Juan Hdez. Vigueras – Consejo Científico de ATTAC España

¿Por qué las grandes multinacionales como Intel, Microsoft e incluso Ryanair han comprado el SI del segundo referéndum irlandés con videos, pósters y declaraciones corporativas? ¿Por qué Irlanda es uno de los países de la zona euro con una crisis económica más dura? ¿Por qué el gobierno irlandés tuvo que inyectar miles de millones de euros de dinero público para rescatar sus tres grandes bancos y hasta nacionalizar uno para salvarlo de la quiebra? ¿Por qué nos quieren convencer de que los irlandeses ven ahora en el Tratado de Lisboa su recuperación económica? ¿Por qué este Tratado va a reducir el creciente desempleo en Irlanda (12 %) y nadie prevé tal cosa para España, que lo ratificó? Son algunos de las interrogantes que deberían contestar nuestros analistas políticos ortodoxos.

Y mientras no nos saquen de esas dudas convendría que repasáramos algunos puntos clave del texto que han votado para buscar nuestras propias respuestas. Porque fuimos muchos los europeos que alabamos la convocatoria en 2001 de una Convención europea para la elaboración de un nuevo tratado europeo que dotara a la Unión de una estructura institucional más democrática y simplificara su complejo entramado jurídico e institucional que aleja a la UE de la comprensión de los ciudadanos.

Pero sucedió luego que, durante la conferencia intergubernamental posterior, unas negociaciones sin transparencia democrática y bajo la presión de los lobbies económicos que pueblan Bruselas, condujeron a la inclusión de la Parte III del conocido como Tratado- Constitución; que políticamente significaba la consolidación del acervo de políticas neoliberales coyunturales dentro de la base constitucional de la Unión, gracias a la refundición tecnocrática de los tratados anteriores. Y como afirmó el entonces primer ministro de Irlanda, un noventa por ciento de aquel non-nato Tratado-Constitución se convirtió en el nuevo Tratado firmado en diciembre de 2007 en Lisboa. Y nada indica que Irlanda vaya recuperar la prosperidad perdida con las innovaciones institucionales importantes que introduce, como son:

El nombramiento de un Presidente del Consejo europeo para un período de hasta los dos mandatos de dos años y medio, en lugar de la actual rotación semestral por países.

La unificación de los dos puestos actuales de Comisario para Asuntos Exteriores y de Alto Representante del Consejo para los mismos asuntos refundidos en “un nuevo ministro de asuntos exteriores en todo menos en el nombre”.

Y a partir de 2017 se aplicará un nuevo sistema de votación más simple que la fórmula actual introducida por el Tratado de Niza y que permitirá decisiones por una mayoría de votos en el Consejo de Ministros consistente en el 55 % de los Estados representados que supongan el 65 % de toda la población de la UE.

Porque este procedimiento de mayorías de población y de Estados se aplicará sobre unas cincuenta materias que actualmente se deciden por unanimidad como sucede con la inmigración, la justicia penal y la cooperación judicial y policial. Sin embargo se mantiene la regla de la unanimidad para los asuntos que precisamente han traído una recesión económica a Europa por una crisis financiera generada en Wall Street. Los lobbies financieros y el neoliberalismo gubernamental consiguieron que se sigan decidiendo por la regla de la unanimidad la fiscalidad europea, que genera la competencia entre los socios por las rebajas para el capital; junto con la prohibición de restricciones a los movimientos extracomunitarios de fondos, aunque vayan y vengan de notorios paraísos fiscales offshore como Suiza y Andorra.

Es decir, aunque tengamos procesos de decisión conjunta más racionales, el Tratado nuevo consolida la legislación europea vigente ahora inspirada por principios políticos neoliberales, que continuaran fundamentando la privación escalonada a los Estados miembros de competencias en materia económica sin que sean asumidas por una organización supraestatal democráticamente, controlada por los ciudadanos europeos. Con el consiguiente predominio del capital financiero globalizado como hemos documentado en el libro La Europa opaca de las finanzas; y que tiene su reflejo en el mantenimiento de la vinculación especial con los países y territorios del entorno europeo considerados como paraísos fiscales offshore, que sin ser miembros de la Unión se benefician del libre acceso a sus mercados. En otras palabras, consolida un gran mercado comunitario gobernado por un Estado mínimo que deja gran margen de acción para las fuerzas económicas y en particular para el poder de la banca. Por eso las multinacionales han hecho campaña por el SI en Irlanda.-

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