Marcos Roitman Rosenmann – Consejo Científico de ATTAC.

El triunfo de Hugo Chávez Frías en las elecciones presidenciales de 1998 no dejó a nadie indiferente. Su irrupción en la política venezolana, a ojos de la sociedad internacional y buena parte de la clase política criolla, respondía a la imagen de un “militar golpista”. La derecha lo catalogó como un off-sider, personaje caricaturesco que no merecía atención. Su victoria, para los dos grandes partidos que controlaban la vida política del país, COPEI (cristiano-demócrata) y Acción Democrática (social-demócrata), fue una sorpresa. Y para la izquierda tradicional, era un batiburrillo liderado por un exteniente coronel. Su acceso democrático al poder ejecutivo destapó el frasco de las esencias de quienes vieron amenazado el orden de la IV República. Tildado de  “populista”, más adelante “caudillo” y “dictador”, la oposición ha tratado, incluidos el magnicidio y la técnica del golpe de Estado, de acabar con Hugo Chávez y el proyecto emancipador que representa.

La Revolución Bolivariana genera odios, resentimientos y desafección. Odio entre la vieja clase política, las elites dominantes y los grandes empresarios, acostumbrados a mandar sin contrapesos; resentimiento y desafección entre quienes buscaban un cambio de “manual” afincado en la ideología de la globalización y se quedaron en el camino.  En este contexto se dieron los primeros pasos de un proyecto democrático. Las decisiones fueron valientes. Políticas sociales, inversiones públicas, redistribución de la riqueza, nacionalizaciones, reforma agraria, acceso a la vivienda, salud, educación. En esta vorágine de cambios, la estructura social y de poder tradicionales se vio afectada, removiendo los cimientos de una sociedad piramidal y excluyente.

La mejora en las condiciones de vida de las clases populares requería  un nuevo marco constitucional, ese fue el primer escollo que franquear. El desarrollo de la alternativa  tuvo que vencer ­temores, convocar una Asamblea Constituyente y plebiscitar el proyecto democrático. El 15 de diciembre de 1999, por primera vez en la historia política del país, sería aprobada, en referéndum, con un 71,78% de votos afirmativos, una nueva Constitución. Y lo hacía marcando diferencias con su predecesora, vigente desde 1961 y aprobada sólo por el Parlamento, sin pasar por la prueba democrática de un refrendo popular.

Fue el primer triunfo de la revolución en marcha. 1999 marcó el comienzo de nuevas prioridades. La derecha, anclada en el pasado, tardará en salir de su asombro y reconocer el nuevo marco jurídico, renunciando durante casi un lustro a participar en los comicios electorales. Su rechazo a la Carta Magna se expresó durante el frustrado golpe de Estado de 2002, dejándola en barbecho.

El ADN de la Constitución se fundamenta en la articulación de una ciudadanía plena, cuyos valores se encuentran en la democracia participativa. Este enunciado diferencia la propuesta de otros órdenes políticos existentes en la región. “La búsqueda de la igualdad social como objetivo explícito es una de las diferencias que tiene la actual democracia venezolana con otras democracias de la región, y es uno de los sentidos que se le puede dar al término “Revolución” con que se auto-identifica esta experiencia. Es así como la Constitución de 1999, establece en su artículo II, los principios fundamentales de la república: ‘Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.

La configuración de un poder fundado en la participación de las clases populares destinado a favorecer la solución de los problemas básicos que enfrenta la sociedad venezolana supone el diseño de políticas públicas orientadas a disminuir la desigualdad social e impulsar el desarrollo de una cultura democrática e incluyente. Con este marco se han creado las “misiones”, herramienta fundamental para resolver la carencia de una administración de los recursos públicos y definir proyectos tendentes a la inclusión, la transformación económica y social. Asimismo, el control de los recursos naturales y energéticos, como el petróleo, han permitido tener los fondos necesarios para llevar a cabo las políticas redistributivas. A lo que debe sumarse, en política exterior, el carácter antiimperialista y emancipador que hunde sus raíces en el pensamiento de los Libertadores.

