Fernando Moreno Bernal – ATTAC Cádiz.

“Un Gobierno debe ser juzgado en función de las capacidades de sus ciudadanos, y no de los índices de ingresos o del PIB”.
Amartya Sen – Nóbel de Economía 1998¹

En el momento previo a que se apruebe el Anteproyecto de Ley de unas nuevas bases del Régimen Local en España, donde se estará redefiniendo las funciones encomendadas a las Diputaciones Provinciales como uno de los temas que generan más debate, es conveniente realizar una reflexión sobre el camino andado por las Diputaciones Provinciales en la etapa democrática respondiendo a las demandas de su ciudadanía, donde nos encontramos y las demandas y tareas para el próximo futuro. Somos lo que hacemos, no lo que decimos ser. Como decía Manuel Zafra Víctor² en octubre de 2012 de la Provincia lo importante no es el nombre sino su función.

En este artículo me centraré en la función desempeñada por la Diputación Provincial de Cádiz, la que conozco desde dentro y en la que desempeño mi función desde febrero de 1982.

La década de los ochenta del siglo XX la Diputación Provincial de Cádiz fue sobre todo la Diputación de Alfonso Perales. El reto principal al que tuvo que enfrentarse fue la consolidación democrática de la Institución en el marco constitucional. No fue tarea fácil con la legislación local aún vigente del centralismo controlador del régimen franquista que fue sustituida progresivamente en 1985, 1986, 1987, 1988 y 1990. Tras el primer gobierno presidido por Gervasio Hernández (1979-1983) de transición desde la dictadura, es Alfonso quién desarrolla en la provincia la autonomía local, realiza las primeras inversiones en servicios públicos locales, carreteras provinciales, los diagnósticos sobre las carencias económicas y sociales de la provincia, pone las bases para el futuro industrial y turístico y marca los objetivos provinciales en un contexto de crisis económica, reestructuración industrial e incorporación de España a la Comunidad Económica Europea.

La década de los noventa del siglo pasado es fundamentalmente la Diputación de Rafael Román. Tras una legislatura de transición presidida por Jesús Ruiz (1991-1995) es Rafael Román quién afronta la necesaria e imprescindible vertebración de la provincia más comarcalizada de Andalucía. Las demandas de servicios de la ciudadanía del Campo de Gibraltar y Sierra exigían una respuesta institucional volcada en la mejora de las infraestructura, el empleo y el diálogo institucional, en un contexto de crecimiento económico continuado, presencia de los Fondos europeos y aparición de los primeros efectos de la globalización en la provincia.

La primera década del Siglo XXI la Diputación Provincial de Cádiz es la Diputación de Francisco González Cabañas, quién accede en 2003 y se prolonga hasta 2011. Su primera legislatura fue la de la igualdad, sociedad del conocimiento y del desarrollo sostenible. Por primera vez se crean las áreas de Igualdad, Sociedad de la información y Medio ambiente, así como la Agencia Provincial de la Energía; se elabora un Plan transversal de igualdad, Planes medioambientales y se realizan programas específicos de desarrollo de la sociedad de la información entre los Ayuntamientos de la provincia. Todo ello en un contexto de alto crecimiento económico basado fundamentalmente en un modelo de especulación inmobiliaria insostenible a medio y largo plazo, y en la culminación y puesta en funcionamiento de las infraestructuras en carreteras iniciadas en el periodo anterior.

En el comienzo de la segunda legislatura de Francisco González Cabañas los efectos de la globalización en la provincia eran manifiesto: la crisis de Delphi, la consolidación y crecimiento de la industria aeronáutica y Dragado Off Shore, las delegaciones comerciales andaluzas a China, Méjico y Marruecos así lo probaban. Los efectos y repercusiones de la crisis financiera sistémica que surge con las subprime en el verano de 2007, y manifiesta cada vez más virulencia a partir de septiembre de 2008 con la quiebra de Lehman Brotther, truecan las buenas perspectivas económicas para la legislatura. Esta crisis unida a los enfrentamientos internos del grupo político en el gobierno de esta Diputación Provincial, y la debilidad de su Presidente dentro del PSOE de Andalucía, transforman la legislatura en la de la crisis, la división y la frustración social.

En 2011 comienza la primera legislatura de José Loaiza del Partido Popular. En estos dos primeros años de ajustes presupuestarios se está a la espera de las nuevas bases del régimen local y de la redefinición del papel y funciones a desempeñar por las Diputaciones Provinciales. Inexorablemente esta será la legislatura de la reforma e implantación del nuevo modelo de Diputación Provincial que se regule en la nueva norma legal en la provincia.

En los últimos quince años los cambios han sido muy profundos y vertiginosos. El año 1997 es considerado el de la implantación masiva de Internet en el mundo. Los cambios producidos desde entonces son equivalentes a los producidos en todo el resto del Siglo XX.

Los cambios que se producirán en los próximos diez años serán aún mayores. Baste decir que habiéndose apenas desarrollado lo que se denomina “manual de instrucciones” del genoma humano ya ha puesto en cuestión el conocimiento que tenemos de nosotros mismos y del funcionamiento en general de los seres vivos. A medida que se viene desarrollando este “manual” cambia el paradigma del conocimiento que teníamos sobre la vida. Estamos, así mismo, obteniendo respuestas nuevas sobre el origen del universo, funcionamiento de la materia y materiales nuevos como el grafeno. Estos dos temas a su vez abren innumerables puertas a la investigación y a la innovación.

