Rosa Mª Artal – Comité de Apoyo a ATTAC.

Y ni aún eso, porque está lleno de alambradas el camino. Tras largas demoras y reiterados rechazos a modificar un ápice la ley hipotecaria española, el Gobierno ha aprobado un Decreto Ley sobre desahucios. Se aplica en casos muy concretos, y con numerosos requisitos, es decir, a colectivos en “extrema necesidad”… que en otros países europeos recibirían una renta social y un alojamiento a cargo del Estado. Ese Estado que en España siempre ha sido esquelético y que ahora, además, se está desmantelando.

Aquí, en el BOE, quiénes se pueden acoger.

Lo esencial es que, aún cumpliendo alguno de los supuestos, no se condona nada; simplemente se establece una moratoria de dos años en los que no serán arrojados de sus viviendas. Luego, a pagar.

La ley hipotecaria no se toca. De dación en pago, ni hablamos. Los desahuciados, seguirán endeudados con el banco una vez desalojados de su casa.

Tampoco varía la injusta doble tasación por la que un piso tiene un valor de compra y otro cuando se lo queda el banco. Éste sigue mandando y ganando.

Ninguna modificación en los intereses de demora, tampoco.

El decreto no es retroactivo, se aplica por tanto a las nuevas ejecuciones hipotecarias.

Aún así “Bruselas” se ha enfadado porque –tras facilitar un crédito al sistema bancario- dice que es la que manda. Y no vaya a ser que afecte un ápice al negocio de sus amados bancos. Tenemos una UE neoliberal para la que no hay elecciones hasta 2014.

En Europa, con datos aportados por la UE, se ha facilitado a los bancos 1,6 billones de euros y avales que alcanzarían a completar la cantidad de 3,7 billones. Y sucesivas líneas de crédito que facilita el BCE al 1%, para que ellos lo presten –incluso a los propios gobiernos- al 5 ó 6%, en cifras también bimillonarias.

En España, solo en el 2010, el sector financiero se llevó 87.497 millones de euros del dinero público: el 99,59% de todas las ayudas contra la crisis de ese año. Siguió en cifras similares los años siguientes, hasta 2012 cuando se precisa un rescate europeo de 100.000 millones de euros para ellos. Algunas de estas entidades ayudadas con dinero público, siguen ejecutando desalojos de la vivienda por impago de particulares.

Todo ello sin alegar “extrema necesidad”, tener un hijo o dos, discapacidad, o presentar declaración de bienes para demostrar que son pobres de solemnidad. Por la cara. Por mantener “el sistema”, dicen. El que propicia estas injusticias.

El Gobierno español también anuncia un programa de alquileres sociales. Merece la pena ver cómo lo describen. Copio textualmente:

“Adicionalmente, este real decreto-ley incluye un mandato al Gobierno para que emprenda inmediatamente las medidas necesarias para impulsar, con el sector financiero, la constitución de un fondo social de viviendas destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario. Este fondo debiera movilizar un amplio parque de viviendas, propiedad de las entidades de crédito, en beneficio de aquellas familias que solo pueden acceder a una vivienda en caso de que las rentas se ajusten a la escasez de sus ingresos”.

Follow