuste neoliberal y consolidación fiscal impulsadas por Merkozy. Todo el mundo parece estar ya al cabo de la calle (¡hasta los comentaristas y los “analistas” económicos de cabecera!): la cosa es un puro sinsentido macroeconómico, un paquete de medidas económicas procíclicas que han logrado hundir de nuevo al conjunto de la Eurozona en la recesión; en el Reino de España, desde el famoso giro de mayo de 2010, todo ha ido a peor: más paro, más ataques de los “mercados”, mayores diferenciales, desplome del consumo, deterioro acelerado de los servicios públicos… la economía española se abisma hoy en un pozo depresivo sin luz a la vista. Y todo el mundo asiste boquiabierto –pero sin decir ni pío— al “suicidio intervenido” de Grecia y Portugal, aviso chantajista para navegantes del resto de las clases trabajadoras de la UE.

Nada resume mejor la idea que  la derecha se hace de las posibilidades de explotar indefinidamente el  bonus track de la catastrófica herencia del PSOE de Zapatero, que este extraordinario aserto metafísico del actual ministro de cultura, José Ignacio Wert: «la victoria del PP no fue solo por mayoría absoluta, sino universal», aunque reconozca a continuación que «carece per se de cualquier efecto taumatúrgico» [1].

Una “universalidad”, ciertamente, muy barata para el PP: hasta José Borrell, la única cara conocida del PSOE que parece mantener cierta capacidad para decir cosas inteligentes y veraces, se reconocía “avergonzado” la semana pasada por el hecho de que los gobiernos del PP hubieran hecho cosas que, en su opinión, deberían haber hecho antes los socialistas (poner coto a las remuneraciones de los ejecutivos bancarios, entrar por uvas en los sectores altos del IRPF….) [2].

Del pesimismo a una primera reactivación social

En diciembre pasado, el 96% de los encuestados opinaba que la situación económica y social era mala o muy mala (Metroscopia,  El País 18-12-2011). Y esa proporción se mantiene en la encuesta del CIS de enero [3] y en la de Metroscopia de febrero. Con este fondo de pesimismo, el 49% consideraba los sacrificios una «necesidad». El 53% (el 83% de los votantes del PP)  apoyaban las primeras medidas adoptadas por el Gobierno, convencidos  de que Rajoy «sabe lo que hace» (60%). Los efectos de las medidas y el miedo a la nueva recesión todavía no se hacían sentir. A pesar de ser el paro la mayor preocupación (83,3%), el 75,3% de los encuestados con empleo no creían aún correr riesgo de perderlo, si bien el 52,2% de los parados no piensan que volverán a encontrar trabajo.

Pero en la encuesta de Metroscopia de febrero (El País, 12-2-2012), antes de la jornada de protesta sindical del 19 de febrero y de las movilizaciones masivas de Valencia, se comienzan a percibir los primeros efectos de erosión del nuevo Gobierno.

• El número de encuestados que piensan que Rajoy sabe lo que hace cae en un mes del 58% al 47%.
• El apoyo a las medidas de ajuste pasa del 51% al 45%.
• La proporción de los que tienen poca o ninguna confianza en la acción del Gobierno sube hasta el 66%, con un 26% entre los votantes del PP.
• A la pregunta de si Rajoy va improvisando  –importante pregunta, dado que Zapatero superó el 80% en su último período de gobierno, y parte básica de la estrategia de autopresentación del nuevo gobierno es la de unos chicos seriecitos y empollones, que se las saben todas—, el 49% de los preguntados piensa que sí, y entre los votantes del PP, lo cree uno de cada cuatro (26%).

Diríase que, en esta incipiente recomposición postelectoral de la opinión pública, comienza a abrirse paso la percepción de que el programa de contrarreformas conservadoras del PP no sólo tiene premeditada vida propia, independiente de las realidades de la crisis, sino que tiene precisamente mala tangencia con esas realidades: que lejos de mitigarlas o corregirlas, las enquista y agrava.

