¿Ha llegado la hora de los ciudadanos?

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lavozdelsur 15/07/2014

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Manuel Herrero, presidente de Attac Jerez

En unos pocos años, la sociedad española ha pasado de la apatía, de la falta de reacción ante los continuos y profundos ataques a sus derechos o ante los continuos escándalos de sus representantes políticos, a la toma de las calles con manifestaciones masivas, acampadas permanentes o acciones de presión desconocidas como los escraches o el rodeo de las instituciones.
Pero la acción que de seguro más ha removido los cimientos de este sistema que ahonda en la injusticia y la desigualdad y que a cada minuto recorta más y más los derechos humanos básicos y la propia democracia ha sido el cambio de voto. Los poderes tradicionales, tranquilos hasta ahora con los partidos que han venido alternándose en el poder y pactando para perpetuar éste sistema han visto en peligro su propia pervivencia y eso ha hecho saltar todas sus alarmas, pero a la vez ha abierto ventanas a la esperanza de quienes queremos un mundo más justo y democrático.
Las consecuencias de ese vuelco electoral no se han hecho esperar, por parte de los grandes poderes una reacción furibunda y grosera de sus medios de comunicación y de las instituciones que controlan, y por parte de la ciudadanía la toma de conciencia de que se podían cambiar las cosas, de que su trabajo, sus movilizaciones, su activismo no eran estériles, que había un horizonte posible de alcanzar.
Pero ese movimiento, ese cambio de sistema que se pretende es algo más que un simple cambio de personas, de políticos, debe ser un cambio de filosofía, un cambio en el sistema electoral, en la gestión y en la participación y control de la política, un cambio radical.
Lo primero que hay que cambiar es la filosofía del sistema, la columna vertebral del sistema debe ser “el pueblo español”, el ciudadano, en él reside no sólo la soberanía, sino la propiedad del Estado y a él, a su felicidad, deben tender las actuaciones de cualquier componente de ese estado.
Pero para hacer al ciudadano protagonista, hay que modificar muchas cosas que han demostrado su ineficacia y su tendencia a monopolizar el poder en un determinado grupo de personas inmutables.
Una de las cosas esenciales que hay que cambiar es el concepto de participación, los ciudadanos no pueden ser meros “clientes”, votantes para un determinado proceso y momento y que inmediatamente después no cuente para nada más.
Hay que articular medidas para que desde la nominación de los candidatos hasta su elección definitiva el protagonista principal sea el ciudadano, sin interferencias ni controles, por tanto no son suficientes unas elecciones primarias donde los candidatos los eligen los aparatos de los partidos o surgen de una parte de su militancia.
Hay que articular medidas para que los representantes no entiendan su elección como una prebenda blindada, los ciudadanos deben tener el poder de revocar la representación a quienes no respondan a las expectativas que se pusieron en él. Hay que dotar a la ciudadanía de mayores mecanismos de participación, desde los consejos sectoriales o territoriales con poder decisorio a las consultas populares o iniciativas ciudadanas vinculantes. Todos los órganos representativos, plenos, comisiones informativas, deben ser públicos y deben permitir la intervención de ciudadanos y sus organizaciones.
También hay que cambiar el concepto de político, el político no puede ser un ciudadano con privilegios por encima de las personas que representa, es lógico que tenga un sueldo digno y que las actividades que realiza para mejorar la vida de sus conciudadanos no mermen su situación económica y social, pero el ser representante no puede suponer ni una posibilidad de enriquecimiento personal ni una oportunidad de mejora para amigos y familiares.
Otro de los conceptos que hay que cambiar es el de que la administración que se gobierna es un coto privado de los representantes, hay que asentar el pensamiento de que esa institución es propiedad de los ciudadanos, por tanto hay que aplicar un radical rigor legal y una total transparencia en su gestión, ni una coma de cualquier acto de la administración puede ocultarse a los ciudadanos.
Y el último y quizás el más esencial es que el representante no debe pretender ser nombrado a cualquier precio, no puede renunciar a unas líneas esenciales de pensamiento, como son el respeto a los derechos humanos, o la búsqueda de una justicia social favoreciendo a los más necesitados frente a los poderes establecidos, con un rumbo claro, la defensa de lo público frente a la comercialización privada.
Estas son para mí las premisas mínimas a exigir a cualquier movimiento actual que pretenda cambiar el modelo tradicional para hacer más democrática y participativa nuestra sociedad y creo que ha llegado el momento inaplazable, en que es preciso que surjan en nuestra sociedad más cercana, personas y asociaciones que cumpliendo esas condiciones tomen la responsabilidad de auspiciar un nuevo ciclo político que por fin esté centrado en el ciudadano y no en el beneficio de grupos financieros incontrolados por la soberania popular.
En ese camino y con esas condiciones estoy seguro que muchos nos encontraríamos, saliendo de ese estado de inanición y apatía en que nos ha metido la mala forma de hacer de quienes creíamos nuestros genuinos representantes.




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