Qué hacer ante la crisis económica de las entidades locales en Andalucía

ayuntamientoVictoriano Suárez y Fernando Moreno – ATTAC Andalucía.

Dentro de los debates abiertos entre PSOE e IU en Andalucía para el próximo periodo legislativo el poder local, y la democracia participativa que surge en este ámbito cercano a la ciudadanía, tienen y deben tener un papel importante.

Somos conscientes del proceso de estigmatización de los ayuntamientos y del avance acelerado en la liquidación de la democracia local, como objetivo estratégico marcado por la derecha neoliberal española y europea.

Las últimas medidas adoptadas en relación con las deudas municipales lejos de una solución, son en realidad una trampa que pretende convertir al municipio en terreno propicio para la fragmentación de las víctimas de la crisis, confrontando pago de la deuda municipal a autónomos y proveedores con el mantenimiento del trabajo municipal asalariado.

Es cierto que los municipios han estado en el centro de la burbuja inmobiliaria y que la corrupción ha tenido en ellos sólidos fundamentos, pero hay que decir también que detrás de ellos (para lo malo) siempre han estado las comunidades autónomas y que han sido los parientes pobres de una organización del Estado que le han negado financiación y le ha hecho asumir funciones para las que no se habían dotado recursos.

Poner en pie una alternativa municipalista coherente, asegurar los cambios institucionales imprescindibles, defender los ayuntamientos como potentes dispositivos de participación democrática, de desarrollo económico y de calidad de vida de la ciudadanía ayudaría enormemente a encontrar una nueva relación entre las personas y la política. El marco local sigue siendo un escenario potente, para la democracia participativa y para impulsar poderes ciudadanos que puedan confrontarse con la dictadura de los mercados. La estrategia política para la actual legislatura en Andalucía diseñada por PSOE e IUCA debería tener en esta esfera un lugar privilegiado de acción política y de reconocimiento social. Los duros planes de ajustes, que afectan al empleo, a la subida de impuestos locales, a la privatización y al deterioro de los servicios, requieren de una acción unitaria política y sindical que contraponga un modelo de municipalismo basado en la eficiencia, en la prestación de calidad de los servicios públicos locales y en el desarrollo de políticas de empleo generadoras de rentas.

Las recientes medidas del Gobierno para el adelgazamiento de la Administración Local

Las recientes medidas adoptadas por el ejecutivo del Gobierno del PP tendente al pago de deudas con acreedores locales, a través del mecanismo de su conversión en endeudamiento financiero y con la obligación de la aprobación de un plan de ajuste antes del 31 de marzo, no responden a las necesidades de la ciudadanía ni de las Corporaciones Locales. Así no es adecuada la rigidez del periodo de amortización, diez años, debiéndose haber establecido una horquilla temporal, de 5 a 20 años, para posibilitar la adecuación a las necesidades de las entidades locales y a sus posibilidades de recursos corrientes. Es criticable que la operaciones de endeudamiento no se haya canalizado directamente a través del ICO para evitar el alto tipo de interés en que han sido concertadas las operaciones de crédito, en torno al 5,5 por ciento.

La realización de los planes de ajustes, que no de viabilidad, van a provocar la extinción de numeroso empleo público local y una significativa disminución de las retribuciones de los empleados públicos locales. La Reforma Laboral del gobierno de Rajoy contempla, por primera vez, la posibilidad que los entes públicos puedan realizar un expediente de regulación de empleo por causas económicas y despedir con una indemnización de 20 días por año trabajado, con sólo aducir nueve meses de “insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente”. Es importante reseñar que la norma impide por Ley a las Administraciones Públicas la posibilidad de ERE que contemple la suspensión temporal del trabajo.

La imposición de realización de un plan de ajustes en los entes locales, con los únicos instrumentos de extinción laboral, aumento de la presión fiscal y privatización de servicios, y sin antes no haberse solucionado la estructural insuficiencia financiera con la aprobación de las nuevas leyes de haciendas locales y de régimen local, pone al descubierto la clara intencionalidad gubernamental de lograr el adelgazamiento de la Administración Local.