Lo poco espanta y lo mucho amansa. Es hasta cierto punto normal que las demasías del arranque contrarreformista del PP se reciban con impávida resignación. Pero cuando Metroscopia se refiere a la reforma laboral y a las posibilidades de una huelga general, resulta que:

• mientras el 66% considera “inevitable” una contrarreforma del mercado laboral,
• el 70% se opone a cualquier bajada de sueldos
• y el 46% aprueba de antemano una huelga general, cifra que llegaba al 59% para el caso de las personas con trabajo, es decir, las llamadas a hacerla.

En el terreno político, sin embargo, sigue pesando ante todo el rechazo de las políticas neoliberales en curso desde el giro de mayo de 2010 del Gobierno Zapatero, causa directa del desplome del 20 de noviembre.

Según Metroscopia, en enero el PP seguía ganando apoyos (+1,5%), y el PSOE, perdiéndolos (-1,9%). El CIS equilibraba su análisis con una doble caída de -1,9% para el PP (42,7%) y -0,7% para el PSOE (28%). Pero en febrero, la ligera erosión del PP (-0,2%) contrastaba con una caída de 5 puntos del PSOE (23%) en la encuesta de Metroscopia. En Cataluña se registra una caída paralela del PSC, que perdería tres escaños, a pesar de llevar más de un año en la oposición (EIS-La Vanguardia 2-1-2012) y el euskobarometro de marzo muestra un desplome del PSE de un 12%, que le costaría 9 de sus  25 escaños en el parlamento vasco. El PSOE ha perdido tota autoridad moral entre la población, y como es natural, nadie lo ve como punto de referencia en las primeras manifestaciones de reactivación de la oposición social: tanto más desapoderadas resultan  las peregrinas acusaciones lanzadas desde la extrema derecha gubernamental, sólo IU-ICV y UPyD aumentan sus expectativas de voto en más de un punto.

La última encuesta de Metroscopia confirma esa tendencia al ulterior desplome del PSOE, una caída que parece no tener fondo:

“El 68% de los ciudadanos dice no tener confianza en Rajoy (dos puntos más que hace un mes); pero el desgaste de Rubalcaba es aún mayor: el 75% no confía en él (ocho puntos más que en el anterior sondeo) y el 52% desaprueba su gestión como líder de la oposición. (…) El desgaste de la oposición afecta al líder, pero también al partido, porque el PSOE ahora solo lograría el 24,4% de los votos, es decir, 4,3 puntos menos que lo que obtuvo el 20-N. Ese descenso de votos lo aprovecharían Izquierda Unida y UPyD. El bipartidismo sigue en retroceso, pero solo a costa de los socialistas, que siguen profundizando en el fondo electoral que ya tocaron hace tres meses en las urnas. (…) A los socialistas se le escapan los votos sobre todo por la izquierda: la formación que lidera Cayo Lara es la más beneficiada por el disgusto social y obtendría el 9,1% de los votos, frente al 6,9% que tuvo en las elecciones generales. El partido de Rosa Díez subiría del 4,7% al 5,1%.” (El País, 4-3-2012.)

En esta polarización creciente entre derecha e izquierda, gobierno del PP apenas habría sufrido hasta ahora erosión entre sus propias bases.

Rajoy: un ajuste en dos tiempos

El principal problema político del PP será el de evitar que los efectos económicos y sociales  de las políticas de ajuste exigidas por la UE -del 8,5% al 4,4% de déficit fiscal en un año- erosionen su base social interclasista. De aplicarse, si fuera posible técnicamente, un ajuste en un año de 43.000 millones de euros, provocaría una caída añadida de cerca de cuatro puntos del PIB, cuando ya se preveía por el FMI una recesión para 2012 del -1,7%. El precedente inmediato es que las políticas neoliberales que desplomaron más de 14 puntos el voto al PSOE, coincidiendo con la ligerísima recuperación económica del 2011, solo sirvieron para disminuir el déficit en 0,8%. Ello supondría recortar no solamente derechos, sino desmantelar una parte fundamental del estado del bienestar que gestionan las autonomías (el efecto en el gasto sanitario es ya de -10,42%) [4] y dan legitimidad a la actual estructura constitucional.

