Fernando Moreno Bernal – ATTAC Cádiz

La patronal reivindica constantemente la rebaja de las cotizaciones sociales y una nueva reforma laboral para eliminar la dualidad del mercado laboral, producto de sus reivindicaciones en los últimos veinte años, y los economistas más cercanos a las tesis liberales tratan de demostrar que las cotizaciones sociales son un factor negativo para el empleo y, en general, para la actividad económica y que es imprescindible una nueva reforma laboral.

Lo que necesita la economía española es crear condiciones que incentiven un uso diferente de los recursos, y entre ellos el del trabajo, que no esté dirigido solo a ahorrarse costes sino a ganar mercados de otra forma, a ser más productivos y a obtener beneficios sin tener que empobrecer a los propietarios de esos recursos productivos. Sobre todo, cuando la retribución de uno de ellos, el factor trabajo, es a la postre la que garantiza que se pueda vender una gran parte de lo que se produce.

Como no se hace se sigue hablando en España de las cotizaciones sociales y el empleo como un impuesto sobre el trabajo que pagan las empresas, como un simple coste que hay que reducir para que la forma actual de competir que predomina en las empresas españolas salga adelante.

Y ahí aparece otro de los juegos de manos que utilizan quienes defienden estas posiciones: como en España las cotizaciones son muy elevadas y nuestro IVA está aún por debajo de la media europea, lo que debemos hacer es reducir las cotizaciones y subir si acaso un poco el IVA, para que así no se resientan del todo los ingresos del estado.

Las cotizaciones sociales no son un impuesto: ¡son salario! No un salario directo como el que a final de mes reciben los trabajadores pero sí una renta que les proporciona ingresos diferidos (cuando se destinan a financiar las pensiones) o indirectos (si financian la sanidad, el desempleo, etc.)

Cuando la patronal reclama reducir las cotizaciones sociales pide reducir los salarios de los trabajadores para obtener más beneficios. Y cuando solicita subir el IVA para compensar la pérdida de ingresos públicos, lo que se está proponiendo es, primero, que los trabajadores ganen menos y, segundo, que además sean ellos en su gran mayoría los que asuman la compensación en los ingresos a través del impuesto indirecto vinculado al consumo que realizan. Que ganen doblemente menos.

¿Creemos que lo que hoy conviene a la economía española es que los trabajadores ganen menos y los propietarios del capital más?

La patronal debería hablar claro y tratar de convencernos de que lo mejor es que el modo en que ha crecido nuestra economía siga así siempre y, por supuesto, que nos demuestre que eso es posible sin producir daños ambientales irreversibles, conflictos sociales e incluso la quiebra de millones de pequeñas y medianas empresas que lo que en realidad necesitan es demanda efectiva que no puede venir, en su mayor proporción, más que de salarios directos, indirectos y diferidos suficientes.

La CEOE, que no todo el empresariado español, está haciendo un ejercicio de irresponsabilidad histórica al actuar con tanta falta de ética por el interés general. Limitarse a tratar de ahorrarse salarios mediante la reducción de las cotizaciones sociales y aumentar su poder arbitrario sobre sus empleados/as no es solamente algo que perjudique a estos. Es una estrategia suicida para la inmensa mayoría de las empresas, y están defendiendo una demanda que debilita a la seguridad social.

La CEOE no solo se pone enfrente de los sindicatos, o del gobierno como quieren hacer creer. Se está situando enfrente de las pequeñas y medianas empresas y de las empresas de economía social, y de toda la sociedad manteniendo una postura radical que lo único que busca es aumentar los privilegios de los más ricos para ganar más y para quitarse de encima los impuestos que contribuyen al sostenimiento de la sociedad, una estrategia que en ningún otro país ha dado resultados que no sean los de empobrecer a todos y frenar la modernización de la economía.

¿Ha llegado el momento de firmar un acuerdo de diálogo social sin la CEOE? ¿Ha llegado el momento de firmar un acuerdo institucional con la economía social de ámbito español similar al firmado en Andalucía?