Carmen Esbrí – ATTAC Madrid.

Ha llegado el turno de la liberalización al mundo profesional; sólo se trata de eso. La Unión Europea (UE), que se generó con ansias de liderazgo y contrapeso para intelectuales y ciudadanos de este continente, ha sido una excusa para desarrollar y difundir un único modelo económico, un único pensamiento, originario de Estados Unidos, con una misión desregularizadora implacable a partir de su cuadragésimo presidente, Ronald Reagan; dicha misión tuvo eco en Europa con la voz de Margaret Thatcher. Fue así como el modelo neoliberal superó las barreras anglosajonas y llegó a la cuna de Occidente. Europa se empapó de las políticas de esa UE y defraudó tanto a defensores a ultranza como a aquellos tachados de escépticos. El único objetivo de esta UE, empapada de ideología de unos pocos bien posicionados, ha sido el beneficio de los capitales carentes de control que han visto superadas sus expectativas de crecimiento a base de formas inmorales de especulación financiera; mientras, se mermaban progresivamente los derechos y libertades de las personas.

Orígenes de una liberalización

Los que éramos escépticos, no éramos detractores de este nuevo orden continental, sino precursores de una deriva dirigida desde el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Central Europeo al que se sumaban los dictados de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en manos de los especuladores; una deriva que estamos pagando con lágrimas. Había que apoyar al viejo continente con patrañas y falso progreso productivo, era la única forma de que un 1 % de la población mundial conquistara territorios y poblaciones hasta su colonización en un nuevo modelo esclavista que, a estas alturas de la Humanidad, a los convencidos de las lecciones que nos ha dejado la Historia no nos parecían deseables.

Hace escasamente dos meses el Ministro de Economía y Competitividad, Luis De Guindos, anunció que antes de finales de año presentaría un nuevo proyecto de Ley de Servicios Profesionales, colofón a lo que había habido antes. Profesionales de distintos colegios habían manifestado en años anteriores su rechazo a la Ley 25/2009 y al Real Decreto 1000/2010 que suponía una grave agresión contra los mismos: la primera, procuraba adaptaciones para hacer posible el libre acceso a las actividades de servicios; el segundo, actuaba sobre el visado colegial obligatorio. A pesar de todo, muchos de aquellos compañeros aún se felicitaban porque no se había llegado a aquello que De Guindos ha anunciado, el paso fatídico para la redacción de la Ley de Servicios Profesionales. Con dicha ley se abre paso a la liberalización total de las profesiones y a la supresión de la colegiación obligatoria para la mayoría. Esa liberalización sigue los dictados del mercado, sus antojos, sus vicios y sus desmanes; todo ello ha dado lugar a la tremenda crisis que estamos viviendo, fruto de un sistema cancerígeno que ha primado la «economía de casino» sobre la cimentada en la producción real; la que cambió nuestra sencilla industria por una economía saturada de construcción y servicios. Su ley es la de la selva, y no tiene otras normas que las de aquellos que anulan valores y derechos humanos, primando el beneficio de unos pocos que siguen ganando, sin contribuir fiscalmente como les corresponde.

Directiva Bolkestein y desregulación

Dentro de esta lucha de poder, otras víctimas seremos nosotros agrupados en nuestros colegios profesionales, organizaciones de lejano recorrido histórico que hunden sus raíces en el Medioevo. Nacieron de entes gremiales —defensores de colectivos profesionales— en una función social pionera y con una actuación pública evidente, mientras velaban por el buen cumplimiento de sus estatutos y combatían lo ilícito, funciones éstas que los colegios profesionales recogieron también en una decidida defensa del bien común y del buen hacer de sus colegiados.

Regulados mediante la Ley 2/1974 de los Colegios Profesionales, logramos superar, tras muchos años, los envites liberales que pugnaban por su desaparición. Para los liberales, y ahora para los neoliberales a los que pertenece el ministro De Guindos, el Estado es sinónimo de control pues no quieren que éste les frene en sus ilimitadas ansias. La libertad que pregonaban los liberales, y que ahora secundan los neoliberales, sumisos a una Alemania también imperialista, es la excusa para hacer suyo el juego de todos. Para convencernos de su modelo, conciben argumentos, leyes y decretos que consolidan, sobre todo, sus intereses.

La denominada Directiva Bolkestein (2006), de la que han ido surgiendo unas y otras leyes que nos afectan como ciudadanos y ahora como profesionales, tomando como excusa la estimulación de empleo y el crecimiento económico, ha definido la supuesta necesidad de eliminar todas la barreras para la libre circulación de servicios. Se marcó con ella un antes y un después en el modelo europeo de corte occidental; se abrió la caja de los truenos para permitir el baile de sillas de los más poderosos. La Troika está urdiendo la que se ha venido a nombrar «Tercera Guerra Mundial» a base de armas económicas y financieras, y con el acecho permanente de una deuda ilegitima.

Lo que se pretende con esta falsa y deslegitimada política es la puesta en marcha de un programa que implica barra libre a la competitividad y eliminación de controles imprescindibles y consensuados por largo tiempo, así como evidente deterioro en la tutela de una ética alojada, para nuestro caso, en los colegios profesionales, más allá de la de los propios colegiados. Un programa que, con la excusa de la globalización, ha permeabilizado a poblaciones de los cinco continentes en un nuevo tipo de imperialismo, más sutil y limpio que los precedentes, pero mucho más dañino al pervertir el lenguaje y dotarlo de falsos significados para hacerlo creíble, poniéndolo así al servicio de unas finanzas legales sí, pero inmorales.

La función de los colegios profesionales, en riesgo

Debe recordarse que la función de los colegios profesionales no es sólo la de velar por los intereses de sus colegiados, sino la de velar por los de la ciudadanía. Su papel tiene un carácter público que suma fortalezas a la sociedad en su conjunto. Los colegios profesionales arbitran disensos, impiden la competencia desleal y el intrusismo profesional; ellos son los que han de participar en el mantenimiento de una sociedad ordenada en las que las profesiones armonicen funciones y cubran necesidades desde sus aportaciones expertas hasta alcanzar el equilibrio social. Pero, por ser públicos es por lo que no interesan: demasiados testigos para realizar tantos desórdenes. Es por esto que no se ha contado con ellos, incluyéndolos en la solución. Se les ha ofendido con la indiferencia.

En razón a todo lo anterior, como profesional, como colegiada, como perito y como Coordinadora del Observatorio de Servicios Públicos de Attac Madrid, opino que es hora de la responsabilidad y del rigor que implica señalar la realidad de lo que se está pretendiendo. Es hora de criticar, desde el conocimiento profesional, serio y objetivo, que lo que está pasando es un sinsentido. No tenemos porqué asentir ante el ministro de Economía y Competitividad, ni ante los dictados de unos entes a los que no hemos elegido. No podemos seguir creyéndonos que el país necesita de esfuerzos, que los ciudadanos hemos de pagar nuestros excesos o que los profesionales somos poco productivos y eficientes y que, para colmo, requerimos —nosotros y el país— medidas correctoras, para que los más competitivos lo pongan en el fraudulento ranking de los G7/8, 20…. o cuarenta y cinco. Porque lo que pretenden es que tanto los profesionales, así como otros trabajadores, nos resignemos a ser sometidos por sus poderes hasta devaluar nuestros salarios, denigrar nuestros conocimientos y destrozar nuestra inteligencia y dignidad. Incluso pretenden anular nuestro «leal saber y entender» cuando en unos juzgados, también destrozados por su sistema, tengamos que actuar como peritos.

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