El Gobierno de Rajoy no ha tenido más remedio que reconocer a los dos meses de jurar el cargo que un ajuste de estas dimensiones es irreal por sus efectos recesivos, y que «hará todo lo posible» para ajustar el déficit pero que necesita que «Merkozy» extienda el período de ajuste en al menos dos años, de manera que se sitúe anualmente alrededor de los 20.000 millones de euros.

Rajoy centró su campaña electoral y su discurso de investidura en culpar al Gobierno Zapatero y al PSOE de la herencia económica recibida, poniendo en cuestión la fiabilidad de los datos de déficit, que debería cotejar con auditorias -a pesar de gobernar en 14 de las 17 autonomías y de haber apoyado los presupuestos de CiU en Cataluña- y con el informe de perspectivas económicas de la Comisión europea en febrero. Solo después podría elaborar los presupuestos de 2012 a finales de marzo, celebradas ya las elecciones autonómicas andaluzas (en las que se prevé una nueva derrota apabullante del PSOE).

El cambio se produjo seis días después del discurso de investidura: con hechos. El primer consejo de ministros del nuevo Gobierno Rajoy, el 23 de diciembre del 2011, estimó ya que la cifra de déficit era del 8% [5]. Que tenía que tomar la iniciativa «cara a los mercados y a Europa». En el segundo, el 30 de diciembre, acordó un ajuste presupuestario de 8.900 millones de euros y una subida del IRPF y del IBI con una recaudación adicional de 6.100 millones de euros, lo que dejaría pendiente para los presupuestos de 2012 en marzo, de confirmarse el déficit del 8% y el compromiso de objetivos de la UE, de 21.000 millones más, hasta alcanzar la cifra total de 36.000 millones de euros.

Rajoy fió  la comprensión social de estos ajustes sin precedentes a su carácter «equitativo». Se subía el tramo alto de cotización del IRPF en siete puntos, hasta poder alcanzar un máximo del 55% para las rentas superiores a los 300.000 euros (el Gobierno Zapatero había reducido este techo máximo en 2007 al 42%). Se elevó la contribución de las rentas de capital al 21%. Pero el reparto de la tarta no podía ser más evidente: 4.100 millones de rentas de trabajo, 1.250 millones de las rentas de capital, 918 millones del IBI.

El primer tramo del ajuste fue acompañado de toda una serie de «reformas estructurales». Las referidas al sistema bancario privado español, con una ley de reforma del sistema financiero, apoyada por el PSOE, que entrega las Cajas de Ahorro a los grandes bancos, y un aval del estado por valor de 100.000 millones de euros para apalancar emisiones de bonos y obligaciones, con garantía del principal y los intereses, de la banca privada y contribuir así a su recapitalización. Esta última oferta ha sido desdeñada por la banca privada, que ha preferido acudir a las dos grandes subastas realizadas hasta ahora por el BCE, con tasas de interés al 1%, que han permitido asegurar beneficios sin precedentes en la compra de bonos de deuda pública con rentabilidades de entre el 3% y el 4,5%, la oferta de créditos a las autonomías y ayuntamientos al 5% y la financiación de la compra de las Cajas de Ahorro a costa del contribuyente europeo.

