Rosa Mª Artal – Comité de Apoyo a ATTAC.

Se cumple un año del aciago día en el que Mariano Rajoy empezó a gobernar. Desde entonces todo nos va peor a los ciudadanos, mucho peor. Pero tampoco las cifras macroeconómicas –las únicas que les importan- mejoran. Por el contrario, van en caída libre. Este año se salda con un suspenso, que nos va a hacer perder… la carrera. En sucesivos ejercicios de no operarse un cambio.

Un vistazo general a los incumplimientos del PP, nos lo da estupendamente -como es habitual-, Nacho Escolar. Ningún ser humano decente tendría valor para encima echar culpas fuera y seguir mintiendo con promesas de soluciones que no están avaladas por los datos. Todo lo contrario. El camino que predicen los hechos es ahondar en el despeñe.

Y la estafa continúa. Cada día añade grados. Ahora han decidido “garantizar hasta el 80% de los ingresos de las autopistas de peaje”, ésas a las que dieron paso, sin planes de viabilidad, en su anterior mandato. Es a costa de nuestra salud, nuestra educación, nuestro presente y futuro. Y, mientras -por ejemplo, que los atropellos son diarios y varios-, han situado a las Universidades españolas entre las más caras de Europa… con uno de los sueldos más bajos.

En estos días de balances y paños calientes para que no nos desanimemos del todo, el Tribunal Constitucional nos ha brindado un respiro. No solo eso, un punto de apoyo para demoler toda esta mole y mugre que nos aprisiona. Le ha dado un fuerte varapalo al gobierno del PP que impugnó la decisión del ejecutivo vasco –presidido por Patxi López- de no negar la sanidad pública a los inmigrantes. Dice así, entre otras cosas:

Todos los poderes públicos deben “garantizar a todos los ciudadanos el derecho a la protección de la salud”. El argumento del ahorro, en el que se basó el Gobierno para limitar la atención sanitaria, no puede prevalecer sobre el interés general de preservar la salud. La “conveniencia de evitar riesgos para el conjunto de la sociedad”, y la importancia de mantener el derecho a la salud y a la integridad física de las personas no pueden verse desvirtuadas “por la mera consideración de un eventual ahorro económico” que ni siquiera se ha concretado.

Sí, es el punto de partida. Hay que promover una gran demanda que revise la constitucionalidad de buena parte de los decretos y leyes puestos en marcha por el PP y que afectan a materias fundamentales. Ver qué resquicio legal hay también para exigir responsabilidad por incumplir de principio a fin el programa, es decir, el compromiso con el que se presentaron a los ciudadanos. Existen abogados preparados y batalladores. Existe una Justicia que despierta.

Sería un precedente mundial: echar a un gobierno por demanda ante los tribunales. Por una “moción de censura ciudadana”. Muchas veces fuimos pioneros, hay que poner en marcha esta acción. A mí me parece viable ¿Algún letrado en la sala?

Artículo publicado en El Diario

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