Jose A. García – ATTAC País Valencià

El Consejo Europeo está compuesto por los jefes de Estado o de gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea y se encarga básicamente de formular las grandes orientaciones políticas que deberán seguir las instituciones europeas. De su reciente sesión celebrada los días 18 y 19 de junio en Bruselas han destacado dos temas estrella: el establecimiento de un nuevo marco de supervisión financiera y el impulso definitivo al Tratado de Lisboa.

Empezando por el segundo tema, podemos recordar que el Tratado de Lisboa fue ya rechazado en referéndum por la ciudadanía irlandesa el 12 de junio de 2008. Este rechazo sumió por segunda vez consecutiva a la Unión Europea en una crisis institucional que pronto se apresuraron a solucionar algunos “super-políticos” como Sarkozy, quien declaró que el referéndum irlandés se debería de repetir. El mensaje era que no podía consentirse que la legítima voluntad de unos pocos ciudadanos expresada en referéndum estropeara el grandioso proceso de construcción europeo.

Un año después ha llegado la inevitable noticia: Irlanda repetirá en octubre de 2009 el referéndum sobre el Tratado de Lisboa. A cambio, el Consejo Europeo se ha comprometido a dotar a Irlanda de algunas garantías adicionales en materias como la fiscalidad, la neutralidad militar o el aborto. La fórmula que se ha acordado para añadir estas nuevas garantías al Tratado ha sido la temida fórmula de incorporarlas en un protocolo anexo. Temida fórmula porque lo declarado en un protocolo tiene exactamente el mismo valor jurídico que lo contenido en el texto del Tratado y esto, según los primeros informes jurídicos debería significar un segundo proceso de ratificación en los 25 Estados que ya han aprobado el Tratado, lo cual podía abrir “la caja de Pandora”, declaraban algunos dirigentes europeos.

Una más que discutible pirueta jurídica ha permitido al fin que las garantías para Irlanda puedan figurar en un protocolo al Tratado sin que se abra el temido segundo proceso de ratificación. Sin embargo, el temor que han mostrado los dirigentes europeos por abrir esa “caja de Pandora” no está justificado si atendemos a las circunstancias que envuelven la crisis sistémica en la que nos encontramos actualmente.

Como consecuencia de esta crisis parece existir un cierto consenso político respecto de la necesidad de un cierto control de los mercados financieros. Ahora parecemos saber todos lo insostenible de la completa desregulación que se ha implantado en el campo de las finanzas a partir de las políticas neoliberales. Este consenso se manifiesta en el primero de los temas estrella del Consejo Europeo que ha celebrado en Bruselas: las medidas de control del sector financiero. Pese a las reticencias del Reino Unido, se ha acordado la implantación de tres nuevas autoridades de supervisión de los agentes financieros, destinadas a velar por la estabilidad y la seguridad del sistema. Estas decisiones seguramente deban de valorarse de forma positiva, e incluso podríamos decir (siendo optimistas) que parece que se va abriendo paso una nueva era marcada por el fin del ilegítimo poder que han acumulado los especuladores.

No obstante pronto se diluyen estas flacas esperanzas que podríamos depositar en las orientaciones formuladas por el Consejo Europeo si volvemos a su segundo tema estrella: el Tratado de Lisboa. El artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la UE (que es uno de los dos grandes textos legales que el Tratado de Lisboa modifica) dice así: “quedan prohibidas todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países”. He ahí la gran contradicción del Consejo Europeo. ¿Cómo pretender controlar el sector financiero y prohibir al mismo tiempo que se restrinjan todas las restricciones a la libre circulación de capitales?

Si el control del que se está hablando no es más que mera retórica y se concibe como simples potestades de supervisión que no dotan de poder real de actuación a las instituciones públicas que se crearán, entonces se puede hablar al mismo tiempo de controlar las finanzas y de hacer entrar en vigor el Tratado de Lisboa. Por el contrario, si este control quiere ser realmente efectivo, los gobiernos de los Estados miembros no deberían temer abrir la “caja de Pandora” de las ratificaciones al Tratado, porque esta crisis lo ha dejado obsoleto. Antes de ver la luz de su vigencia, el Tratado necesita de algunos cambios.

En el momento en que el Tratado de Lisboa se acordó (durante el Consejo Europeo de los días 21 y 22 de junio de 2007) no se tuvieron en cuenta las necesidades regulatorias en torno a las cuales parece haber ahora consenso. Aunque ya por aquella fecha desde algunos sectores de la sociedad civil (entre ellos Attac) se estaban lanzando advertencias, a mediados de 2007 la situación económica todavía era de boyante crecimiento y desde las instancias oficiales aún no se preveía la inminente crisis financiera. El Tratado de Lisboa, por tanto, es un texto legal impregnado del aquel espíritu neoliberal de desregulación y de no intervención que parecen haber abandonado ya los dirigentes de la Unión Europea tanto en la retórica oficial como en la práctica (basta pensar en los múltiples rescates, e incluso nacionalizaciones de los bancos o en el ahora papel mojado Pacto de Estabilidad).

Por todo ello, en vez de considerar un nuevo proceso de ratificaciones como una amenaza, debería de considerarse más bien una oportunidad. Es cierto que el proceso de construcción europea ha costado incontables esfuerzos diplomáticos y también lo es que con el Tratado de Lisboa se producen algunos avances en ciertas materias, como el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Unión o el carácter vinculante que adquiere (si bien limitadamente) la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Pero también es cierto que la Constitución Europea en primer lugar y el Tratado de Lisboa después son dos buenos ejemplos de una Europa construida desde arriba, sin la suficiente participación de los ciudadanos e incluso en contra de su voluntad legítimamente manifestada en reiterados referéndums en Francia, Holanda y, por último, en Irlanda.

Si queremos ser coherentes con las nuevas necesidades de control financiero que la crisis ha desvelado y que todos los dirigentes políticos han parecido aceptar, es necesario reconocer entonces que el Tratado de Lisboa ha quedado desfasado al no permitir un adecuado control democrático de las finanzas. Ello debería dar lugar a que se tuviera la valentía de abrir una nueva etapa democrática en la Unión Europea. Porque las instituciones deben emanar del pueblo, es decir, deben construirse desde abajo, y no desde arriba como hasta ahora. Mientras esto no cambie, no debería extrañarnos que sólo un 43,07% de los europeos decida ejercer su derecho a votar en las elecciones al Parlamento Europeo.

Más info. sobre el Tratado de Lisboa:

– En Attac TV.
– Jornadas Críticas sobre el Tratado de Lisboa celebradas en la Universitat de València.

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