Pero la más importante, sin duda, ha sido la reforma del mercado laboral, ampliamente analizada ya en Sin Permiso. Se trata de una agresión sin precedentes a los derechos laborales, cuya consecuencia procíclica más inmediata será la de facilitar el despido de más de medio millón de trabajadores en 2012 y situar la tasa de paro por encima del 23%. Aparte, claro está, de la de abaratar las indemnizaciones por despido a 20 días por año trabajado, acercándose en la práctica al contrato único vía justificación por necesidad, sin autorización previa administrativa, y bastando para ello caídas reales o previsibles de ingresos  de tres trimestres (una de las contribuciones de CiU). O la del descuelgue empresarial de los convenios y la reducción unilateral de salarios. La agresión es de tal calibre, que ha obligado a las timoratas direcciones sindicales españolas ha asumir finalmente el cambio de escenario y a empezar a prepararse para una larga fase de resistencia, con movilizaciones y huelga general, cuando hasta hace muy poco las llamadas a la prudencia y a la táctica resignada del mal menor las habían llevado a firmar un acuerdo de moderación salarial para 2012, que entrañaba una caída importante de la capacidad adquisitiva de los asalariados [6].

Falta por conocer aún cuales serán las medidas para alentar a «emprendedores» y a las PYMES en este marco brutal de recesión provocado por las políticas neoliberales y la contracción del crédito privado. Todos los argumentos en esta dirección, que buscaban la consolidación de un sector muy significativo del PP se van derrumbando por su ineficacia o su utopía. Como ha señalado sin tapujos el economista jefe del FMI, Olivier Blanchard, «lo que los inversores quieren es recuperar su inversión». Y la fórmula de austeridad fiscal y caída del crecimiento solo puede elevar las primas de la deuda y las tasas de crédito, apalancando a sectores  crecientes de la economía española al «maná» de liquidez del BCE de Mario Draghi que, a pesar del billón esparcido (28% a la banca española), no puede ser ilimitado como su antecesor en la travesía del Sinaí.

La contrarreforma conservadora

El Gobierno Rajoy ha dedicado la mayor parte del mes de enero a explicar el carácter inevitable del ajuste y de las reformas estructurales, antes de que se hagan sentir plenamente sus efectos sociales o se aplique con los presupuestos el segundo golpe de ajuste, cuya responsabilidad comienzan a compartir el extinto Gobierno Zapatero y la implacable UE de «Merkozy». Empezando por la entrevista a Rajoy de EFE del 11 de enero [7], en la que ya responde al efecto en las «clases medias» de la subida del IRPF, la del ministro de economía De Guindos en El País de 27 de enero [8]  y las que se han seguido en los mismos parámetros. La línea argumental es la de aceptar inicialmente, como único posible, el marco impuesto por el plan de estabilidad y ajuste de la UE («la ruptura del euro sería catastrófica»), pero hay que «compensar ajuste con crecimiento» o lo que es lo mismo, «hacer un ajuste equitativo y general empleo»; la «contracción fiscal general recesión, pero también confianza en la UE y los mercados», como demostraría la compra de bonos de deuda española por el sector privado. De Guindos recupera además un debate de la derecha empresarial sobre el balance de las políticas neoliberales de Zapatero: «el debate sobre los estímulos económicos es equivoco», porque España ha realizado el mayor esfuerzo de su historia en ese sentido del 2007 al 2010 y no sirvió, porque el déficit se disparó a 11% y el paro al 22%. La conclusión que se insinúa no es otra que el programa de «reformas estructurales» popularizado por FEDEA: el desmontaje del estado del bienestar y sus «estabilizadores automáticos», aunque implique recortar derechos sociales.

«¿Para qué hemos ganado la mayoría absoluta en las elecciones si no es para aplicar nuestro programa?», respondía en los pasillos del Congreso el futuro embajador en Londres, el exministro de defensa Trillo, al diputado del PSOE Ramón Jáuregui, que ingenuamente exigía el respeto de los «pactos de estado» PSOE-PP como la constitucionalización del techo de déficit, reinterpretado por el PP como un déficit cero. Porque frente a los mercados y la UE, el principal activo del PP es su mayoría absoluta y la estabilidad política que, en principio, tiene asegurada durante cuatro años. Un rodillo parlamentario que ha comenzado por intentar neutralizar a las izquierdas soberanistas catalanas y vascas con su confinamiento en un grupo mixto de imposible funcionamiento y su exclusión de la comisión de gastos reservados.

