Pedro Vaquero – ATTAC Granada.

¿Reformar las pensiones? La gente ya no se cree los eufemismos con que otrora los políticos del bipartidismo neoliberal engañaban a los ciudadanos. En el contexto de una estrategia política que utiliza la crisis financiera creada por los excesos del capitalismo globalizado como coartada para ir desmontando el bienestar conquistado por los trabajadores y los derechos democráticos extendidos a toda la ciudadanía en general, hoy nadie ignora que cuando desde el gobierno se nos presenta una “reforma” de las pensiones, no es para mejorarlas (que falta haría), sino para recortarlas.

El cinismo de nuestros gobernantes llega al colmo cuando se nos quiere hacer tragar que los recortes son necesarios para sostener el sistema de pensiones públicas. Nada más lejos de la realidad. El principio de la sostenibilidad es un truco de trilero que conviene desenmascarar:

1º Si se rebaja la cuantía de las pensiones hasta tal punto que una buena parte de la población trabajadora y sus familias no tendrán en sus contingencias sobrevenidas en el futuro. -la vejez o la enfermedad entre otras- una renta pública que supla el nivel salarial de una legalmente prolongada etapa de actividad laboral como la que por ley se requiere para cobrar el 100% de la prestación (jubilación, invalidez, etc.), lo que se está haciendo es, como afirma José Luis Monereo, desnaturalizando el sistema público de pensiones que preveía el modelo de Seguridad Social previsto en nuestra Constitución: “derecho a una pensión digna”, “deber de los poderes públicos de garantizar y mantener un sistema público de pensiones” para ello. No se recortan solo las pensiones: se burla la Constitución, se convierte el sistema público de pensiones en una especie de “caridad pública” que lo único que garantiza es un mínimo de asistencia pecuniaria que no cubrirá ni los gastos más elementales de supervivencia.

2º Entonces los trabajadores que puedan, pagarán con parte de su salario mientras trabajan, una cuota a un fondo de pensiones para garantizarse individual o colectivamente (planes de empresa u otros), pero de forma privada, un complemento que proporcione en el futuro infortunio una pensión algo más digna que la que garantiza el sistema público. Ese es el auténtico objetivo de la “reforma” de las pensiones públicas: remercantilizar, devolver al mercado financiero (bancos y aseguradoras privadas), las pensiones públicas, que suponen un suculento bocado del PIB al que la voracidad depredadora del capital no quiere seguir renunciando. Es un negocio demasiado rentable para renunciar a él.

3º Se argumenta la imposibilidad de mantener un presunto agujero o déficit de la Seguridad Social, derivado de la diferencia entre los ingresos (en cuarto menguante debido a la parálisis del modelo productivo y al paro creciente) y los gastos (en cuarto creciente por el llamado “efecto sustitución”, pues los nuevos pensionistas vienen con unas bases reguladoras más cuantiosas por haber tenido en activo salarios más grandes que los pensionistas fallecidos o rehabilitados para el mercado laboral); además, el factor demográfico establece que cada vez son menos los trabajadores que deben sostener las pensiones de cada vez más pensionistas, y sobre todo en la próxima década en que se incorporarán a la jubilación los hijos nacidos con el baby boom de la época del desarrollismo franquista. Hasta el jefe del Gabinete Técnico de CC.OO. ha picado con este argumento.

El análisis demográfico no debe alimentar la falacia de la insostenibilidad del sistema: ya lo desmontó Jesús Albarracín cuando los bancos predicaban en 1994 un caos financiero de la Seguridad Social para el 2004 todo lo más, que no se produjo, pues como previó nuestro llorado compañero, el mercado iba a necesitar incorporar a los inmigrantes y a las mujeres de forma masiva tal, que el modelo de reparto del sistema de Seguridad Social público iba a tener superávits como los que, en efecto, ha tenido hasta 2011 inclusive. La tesis es bien sencilla: la sostenibilidad del sistema no depende del recorte de la cuantía de las pensiones, sino de la salud que tenga el mercado de trabajo, y la capacidad y vigor de nuestro modelo productivo. Esa es la madre del cordero.

También Viçens Navarro desmonta con acierto esta agorera predicción: si prevemos que el coste total de las pensiones va a darle bocados al PIB de forma que del 10’1% que nos cuestan hoy, en 2030 puedan costarnos un 10’4% (así lo afirma Edmundo Fayanas), lo que tenemos que prever es un incremento de la productividad que compense este aumento; pero es que además, se supone que una economía sana debe seguir en la senda del crecimiento, de tal forma que si nos gastamos ese 10’4%, también el 89’6% restante habrá crecido en términos absolutos, de tal forma que pueda seguir cubriendo con creces los demás gastos públicos del Estado, incluso con mejoras considerables en otros ámbitos de la adecuación del modelo social y productivo a las nuevas realidades del futuro. Así ha venido sucediendo a lo largo de este siglo de existencia del sistema público de pensiones en una economía desarrollada como la nuestra.

Tenemos margen. Italia gasta un 15’3% de su PIB en pensiones, Francia un 14’6%, y Finlandia un 12%%. Aún estamos dos puntos y pico por debajo de la media de la UE. Pero es que además tenemos un Fondo de Reserva de 63.400 millones de euros, que pueden cubrir el déficit de al menos 5 años más (en 2012 el gobierno echó mano de unos 10.000 millones). ¿Para qué es si no ese fondo previsto en el Pacto de Toledo? ¿O es que piensan que España va a seguir en recesión económica más allá de 2019? Que lo digan. Que el gobierno de Rajoy se atreva a decirnos que es incapaz de idear (o de acometer) un plan para sacarnos de esta crisis en que nos ha metido la codicia del capitalismo financiero. Que dimita y que pase otro que sí sepa cómo cambiar el modelo productivo, crear empleo y negarse a los recortes que nos impone la oligarquía político-financiera de la troika, la UE, los grandes bancos y las multinacionales.

4º La Ley de 1997 que desarrolla el Pacto de Toledo prevé que en caso de insuficiencia financiera de la Seguridad Social para pagar las pensiones, la Hacienda del Estado podrá realizar las aportaciones que se acuerden “para atenciones especiales o resulten precisas por exigencia de la coyuntura” (art.86.1.a). Lógico. Dependerá de la voluntad política del gobierno. Si es una prioridad, lo hará, es legal desde que el primer gobierno de Aznar así lo legisló. De recortar, que recorten subvenciones a la Iglesia, al Ejército o al Rey y su familia, pero no a las pensiones, ¿no?

5º Menos se traga la ciudadanía esa burda coartada del informe de “los expertos”. De todos es sabido que esos informes suelen contener las conclusiones dictadas por quien los encarga. “Al menos ocho de ellos están a las órdenes de las entidades a las que sirven” (FAES, BBVA, Fedea, 2 de la CECA, Unespa, DVK, Caser, VidaCaixa…), ha dicho Cayo Lara, con razón.

La crisis en general es una gran estafa. Pero los recortes de las pensiones presentes y futuras en concreto nos muestran la cara más insensible y dura del capitalismo salvaje. Contra este atropello a la sensibilidad y a la razón, todo bien nacido debe responder con la movilización y la protesta, en la calle y en las instituciones. Sea del color político que sea.

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