Julio Rodríguez López – Consejo Científico de ATTAC.

El último viernes de abril de 2013 el gobierno de España aprobó en Consejo de Ministros y después presentó el documento correspondiente a una versión actualizada del “Programa de Estabilidad 2013-2016”, junto a otra edición del “Programa Nacional de Reformas”.

De dichos documentos se deduce la continuidad de los recortes del gasto público en 2013-14, recortes que tendrán menos intensidad que las correspondientes al anterior programa de estabilidad, que se aprobó en el verano de 2012. El ejercicio de 2013 va a ser, según el nuevo programa, un periodo de claro retroceso de la actividad y del empleo, a la vez que se apunta una débil recuperación para 2014.

Tras el déficit del 10,6% del PIB del conjunto de las administraciones públicas registrado en 2012, según el gobierno, en 2013 dicho déficit seria del 6,3% del PIB, frente al 4,5% antes previsto. Tal evolución implica recortes de gasto público menos acusados que los antes previstos, pero recortes al fin y al cabo. La Comisión de la UE y el Eurogrupo han “permitido”, pues, que hasta 2016 no se sitúe el déficit público de España por debajo del objetivo tantas veces anunciado del 3% del PIB.

En 2012 el PIB de la economía española retrocedió en un -1,4%. La actividad productiva ha descendido en España, pues, durante seis trimestres consecutivos, a la vista de la previsión negativa de crecimiento publicada por el Banco de España y por el INE para el primer trimestre de 2013. La debilidad de la demanda interna es el elemento determinante de una evolución tan prostrada de la economía española,.

Dentro de dicha evolución del gasto destacó en 2012 la intensa caída de la construcción (-11,5%) y el significativo retroceso del consumo privado (-2,2%). La consecuencia más negativa de la caída de la actividad, a la que no ha logrado hasta ahora revivir de forma significativa la aportación positiva del sector exterior (descienden las importaciones y crecen de forma moderada las exportaciones), es el descenso intenso del empleo y el consiguiente aumento del paro.

Según la Encuesta de Población Activa del INE, en el primer trimestre de 2013 la disminución del número de ocupados fue de 798.500, equivalente a un descenso relativo del -4,6%. El aumento interanual del desempleo fue algo más moderado, 563.200, puesto que en un año han salido del mercado de trabajo 235.400 personas. Esa evolución dice bastante respecto de las previsiones de creación de empleos por parte de la población.

Los resultados del primer trimestre de la EPA confirman la dura realidad de un descenso de 3,8 millones de puestos de trabajo entre el primer trimestre de 2008 y el mismo periodo de 2013. El 43% de los empleos perdidos según dicha fuente lo han sido en el sector de la construcción, cuyo nivel de empleo en 2013 está casi un 61% por debajo del correspondiente a 2008.

Al inicio de la crisis había en España 51,1 ocupados sobre la población de 16 y más años, mientras que en el primer trimestre de 2013 dicha proporción era solo del 43,5%. En 2008 la tasa de desempleo era solo del 10,2%, mientras que dicha tasa ha subido hasta el 27,2% en el primer trimestre de 2013. Las políticas de recorte del gasto público iniciadas en 2010 y de reforma del mercado de trabajo de 2012 no han conducido precisamente a una recuperación del empleo.

La economía española avanza ahora por un camino que la lleva más a la depresión que hacía otra cosa. La mejora del déficit exterior aparece más como una consecuencia de la debilidad de la demanda que de una expansión de las exportaciones. Como antes se indicó, los recortes del gasto público (prestaciones sociales e inversión pública, sobre todo), junto a las “reformas”, de las que la del mercado de trabajo es la más destacada, son los componentes básicos de la política económica actual.

El FMI ha puesto de manifiesto que el efecto multiplicador de los recortes supera a la unidad. La política de reducción del déficit puede conducir a mayores descensos de la actividad productiva que lo previsto en principio. Los descubrimientos de “la hoja de Excel” han revelado que una deuda pública elevada no ocasiona necesariamente más desempleo. No hay una ley de hierro que establezca que el crecimiento se colapse si la deuda pública supera el 90% del PIB (Martin Wolf, “Austerity loses un article of faith”, FT, 24 de abril de 2013).

Los aumentos del déficit público y de la deuda en España desde el inicio de la crisis han sido consecuencia del débil crecimiento y de la propia crisis financiera, y no al revés, como en ocasiones se llega a decir y escribir. El soporte aportado a la recuperación desde la política económica de España ha sido muy débil.

El tipo de recortes efectuados en España por el gobierno, donde se han disminuido abruptamente las inversiones públicas y en I+D, a la vez que han subido los impuestos y hasta se ha realizado una amnistía fiscal en tiempos de crisis, junto a la ausencia de políticas de estimulo al crecimiento a largo plazo, explican la postrada situación de la economía española conforme avanza 2013, el sexto año de la crisis.

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