Pero el peligro de erosión de su base social, la crisis constitucional del estado de las autonomías que madura con su estrangulamiento financiero y la movilización  de una oposición que solo puede ser efectiva desde la calle, obligan al PP no solo a un ejercicio de revanchismo -desde la condena a Garzón por la derecha judicial hasta la purga de la unidad antifraude del Ministerio de Hacienda que había destapado el caso Gurtel- sino a polarizar ideológicamente para mantener su bloque conservador interclasista, sometido a las brutales consecuencias del ajuste fiscal y la recesión.

La lista de iniciativas que configuran esta contrarreforma es apabullante: emplazamiento de residuos nucleares y extensión de la vida operativa de las centrales en funcionamiento;  Ley Sinde-Wert de derechos de autor en internet; redefinición de plazos y autorización paternal de menores en la Ley de Interrupción del Embarazo; limitaciones a la píldora del día después; reformulación conservadora de la asignatura de educación para la ciudadanía; la «puesta en valor del litoral» con la nueva Ley de Costas; cambio del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial;  cambio  de la composición y funcionamiento de los órganos rectores de RTVE y la Agencia EFE; abandono en el cajón de la Ley de Memoria Histórica, sobre la base de la sentencia de absolución de Garzón en el caso de los juicios del franquismo, que ratifica el carácter de ley de punto final de la de Amnistía de 1977.

El debate sobre las «clases medias», abierto en el PSOE primero y ahora en el PP, expresa ante todo la preocupación por la desafección constitucional y al sistema bipartidista encarnado en la alternancia del PP y del PSOE de sectores significativos de la población, golpeada por la crisis y el desmantelamiento de un estado del bienestar que, a pesar de sus importantes debilidades frente a la media de la eurozona, es el que sostiene su estatus social. Las reacciones populares al «caso Urdangarin» son otra expresión de ello. O las recriminaciones del  ultraderechista  Cardenal Rouco a las organizaciones católicas obreras por denunciar la contrarreforma laboral. Las manifestaciones sindicales del 19 de febrero han producido en este sentido una inflexión clara. Rajoy en la conferencia de prensa con Monti en Italia -donde intentaba construir un frente europeo a favor de la amortiguación y ralentización del ajuste que ha quedado en una mera carta a Barroso- afirmaba: «Estoy convencido que no va a haber tensión social. No tengo temor, si las medidas son percibidas como justas y equitativas» (El  País, 25-2-2012). O De Guindos a Ben Bernanke: «la población ha asumido con alivio las medidas, en comparación con la inseguridad de la gestión del anterior gobierno, y cuentan con un amplio respaldo político» (El País, 25-2-2012). La búsqueda del santo grial son ahora «medidas que favorezcan el crecimiento sin pasar por el gasto público» en plena recesión.

Entre la estrategia de ajuste europea y los efectos sociales de la crisis

Conocido el déficit público real el 25 de febrero, el  8,51%, el segundo golpe del ajuste fiscal, anunciado por el consejo de ministros el 2 de marzo con Rajoy asistiendo al Consejo Europeo, más que una hábil maniobra de justificación para el consumo interno ha sido una apuesta de mal menor. A pesar de todas las declaraciones realizadas para «dar garantías y seguridad a los mercados» del cumplimiento del objetivo del 4,4% de déficit fijado por Bruselas, el «hacer todo lo posible» se convirtió en un techo de gasto de 118.000 millones de euros, que implica un déficit para el 2012 del 5,8%, es decir un 1,4% superior al previsto.