La crisis económica de los entes locales y sus causas

Desde ATTAC Andalucía queremos aportar nuestra visión de la situación económica, financiera y patrimonial en la que se encuentran los Ayuntamientos y de la conjunción de factores que la han causado.

A nivel económico existe un elevado déficit presupuestario, tanto oficial como encubierto, y hay una falta de equilibrio de los ingresos con los gastos, motivado por:

  • la elevada caída de sus ingresos, como son los derivados de la actividad urbanísticas, PIE y la creciente morosidad tributaria
  • y la escasa posibilidad de disminución de gastos, salvo con merma en la prestación de servicios

Las consecuencia es que en el presente año prácticamente se han eliminado las inversiones municipales, y que los presupuestos se hayan prorrogados en la gran mayoría de los ayuntamientos por la imposibilidad técnica de elaborar presupuestos equilibrados. En Andalucía de 778 municipios sólo 373 han aprobado el Presupuesto de 2011.

A nivel financiero existe una total falta de liquidez con impago de nominas y de acreedores, un elevado endeudamiento financiero y no financiero, y hay una imposibilidad legal de acudir a prestamos en la gran mayoría de los municipios.

A nivel patrimonial, la mayoría de las entidades locales sólo cuentan con los inmuebles e instalaciones afectas a los servicios y actividades públicas que prestan a la ciudadanía pues el Patrimonio del suelo está prácticamente agotado por su enajenación pasada.

Este escenario de los municipios españoles va a recrudecerse próximamente en su dimensión por la incidencia del déficit presupuestario que se producirá en este ejercicio: y es de presagiar que la situación de quiebra económica financiera alcance a la generalidad de los municipios.

Las causas de la crisis económica de las Entidades Locales se encuentran en la conjunción de varios factores:

a) La estructural ineficiencia de las dos leyes que ordenan la actividad económica local, la ley de haciendas locales y la ley de régimen local, que ha generado una crónica insuficiencia económica.

b) La importante disminución de los ingresos en la participación de tributos del Estado y de las subvenciones corrientes de las comunidades autónomas y diputaciones.

c) La práctica desaparición de los ingresos derivados de la actividad urbanística, que en 2007 llegó a suponer el 51% de sus ingresos patrimoniales y el 8% de sus ingresos no financieros.

d) La imposibilidad práctica de acceder al crédito financiero por la imposibilidad legal y por la inexistencia de entidades bancarias que se presten a concederlo.

La negligencia o premeditación política en la no toma de medidas estructurales y coyunturales para atajar la crisis económica local va a propiciar y justificar, en una situación de bancarrota, la puesta en marcha de la privatización de servicios y actividades municipales, la enajenación patrimonial, la supresión, disminución o deterioro de servicios locales, los expedientes de reducción de empleo y un importante recorte salarial de los empleados municipales.

La directriz neoliberal de adelgazamiento de las Administraciones Públicas y privatización de los servicios públicos se ha iniciado ya en España en la Administración Local, dado su extraordinario grado de deterioro económico y financiero.

Las medidas estructurales de suficiencia y eficiencia económica que propugna ATTAC Andalucía

Desde ATTAC Andalucía ponemos a disposición nuestras propuestas para el Estado español, en las que aquí en Andalucía se pueden ir avanzando mediante la potestad legislativa de la Comunidad Autónoma, a qué hacer ante la crisis económica local presentando nuestras alternativas, viables y posibles con voluntad política, para el mantenimiento de los servicios y actividades locales con las máximas garantías de calidad, eficacia y eficiencia.

Los principios rectores que han de seguirse en la actividad de las entidades locales son:

  • Garantizar la prestación de los servicios y actividades locales esenciales.
  • Optar por eficiencia en la actividad local frente al criterio de austeridad.
  • Oposición firme a la privatización de los servicios, por cuanto la colaboración privada conduce a una pérdida de calidad y a un encarecimiento de sus costes (las concesiones al sector privado del ciclo integral del agua, de la recogida y tratamiento de residuos, de servicios de cementerio o de transportes así lo atestiguan)
  • Lograr la eficacia, transparencia y legalidad en la actividad local mediante una Ley de evaluación participativa de las políticas públicas locales, que desarrolle en lo concreto la democracia participativa en el ámbito local.
  • Y lo importante en cuanto a objetivos es que, ante la crisis económica de nuestro país, el eje de actuación primordial debe ser el desarrollo local participativo, mediante la debida articulación y coordinación con las políticas estatales y autonómicas que deben desarrollarse.