La Revolución Bolivariana marcha a contracorriente. En América Latina y el mundo, tiene enemigos que insisten en acallar su voz y minimizar sus logros tachándolos de “populismo”, sin diferenciar lo popular-nacional, la construcción de un sujeto político autónomo, de lo que configura el populismo, un discurso obrerista, que renegocia la dependencia y cuyo liderazgo está en manos de las burguesías criollas y no cambia las desiguales estructuras sociales y de poder. Piénsese en Berlusconi, Aznar, Putin, Calderón, Uribe, Piñera, etc.

Las políticas implantadas en Venezuela son populares no “populistas”, no son beneficencia, ni calla bocas, ni buscan comprar votos. Es una acción tendiente a erradicar la miseria, devolver la dignidad a un pueblo y hacerlo partícipe de su destino. Los datos sobre desigualdad, pobreza y marginalidad social lo demuestran. Durante el periodo 1999-2010, la inversión social acumulada se sitúa en 330 mil millones de dólares (20% del PIB), mientras que, en la década de 1988-1998, sólo alcanzó el 8% del PIB. Según el Banco Mundial, la pobreza disminuyó del 70% en 1996 al 23,9 en 2009 y la pobreza extrema se redujo de un 40% a un 5,9%. El índice de Gini, para medir la desigualdad, se redujo en un punto, situándose en 0,4068, el más bajo de toda América Latina. La ­tasa de desempleo no supera el 6,2% y el salario mínimo pasó de 185 dólares en 1998 a 462 dólares en 2010. En 1998 los beneficiarios del sistema de pensiones eran 387.000 personas, hoy suman 1.916.618 personas, con una pensión homologada al salario mínimo, inexistente hasta la revolución. Igualmente el crédito a microempresarios y sectores populares ha tenido un gran impulso. En 2011, la banca pública aumentó en un 50% sus fondos de préstamos, pasando de 40.200 millones de bolívares a 60.346 millones. En salud, en 2011 se realizaron 113 obras de nueva construcción, cuatro hospitales, nueve maternidades y se incrementó en un 21,1% el número de camas. Por otro lado, la Misión Milagro, programa conjunto cubano-venezolano, cuyo lema “una visión solidaria del mundo”, desde 2004, opera a población de bajos ­recursos en patologías oculares de córnea, ­cataratas, glaucomas, oftalmología pediátrica y oncológica y ha devuelto la visión a un total acumulado de 1.413.708 personas de casi todos los países latinoamericanos.

Venezuela tiene hoy una deuda externa saneada y sus reservas mundiales acumuladas se han duplicado en diez años, siendo de 30.000 millones de dólares aproximadamente. Pero sus logros se volatilizan en medio de una propaganda espuria que oculta la realidad y presenta un país sumido en la violencia, el caos y la represión. Su control sobre los medios de comunicación es abrumador. De 111 estaciones televisivas, 61 son privadas, 13 públicas y 37 comunitarias con alcance limitado. En las emisoras de radio AM, el 87% pertenecen al sector privado, el 3% a comunitarias y el 10% son públicas. Y en FM el 57% son privadas, el 31% comunitarias y la minoría es pública. Y en la prensa escrita un 80% está en manos de la oposición. Pero la imagen es la contraria.

Sin embargo, hoy, la derecha venezolana a regañadientes reconoce la Constitución, participa en las elecciones, pide referéndum y se auto-define como “moderada”. Su candidato en las elecciones presidenciales del 7 de octubre, Henrique Capriles, declama no desconocer los logros de la revolución en materia de derechos políticos, sociales, económicos y culturales, y se presenta como “progresista”. En este escenario se juega el futuro de Venezuela. Pero no olvidemos que Capriles, entre los suyos, tiene un proyecto desmovilizador, que busca romper los avances democráticos, impulsando un proyecto neoliberal acorde con los intereses de las oligarquías y el capital transnacional.

Artículo publicado en Le Monde Diplomatique

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