Tras las fuertes presiones del Presidente de la Comisión europea, Barroso, y del Comisario de Economía, Rehn, rechazando cualquier ralentización de los objetivos, Rajoy se limitó a decir que no se había discutido el tema en el Consejo, dando a entender que se enterarían de la decisión de su Gobierno por la prensa. Que no estaba obligado hasta abril a presentar su plan de ajuste para el 2012 y que el Consejo europeo no tomaría la decisión definitiva hasta junio.

La apuesta de Rajoy implica un enfrentamiento sin muchos aliados con Merckel. A favor de esta apuesta espera contar con el incumplimiento de muchos de los países de la eurozona y, paradójicamente, con la posible victoria del candidato socialista en Francia, Hollande, que ha anunciado su oposición a la actual política de «Merckozy». Pero por el momento, a pesar de la carta firmada por 12  primeros ministros a Barroso, Merckel es capaz de seguir imponiendo su disciplina germánica al conjunto de las instituciones comunitarias, sellada en el Tratado de Estabilidad Presupuestaria, que exige no solo la constitucionalización nacional de un máximo de déficit estructural del 0,5%, sino que crea un mecanismo de control ex ante de los presupuestos de los estados miembros por parte de la Comisión y un consejo fiscal europeo, supuestamente independiente, para hacer el seguimiento del mismo. Del Consejo europeo del 30 de enero al del 2 de marzo, Rajoy ha dejado de ser el socio fiable del ajuste europeo que iba a recuperar el papel central de la España de Aznar en el proceso de toma de decisiones comunitario. Una evolución del principismo al posibilismo neoliberal.

Este giro estratégico operado en dos meses debe contrapesarse con el alcance interno de las medidas presupuestarias adoptadas por el reciente Consejo de Ministros. Porque el segundo ajuste adicional de 15.000 millones implica una caída de la demanda interna del 4,6%, 630.000 parados más (24,3%), una reducción del gasto público del 11,5% y confirmar la contracción del PIB del -1,7% adelantada por el FMI. Es más, no hay ninguna garantía de que estas previsiones alcancen su objetivo, por los efectos multiplicadores negativos de la recesión y que en junio, si no gana la apuesta Rajoy de un cambio en la orientación económica impuesta por Merckel, no se vea obligado a una rectificación conun ajuste adicional de otros 25.000 millones de euros en 2013.

Los informes de la Fundación FOESSA para Caritas sobre la pobreza en España [9] son cada vez más alarmantes en relación con los efectos sociales de la crisis. La tasa de pobreza supera el 21,8%, aumentando en cinco puntos desde 2007, cuando la media de la UE es del 16% y la francesa del 13%. Sólo Rumania y Letonia tienen cifras superiores. Las ejecuciones judiciales por impago de hipotecas se han multiplicado por cuatro desde 2007 y han alcanzado ya la cifra de 100.000 en 2010. Un 30% de la población declara llegar mal a fin de mes y reducir sus gastos en comida y calefacción.

Este es el contexto que explica la preocupación del PP por la erosión de la crisis en su base social de casi 11 millones de votantes. El éxito o fracaso de su política de ajuste neoliberal tiene muy poco margen de tiempo para demostrar su eficacia y crear empleo a pesar de la estabilidad política de cuatro años que le asegura en principio su mayoría absoluta. ¿Cuanto tiempo tarda la inestabilidad social en convertirse en inestabilidad política y transformarse en una crisis del marco constitucional del estado de las autonomías cuando estas no puedan sostener el gasto social al que les obligan sus competencias en materia educativa, sanitaria o de dependencia?

Además de la pérdida del estatus de «clase media» sostenido en el gasto social, el PP se enfrenta al dilema de la financiación de las autonomías y de la legitimación de estas a través del gasto social como alternativa al soberanismo republicano en Cataluña o Euskal Herria. La segunda ola de reformas estatutarias, con todas las tensiones que ha conllevado, se desmorona ahora con la imposibilidad de aplicar los mecanismos de financiación previstos. Los 4.000 millones acordados y no transferidos a Cataluña, Islas Baleares, Castilla y León y sobre todo Andalucía, no solo no serán satisfechos, sino que a los recortes brutales ya iniciados siguiendo el camino de Madrid, Castilla-La Mancha y Cataluña se añade ahora la exigencia de un techo de déficit máximo del 1,5%, con una reducción del 50% en un solo año.