Las crisis financiera y de legitimidad de las instituciones financieras internacionales surgidas tras la Segunda Guerra Mundial ponen de manifiesto un mundo en profunda transformación, donde el factor económico fundamental ya no es el capital financiero sino el ser humano que vive en comunidad cooperando y coordinándose en torno al interés general y el bien común, el capital social, que requiere unas nuevas instituciones internacionales acordes con los nuevos valores de sostenibilidad, solidaridad, igualdad y libertad de nuestro tiempo. Las movilizaciones sociales masivas e inesperadas, incluso para sus convocantes, en el Magreb, España, Chile, EE UU, Turquía, Brasil, … ¡¡Y las que vendrán!! son síntomas del cambio sistémico y civilizatorio que toda la Humanidad vive ya. La actual generación que tiene entre 15 y 40 años hace frente inexorablemente a su destino: construir un nuevo mundo integrado, unido e inclusivo.

El marco legal en el que se mueve la Administración local española también vive una profunda transformación del modelo vigente desde la década de 1980. El Anteproyecto de Ley de Bases  de Régimen Local está preparado para su aprobación por el Consejo de Ministros y remisión al Congreso para su tramitación, para lo que se prepara el gran Pacto PP-PSOE para la Reforma de la Administración Pública española donde se incluye la local; Por otra parte, el Estatuto de Autonomía de Andalucía tiene un desarrollo legislativo propio de 2010 sobre el pacto local donde se estableció la financiación y papel de cada una de las entidades locales, que choca con los recientes cambios legislativos en la Constitución Española (Art. 135) en las Leyes Orgánicas 2 y 4, y en la propuesta de cambio en la legislación básica estatal. Así mismo, las demandas sociales manifestadas claramente en las encuestas a partir del 15M de mayor cercanía, participación y transparencia en la gestión de las Administraciones públicas exigen una renovación de las estructuras administrativas y una nueva forma de hacer y actuar de las Administraciones Locales, que ya se preveían pero que no se han desarrollado, entre otra por la legislación en el EBEP de 2007, y que caminan en sentido contrario a este Anteproyecto, pero de forma paralela a la demanda de los municipalistas de toda Europa de otra política europea con más descentralización, desarrollo local y de cercanía para salir de la crisis y más y mejor democracia aprobando por unanimidad con el voto de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) presidida por el Alcalde de Santander del PP, el 28 de septiembre de 2012 la denominada Declaración de Cádiz³ en el Consejo Europeo de Municipios y Regiones.

Estos cambios profundos, sea cual sea su sentido, marcaran un “nuevo tiempo” para el desarrollo de las Diputaciones Provinciales y Comunidades Autónomas. Estos cambios deberían estar volcados en mejorar las condiciones y calidad de vida de la ciudadanía. Un nuevo tiempo que exige fundamentalmente liderazgo político que movilice a la sociedad dando confianza con la visión de un futuro esperanzador a conquistar, a construir entre todos, del que hoy se carece y empuja a la ciudadanía a una profunda depresión.

El reto fundamental de la nueva legislatura es desarrollar al máximo las capacidades de la ciudadanía, desarrollar al máximo el capital humano y social anclándolo en los territorios.

La productividad de una provincia depende de la formación media de su ciudadanía, de la incorporación y difusión de las últimas herramientas tecnológicas y del establecimiento de un correcto sistema de investigación – innovación – desarrollo que coordine y haga cooperar a las universidades y centros de investigación con las Administraciones públicas y sector privado, en pos de los objetivos estratégicos que se hayan marcado conjuntamente, y en un contexto de cohesión y estabilidad institucional. Es decir, de su capital humano, su capital tecnológico y su capital social e institucional. La privatización de los servicios públicos locales no tiene nada de colaboración público-privada. No es más que un nuevo robo de bienes públicos y derechos con la excusa de una crisis financiera provocada y ampliada por ellos mismos.

Si la principal riqueza de las naciones en el nuevo tiempo en el que nos adentramos es su nivel de conocimiento, es este el que hay que potenciar. Políticas propias educativas y de promoción de la investigación, el desarrollo y la innovación; la interconexión y sinergias de las políticas de las diferentes Administraciones Públicas y de estas con la sociedad fortaleciendo los mecanismos de cooperación entre ellas; potenciación de la formación profesional y titulaciones medias; y, sobretodo, desarrollar entre la juventud la confianza en si misma y en su Poder de crear un mundo nuevo, de construir su propio futuro, de aprender haciendo.

El índice de éxito o fracaso vendrá dado por la participación, implicación y corresponsabilidad ciudadana en temas de interés general que se reflejarán en una mayor participación política en los procesos electorales, y en conectar con las demandas de la sociedad. Que esta se sienta oída por las Administraciones públicas y comparta el reto y el modelo de sociedad de futuro, pasa por transformar estas demandas sociales en un programa creíble con objetivos, plazos, recursos humanos y financieros.

La alta abstención electoral refleja la perdida de la esperanza de los electores en que los procesos políticos democráticos puedan influir en la configuración de la vida social y económica; de la perdida de poder real de las Administraciones ante la globalización y el poder real de las transnacionales.

Que la ciudadanía se sienta orgullosa de serlo, capaz y con confianza en si misma y en sus instituciones, constructora de su propio futuro económico, social y político en este nuevo tiempo que nace es, en mi humilde opinión, el reto fundamental de la actual legislatura en todas la Diputaciones Provinciales y Autonómicas.

NOTAS:
1. Sen, Amartya. El País 10/07/2007. Autor para la ONU del Índice de Desarrollo Humano (IDH) en 1993. Entrevista con motivo de la presentación de su último libro “Identidad y violencia” Katz Editores.
2. Zafra Victor, Manuel. “La provincia: lo importante no es el nombre, lo importante es la función” (I, II, III) Diario de Derecho Municipal IUSTEL, octubre 2012
3. Declaración de Cádiz. 25ª Asamblea General del Consejo Europeo de Municipios y Regiones. Cádiz 26 a 28 de septiembre 2012

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