Eduardo Garzón – Consejo Científico de ATTAC.

El pasado 31 de agosto el Gobierno central acordó con las comunidades autónomas unos límites de déficit fiscal asimétricos para 2013. Así, mientras la Comunidad de Madrid, por ejemplo, no puede superar un déficit de 1,07%, Andalucía dispone de un margen más amplio al situarse su límite en el 1,58%. Este hecho, que ha disgustado a las comunidades con límites de déficit más bajos como Madrid o Asturias, ha querido venderse como una victoria para nuestra comunidad. Sin embargo, si nos paramos a reflexionar sobre el asunto nos percataremos de que en realidad no hay nada que celebrar.

Que el Gobierno central permita a algunas comunidades como la andaluza reducir el déficit fiscal de forma más lenta y menos agresiva no quiere decir que sea una buena noticia. Es cierto que reducir el déficit así es mejor que hacerlo deprisa y corriendo, pero es que en cualquiera de los dos casos estamos hablando de llevar a cabo recortes en el gasto público y/o aumentos de impuestos. Y conociendo las limitaciones fiscales de las comunidades autónomas, los recortes se realizarán fundamentalmente en las partidas de educación y sanidad públicas, mientras que los aumentos de impuestos afectarán especialmente a las capas de la población más desfavorecidas. Reducir el déficit, ya sea a un ritmo rápido o lento, no es otra cosa que implementar políticas que empobrecen a la ciudadanía.

El debate por lo tanto no debería estar en la velocidad a la que se reduce el déficit en Andalucía (y por lo tanto a la que se realizan políticas de austeridad), sino en si hay que reducir el déficit o no hacerlo. Y ese debate debería estar ya más que zanjado por cualquier economista o analista que busque lo mejor para la población en general y no sólo para los intereses de los agentes financieros y de los grandes grupos económicos. No nos podemos cansar de repetirlo:esforzarse por reducir el déficit fiscal (autonómico o estatal) con políticas de austeridad es contraproducente para la economía y para la sociedad. Cuantos más recortes de gasto público se hagan, y cuantas más subidas de impuestos no progresivos se materialicen, mayor daño sufrirá la actividad económica y por lo tanto menor recaudará la administración pública, con el resultado de que el déficit ni siquiera se reduciría de forma efectiva.

Es por esto que cualquier gobierno autonómico que no quiera tirarse piedras a su propio tejado, y que no quiera seguir empobreciendo a la mayoría de sus ciudadanos debería cambiar bruscamente de rumbo. Aceptar las imposiciones del Gobierno central en relación con la reducción del déficit fiscal no es más que hacerle el trabajo sucio. Lo que debería hacer un gobierno autonómico que de verdad le importe el bienestar de su población es diseñar unos presupuestos acordes con las necesidades reales de todos los ciudadanos sin atender a ninguna limitación fiscal. Si después de hacerlo los gastos son superiores a los ingresos, pues allá el gobierno central que es quien verdaderamente tiene las herramientas para combatir decisivamente el déficit (especialmente a través de la lucha contra el fraude fiscal, de una reforma impositiva, y de programas de estímulo económico). Mirándolo desde una perspectiva adecuada, se trata incluso de una medida de presión.

La economía es el medio que tenemos para poder vivir dignamente, y no el fin al que nuestro bienestar ha de supeditarse. Hoy día el gobierno central puede solucionar el problema del déficit fiscal y de la mala situación económica mediante diversos mecanismos que no pasan por empobrecer a la mayoría de la población como ocurre con las políticas de austeridad. Mientras no lo haga y siga empecinado en recorrer esa senda hacia el desastre, cualquier gobierno autonómico está perfectamente legitimado a oponerse y no ejecutar esas medidas de empobrecimiento colectivo.

Hacen falta importantes dosis de rebeldía. Cuando un gobierno autonómico consiente estos límites de déficit fiscal está al mismo tiempo aceptando que no existen alternativas a las políticas de austeridad. Y hacerlo supone un grandísimo error, porque está ampliamente demostrado que hay alternativas y que son perfectamente factibles.

Es cierto, lograr que el Gobierno central reconozca estas alternativas y las lleve a cabo no es una aventura fácil; pero la insumisión desde algunas comunidades autónomas no sólo sería una forma de proteger los derechos económicos y sociales de una buena parte de los ciudadanos (que no es poco), sino también una forma muy efectiva de ejercer presión sobre el Gobierno central a la hora de reconducirlo hacia una gestión económica más social y humana.

Artículo publicado en Andaluces Diario

Follow