Primero ha quebrado Valencia, al que el Gobierno Rajoy tuvo que avalar en 123 millones de euros. Pero finalmente, la tensión con los gobiernos autonómicos del propio PP solo se ha podido encauzar con la promesa de que «el Gobierno se hace responsable de que ninguna administración que cumpla (la política de ajuste) tenga problemas de liquidez».

La respuesta de la izquierda social y la «oposición útil» del PSOE

La rearticulación de la izquierda social es otro de los aspectos más importantes de estos dos meses, como consecuencia de la polarización social que crean los planes de ajuste neoliberales. Inicialmente se ha expresado en el voto de castigo al PSOE y la resignación a un ajuste aun más duro del Gobierno Rajoy. Pero ante los primeros efectos sociales de las nuevas medidas de ajuste, la vuelta a la calle de los movimientos sociales no se ha hecho esperar. La «marea verde» de la enseñanza pública madrileña sigue manteniendo un pulso ya largo en defensa de 15.000 profesores contratados. Los funcionarios públicos de Cataluña han encabezado las movilizaciones contra los recortes el 20 y el 28 de enero, tras la huelga de los médicos del Catsalut y antes de la de los transportes metropolitanos de Barcelona. El 7 de febrero la marcha a favor de los presos políticos vascos volvió a ocupar Bilbao y las manifestaciones del 25 de febrero contra la reforma laboral en Euskadi. Y a partir de la jornada de manifestaciones sindicales del 19 de febrero se han sumado en oleadas un renacido movimiento estudiantil y universitario, la respuesta masiva contra la represión policial en Valencia, en una cadena  in crescendo que debe confluir el 29 de marzo en una huelga general, convocada inicialmente por los sindicatos nacionalistas en Galicia y Euskal Herria y posteriormente también por CCOO y UGT, tras una nueva jornada de protesta el 11 de marzo.

Por eso, a pesar de que Rajoy pontifique de que la Huelga General «no sirve para nada», la realidad es que esta reactivación de la izquierda social y su convocatoria en la misma fecha por todas las centrales sindicales ha obligado al gobierno de la derecha a modular progresivamente su discurso sobre los objetivos del ajuste exigido por la UE. De entrada, la izquierda social ya ha logrado un margen de 1,5% en el plan de ajuste, que significa miles de puestos de trabajo.

En esta situación nada sería más útil que el PSOE, aun en su limitado papel de alternancia previsible en el actual régimen, colaborase a deslegitimar no solo la contrarreforma laboral, sino el conjunto de las políticas de ajuste neoliberales de la derecha de las que es solo una pata. Porque la actual orientación de «oposición útil» de Rubalcaba es ridícula. Choca con el sentido común de la izquierda social y de una mayoría de la población que comprende perfectamente lo que esta en juego en esta confrontación de intereses sociales. Repugna a una razón económica mínimamente crítica, a la que le sobran argumentos para desentrañar la lógica del capital en esta merienda de intereses transferidos a la banca privada desde el BCE, que esta capitalizando el sector financiero europeo con dinero público [10].

No deja de ser irónico que la melancólica obsesión rubalcavista por recuperar a unas «clases medias» que cada día le dan más la espalda, a juzgar por las encuestas, sea también ella prisionera de una polarización social de la que intenta escapar. Cuando la derecha conservadora le acusa de alentar las movilizaciones, comparándole en el colmo de los dislates ¡con Largo Caballero!, lo que expresa en realidad es su miedo a que el desprestigiado PSOE se vea obligado a un giro a la izquierda, por muy leve que sea, para intentar recuperar a su base social y ello haga posible la movilización del conjunto de las clases trabajadoras. Lo que la derecha teme es el espectro de la Alianza Obrera de los años 30. Para ello es imprescindible una ruptura con la orientación económica de un zapaterismo que, lejos de haber salvado al Reino de España de la «intervención» como pretende Ramón Cotarelo, simplemente le ha abierto las puertas a la troika europea que hoy se pasea por Atenas, Lisboa y Dublín.

