Enrique Rubín – ATTAC Sevilla.

El pasado 1 de septiembre, en un mitin en el Castillo de Sotomayor (Pontevedra), el presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, junto con Rajoy, ha arrancado la precampaña de las Elecciones gallegas del próximo 21 de octubre.

En la entrada, un millar de personas afectadas les esperaban reclamando pacíficamente soluciones para recuperar su dinero. De entrada recibieron una brutal carga policial. Vergüenza, repudio y condena a quien emitiera la orden de reprimir.

Hagamos ahora un inciso para ver qué son las participaciones preferentes: “Son un activo de renta fija o variable privada no acumulativa, condicionada, de carácter perpetuo pero amortizable anticipadamente, subordinado y carente de derechos políticos (Bellod Redondo)”. Sin duda se trata de productos financieros para expertos y son incomprensibles para la gente de a pie.

Feijóo dijo que «la inmensa mayoría de esa gente sabe que la mayoría de las preferentes se emitieron con un gobierno socialista en Madrid y con un des-gobernador del Banco de España en Madrid» (se refiere a Zapatero y M. A. Fernández Ordoñez).

Feijóo añade que su gobierno y el PP son la «única esperanza que tienen» y que harán «todo lo que tengamos que hacer y no descansar hasta tomar una decisión justa» que las entidades financieras cambien el dinero invertido en las preferentes «por otro producto financiero que garantice la totalidad de lo que invirtieron».

Pues bien, esta solución «justa», sería la primera que decidiera el Gobierno del PP contra el poder financiero en lo que llevamos de legislatura, en beneficio de quienes con sus ahorros compraron participaciones preferentes de los bancos sin recibir la información correcta y que se sienten víctimas de una enorme estafa.

¿Por qué decimos que sería la primera? Porque Rajoy y su Gobierno, obedeciendo a la UE, ya autorizó una quita del dinero de los pequeños ahorradores como condición previa para que estos pudieran recuperar parte de su inversión. Y, en el mitin, volviendo sobre la “herencia recibida” dijo que su Gobierno “no generó el problema” y que “la última reforma del sistema financiero garantiza que no volverá a suceder”. “A mí lo de las preferentes no me hubiera pasado”.

Elija ahora la opción que crea más conveniente: Rajoy es un ignorante, actúa con mala fe o es la costumbre de mentir una y otra vez.

Será bueno recordar, en primer lugar, que alguien que representa al PP en los órganos rectores de Novagalicia Banco y otras entidades pudo haber detectado alguna irregularidad, y segundo, que algunas personas afectadas compraron participaciones preferentes en 2003, cuando Rajoy era Vicepresidente del Gobierno de Aznar.

En el cuadro siguiente, obtenido con Estadísticas AIAF (Mercado de Renta Fija) puede verse que en 1998-1999 comienzan a emitirse las preferentes y en 2009 hay ya más de 13.500 millones de euros, cuando tras el boom inmobiliario, las entidades de crédito quedaron agotadas y precisaban una financiación que permaneciera estable.

Veamos ahora qué dice el BOE, si efectivamente alguno de los gobiernos del PP y si de alguno de sus Consejos de Ministros se deduce que son la “única esperanza que tienen” todos los afectados para recuperar el dinero.

En el Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero, establece un tratamiento excepcional de las participaciones preferentes y otros instrumentos en circulación. Publicado en el BOE del día siguiente, en la Disposición Transitoria Primera dice que “las entidades de crédito que tengan en circulación participaciones preferentes o instrumentos de deuda obligatoriamente convertibles en acciones” y que tengan que sanearse, podrán “diferir por un plazo no superior a doce meses el pago de la remuneración prevista” incluso si una vez saneadas “no dispongan de beneficios o reservas distribuibles suficientes o exista un déficit de recursos propios en la entidad de crédito emisora o dominante”.

Y sigue. “El pago de la remuneración así diferido solamente podrá efectuarse, transcurrido el plazo de diferimiento si se dispone de beneficios o reservas distribuibles suficientes y no existe un déficit de recursos propios en la entidad de crédito emisora o dominante.”

Aun hay más, para que no haya dudas de qué entidades tendrán que pagar, en el BOE de 12 de mayo de este año, se publica el Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, en su Disposición Transitoria Primera es de redacción idéntica a la que hemos indicado anteriormente. Así no hay discriminación entre entidades con problemas o dificultades.

Los entrecomillados son textuales. Leyéndolos nuevamente, si es necesario, y teniendo en cuenta que en su inmensa mayoría se trata de entidades que planean sanearse, será muy fácil para estas entidades evitar el pago de un solo euro a quienes tengan estas participaciones. Debe transcurrir un año desde que se apruebe el Plan de saneamiento de la entidad emisora de preferentes sin beneficios, sin reservas y sin déficit de recursos propios.

Y, por útimo, el día anterior del mitin en el Castillo de Sotomayor, se aprueba el Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito y se publica en el BOE el mismo día, denominándolas como “instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada” les proporciona, además de las que ya tienen por sus propias características, toda una serie de posibilidades a las entidades de crédito o financieras para no pagar, pagar mucho menos o no pagar nada a los pequeños ahorradores afectados por unas prácticas bancarias irregulares que infringen normas legales y que no ha tenido ni una sola actuación por parte de la autoridades públicas económicas que se encamine a su corrección y con las sanciones pertinentes, en todos estos años de crisis-estafas y de burbujas inmobiliaria, financiera y de la deuda.

Todo lo contrario, como vemos, repetidamente que se legisla para conseguir que las entidades que han ocasionado la terrible situación económica mundial, europea y española, manipulen sus balances y llenen los bolsillos de sus altas direcciones vaciando los de las personas ahorradoras, pequeños inversores y endeudando a toda la población.

De la “única esperanza que tienen” las personas afectadas, les llegan estas “soluciones justas”.

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