Desde Andalucía se debe exigir al Gobierno del Reino de España que ante la severa situación económica de las Entidades Locales remita a las Cortes los anteproyectos de la Ley Básica del Gobierno y Administración Local y de la Ley de Financiación Local, cuyos borradores deben estar ya a su disposición.

La nueva la Ley de Financiación Local debería contemplar los siguientes contenidos:

1. La transformación del actual sistema tributario local que se caracteriza por su ineficiencia (en 2009 los costes de ineficiencia supuso 6.634 millones de euros lo que representa el 31 por cuento de la recaudación prevista) y su falta de equidad tributaria (los tributos locales son de carácter patrimonial y se basan en criterios de proporcionalidad y no de progresividad, con clara vulneración del artículo 31 de la constitución). Para el logro de la eficacia y equidad la nueva imposición local debe de articularse a través de los sistemas tributarios central y autonómico, mediante el establecimiento de:

a) Cuota local en el Impuesto sobre el Patrimonio que grave no sólo a las personas físicas sino también a las sociedades.

b) Recargos en impuestos autonómicos (Impuestos sobre Transmisiones e Impuesto sobre Sucesiones)

c) Recargos en Impuesto sobre Sociedades e IRPF (a partir de determinadas rentas)

2. Supresión de las subvenciones finalistas y condicionadas y su sustitución por transferencias incondicionadas.

3. Establecimiento de un Plan Estatal de Inversiones Locales con aportación integra del Estado y de las Comunidades Autónomas y con destino a proyectos incluidos, esencialmente, en planes y programas cuatrienales municipales, a efectos de evitar la improvisación y adecuarla a los necesarios planes estratégicos locales y provinciales.

4. Nuevo sistema de reparto en la participación de tributos del Estado que evite la disparidad existente (de tres a uno) tanto por estrato de población como por comunidades autónomas.

Para hacer posible los objetivos de eficacia, eficiencia, transparencia y legalidad de la actuación local, la futura Ley Básica del Gobierno y de Administración Local debe:

  • Definir, delimitar y concretar las atribuciones de competencias entre las Entidades Locales y las Comunidades Autónomas en base a una normalización técnica de los procesos de gestión de las diversos servicios y actividades locales, para posibilitar una positiva articulación competencial y evitar las competencias impropias, asumidas por los entes locales y atribuibles a otras administraciones. En definitiva, es esencial para posibilitar una suficiencia financiera acotar las atribuciones en las materias de competencia local a fin de limitar el llamado principio de subsidierariedad de las Entidades Locales. Ejemplo de competencias que no debe de ser asumida es la de policía local.
  • Separación de los actos políticos y de los actos administrativos, reservándose éstos últimos al personal funcionario.
  • Desarrollo del régimen jurídico de los procedimientos administrativos locales y de un estatuto de funcionario, con señalamiento de sus atribuciones, independencia en su ejercicio, régimen sancionador y control de sus actuaciones. Creación de un Cuerpo técnico gerencial.
  • Al objeto de garantizar la transparencia y la legalidad de la actuación municipal es preciso establecer legalmente la evaluación participativa de las políticas públicas locales, que desarrolle en lo concreto la democracia participativa en el ámbito local.



ATTAC, asociación sin ánimo de lucro, denuncia que el pasado 5 de noviembre fue publicada en el BOE la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en virtud de la cual la reproducción total o parcial, así como la descarga del material de esta página es susceptible de ser gravado por un canon a cobrar por CEDRO, en contra de nuestra voluntad, y por tanto solicitamos su inmediata derogación.


ATTAC Andalucía no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.