La reconstrucción política de la izquierda, el desarrollo de una alternativa que no sea el callejón sin salida de una mera alternancia en la aplicación de los planes de ajuste neoliberal depende hoy ante todo de una resistencia social firme, sin medias tintas, unitaria, a las contrarreformas del Gobierno del Partido Popular. Por eso es tan importante que tenga éxito la huelga general del 29 de marzo.

 

NOTAS
(1) José Ignacio Wert, Los españoles ante el cambio, FAES, pág. 126, http://www.fundacionfaes.org/record_file/filename/3249/LOS_ESPA_OLES_ANTE_EL_CAMBIO_web.pdf
(2) Barómetro del CIS de enero, http://datos.cis.es/pdf/Es2672mar_A.pdf
(3) Informe sobre los recortes sanitarios de las comunidades autónomas, FASP, http://www.fadsp.org/pdf/INFORME%20SOBRE%20LOS%20RECORTES.2.2012.doc
(4) FUNCAS, el servicio de estudio de las Cajas de Ahorro había estimado en el mes de noviembre una caída del PIB en el último trimestre del -0,5%, un paro del 22,5% y un déficit público del 7,5%. Ver «El difícil camino de la consolidación fiscal», Ángel Laborda  y María Jesús Fernández, CIE n 225, http://www.funcas.es/Indicadores/Indicadores.aspx?Id=1.
(5) http://economia.elpais.com/economia/2012/01/24/actualidad/1327393974_850215.html. La estructura del paro, cuando ya se han superado el 5,3 millones de desempleados es significativa a comienzos de esta segunda Gran Recesión, iniciada en el ultimo trimestre de 2011. La construcción supone el 55%, sumando 295.000 despedidos al 1,2 millones acumulados entre 2007 y 2010. La industria ha perdido en otoño del 2011 55.000 empleos y los servicios 305.700. Con una reducción en 53.400 personas en la población activa (23 millones), el 50% de los parados lo son desde hace mas de un año y 1,5 millones de hogares no tienen entre sus miembros a ningún trabajador contratado. Por otra parte, territorialmente la línea del río Tajo divide en dos al Reino de España: las cifras por encima de la misma son inferiores al 20%, mientras que en el sur, alcanzan hasta el 28%.
(6) http://www.youtube.com/watch?v=bC9b6MEbV3E&feature=youtube_gdata_player
(7) http://elpais.com/diario/2012/01/27/economia/1327618801_850215.html
(8) No conviene olvidar que una parte importante de las diferencias de status y consumo entre las llamadas «clases medias», los trabajadores de convenio, precarios y distintos niveles de pobreza, son resultado de una gestión redistributiva via fiscal de las rentas de trabajo en el «estado del bienestar». Ver Anwar Shaikh, Who pays for the «welfare» in the Welfare State? A multicountry study. http://homepage.newschool.edu/~AShaikh/welfare_state.pdf
(9) http://www.caritas.es/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?Id=5534
(10) El ejemplo más importante es Bankia. El banco surgido de Caja Madrid, dirigido por Rodrigo Rato, es el principal financiador de la deuda pública de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid, además del grupo PRISA, cuya deuda global se acerca a los 20.000 millones de euros. Bankia ha sido el principal beneficiario en toda la UE del «maná» de Draghi: 15.000 millones de euros en la subasta de diciembre de 2011 y 25.000 millones en la de febrero del 2012. El BBVA ocuparía el quinto puesto de este ranquing con 22.000 millones de euros. «Draghi`s cash tonic makes banks smile», Financial Times, 2-3-2012.