¿Intervención o recortes?

recortesEnrique Rubín — ATTAC Andalucía.

La falta de valentía política del Gobierno de coalición PSOE-IU en Andalucía es evidente. Ciertamente, la amenaza de intervención está ahí. No cabe esperar otra cosa del Gobierno del PP que quiere poner énfasis en las reformas que está aprobando con su mayoría absoluta y, a veces, con apoyo del PSOE y otros socios parlamentarios.

Ahora bien, hay que decir que para que haya intervención, se tienen que dar una serie de condiciones preliminares, una serie de fases y condiciones, una serie de planes y medidas y preventivas y una serie de planes y medidas correctivas. Después, transcurrido un cierto periodo de tiempo, si la Comunidad Autónoma no aportara datos que prevean unas cifras de déficit aceptables, el Gobierno del Estado podría imponer planes y medidas coercitivas, es decir, la intervención por parte del Estado.1

¿Qué significa intervenir las cuentas de una Comunidad Autónoma?

Tal como lo están planteando, aquí no distingo ni siglas ni personas, pareciera que se trata de una medida que se toma hoy y mañana mismo tenemos aquí al PP con su caballería y su artillería pesada. De un artículo de Javier Pérez Royo sobre este tema destacaré únicamente la parte técnica-constitucional:

“El procedimiento (constitucional) de la intervención prevé varios pasos:
1º) Requerimiento por el Gobierno al presidente de la comunidad autónoma para que cese en el incumplimiento de la Constitución o de la ley o en la actividad que atenta gravemente contra el interés general de España.
2º) en caso de no ser atendido, se podrá acordar la intervención con la mayoría absoluta del Senado.
[…] El Gobierno tiene que identificar primero en qué consiste el incumplimiento constitucional o legislativo o el atentado grave al interés general de España, tiene que requerir después al o los presidentes de las comunidades para que rectifiquen en los términos en que se indica en el requerimiento y, caso de no ver atendido el requerimiento, convocar al Senado para que por mayoría absoluta autorice la intervención. A continuación, tendría que imponer su voluntad en las Administraciones de las comunidades autónomas intervenidas.”2

El Primer Consejo de Gobierno es de recortes

Ciertamente se trataría de una situación muy difícil y muy tensa con el Gobierno del PP, al que habría que demostrar que hay otras alternativas para hacer funcionar y reactivar económicamente la comunidad autónoma y llegar al déficit requerido con ningún o mínimos recortes. Hasta octubre próximo por lo menos no se hubiera dado cierta tensión política de consideración.

La situación de tensión se unirá a las medidas económicas, que tendrían efectos muy positivos en Andalucía, en la clase trabajadora, en las pymes, en el empleo y en las clases más desfavorecidas. Como hemos podido comprobar, ni siquiera ha habido ninguna tensión política destacable entre Montoro y Aguayo. Ya en mayo de 2010, ZP demostró carecer de coraje político contra el neoliberalismo y se doblegó a la aplicación de las recetas que jamás funcionaron en ningún país del mundo.

Montoro ha comprobado que la orientación de los presupuestos está en consonancia con la que marca el Ministerio, la UE y el FMI (etc.). Más adelante, lo que podemos esperar es que Andalucía consiga exactamente lo mismo que han logrado otros países y regiones con estas recetas: más y más recesión. Nos impondrán más de lo mismo y con más dureza, es decir, más despidos en el sector público (que ya se están produciendo desde hace bastante tiempo), más recortes salariales, recortes en la sanidad y en la educación, más fondos para la banca, privatizaciones, etc. Económicamente hablando, no puede decirse que se trate de contribución al bien común.

El sueldo de los empleados públicos

Ante la opción de hacer o no política, el recortar otra vez el sueldo de los empleados públicos es además una medida populista. Aun hay quien piensa en los privilegios que tienen los trabajadores de este sector. Se dice que no afectará al sueldo base y sí a las pagas complementarias. Esto prueba que hay quienes no conocen bien el sistema de retribuciones en la Junta de Andalucía porque es muy distinto el que se aplica a quienes trabajan en la administración general, educación y sanidad, o el que se aplica a quienes están integrados en la denominada administración instrumental.

Los primeros tienen la parte más importante de sus retribuciones precisamente en los complementos, que se consiguen, como el acceso al puesto trabajo, compitiendo en oposiciones y concursos y después de muchos años de estudio y esfuerzos. En cambio, quienes trabajan en las fundaciones, consorcios, observatorios, agencias, etc. tienen complementos pequeños y sus sueldos base son, en comparación con puestos iguales o semejantes, bastante más elevados (cuando no escandalosos en los puestos de dirección).

Por tanto, el mayor esfuerzo económico se exige a aquellos empleados públicos que más esfuerzos hicieron para obtener y promocionarse en su empleo.

“Enchufadores” y tribunales de justicia

No voy a caer en el error de señalar e insultar a quienes trabajan en la administración instrumental y llamarles enchufados a todos. Porque seguramente, como en la administración general de la Junta, habrá de todo. Mejor voy a señalar el lado contrario, a quienes usando de mala manera su poder, omitiendo los principios constitucionales y eludiendo la aplicación de la ley en cuanto al acceso a esos trabajos públicos, regalaron () puestos de trabajo que debían ser objeto de oferta pública de empleo.

Señalaré a quienes propiciaron la creación de una ingente administración paralela que les sirviese mejor y sin obstáculos legales los intereses partidistas y personales de los gobiernos socialistas, sin tanta objeción o “pegas” legales como ponen los funcionarios para cualquier cosa, sobre todo cuando se trata de cuestiones de dinero público, seguridad, medio ambiente, etc.

Voy a señalar el caso de los ERE como caso típico de rechazar, de huir de cualquier tipo de control por parte de los funcionarios legalmente competentes y que al presidente actual, que era Consejero de Economía en aquella época, le afecta directamente, al menos, en lo referente a sus responsabilidades políticas.

Señalaré a los tribunales de justicia, que están revocando, uno por uno, todos los mal llamados acuerdos de integración del personal “digital” (relativo al dedo) en entidades públicas. Y por último, señalaré que es necesario, mejor dicho, es imprescindible, encontrar soluciones para estos trabajadores y soluciones a la chapuza de reordenación de la administración andaluza.

Son, como vemos, varias las oportunidades que se evitan para implantar la transparencia y la participación de la que tantas y tantas veces hablan.

NOTAS:
(1) http://www.teinteresa.es/dinero/significa-intervenir-Comunidad-Autonoma_0_694132621.html
(2) http://elcomentario.tv/reggio/la-amenaza-de-intervencion-de-javier-perez-royo-en-el-pais/28/04/2012/




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