Xavier Caño Tamayo – ATTAC Acordem

Las palabras recortes y ajustes apenas expresan lo que significan. En la reforma laboral suponen despojar de derechos a los trabajadores, despido barato, paro creciente, precariedad sistemática, reducción de salarios, menor capacidad adquisitiva salarial y más pobreza, entre otras agresiones.

¿Y qué supone recortar 10.000 millones de euros en Sanidad y Educación en el Reino de España? Es expulsar de la sanidad pública a inmigrantes irregulares y a jóvenes en paro, empeorar la atención a la salud, interminables listas de espera, prolongados retrasos en cirugía y pruebas diagnósticas, más sufrimiento, más dolor, mayor riesgo de muerte…

En educación, los recortes significan menos profesores, aulas masificadas, peor calidad de enseñanza, más fracaso escolar y vetar a los hijos de trabajadores el acceso a la universidad por tasas prohibitivas y menos becas.

Como Franco, Rajoy gobierna por decreto para imponer sus “reformas”. Veinte decretos de ley en cinco meses, contra ocho de Aznar o cinco de Zapatero. La Constitución permite promulgar decretos ley “en caso de urgente y extraordinaria necesidad”, pero establece convalidarlos en el Congreso. El Gobierno de Rajoy no ha convalidado 15 de los veinte decretos de ley perpetrados.

Además, el gobierno ha decretado una amnistía fiscal (que llama “regularización”) que permitirá a los grandes defraudadores de Hacienda aflorar dinero oculto pagando sólo un 10%. Los técnicos en hacienda e impuestos consideran ese decreto, tal como está formulado, puerta abierta al fraude fiscal y al blanqueo sistemáticos. Se ingresa dinero sucio evadido en un banco y al día siguiente, limpio y barato desde un punto de vista fiscal. Como ha escrito el economista Gerardo Rivas, “gravamen especial y regularización de rentas no declaradas son eufemismos que disimulan que el Gobierno del Partido Popular perdona por un precio módico las voluminosas deudas con la Hacienda Pública a los defraudadores fiscales que atesoran lo mucho defraudado en las cuevas de la nueva piratería; cajas de seguridad y paraísos fiscales.”

Y sigue el dislate. En ese escenario de recortes, retroceso social y amnistía fiscal, el gobierno da más dinero a la banca. Ya inyectó 15.000 millones de euros a bancos y cajas y ahora, lo que haga falta. Más capital público para Bankia, la joya de la corona del partido Popular que ha tenido que ser rescatada entre oscuridades. Son 7.500 millones de euros por ahora, pero podrían ser 12.000. En realidad, el gobierno le ha prometido a Bankia todo el capital que necesite para sanearse.

Pero esas inyecciones de capital -dice el gobierno- son préstamos a devolver. De momento, no se ha devuelto nada digno de mención. ¿Por qué no se ha prestado dinero público con la misma largueza a las empresas de la economía real para evitar la recesión y combatir el paro? A diferencia de las empresas que producen, la banca hoy no crea riqueza: solo arregla sus tramposos balances tóxicos y especula. Pero para la banca hay todo el dinero que pida. Por otra parte, esos millones para la banca el Tesoro los consigue endeudándose. El Estado se endeuda sobre todo por la banca. Para que pueda pagar sus cuantiosas deudas con bancos alemanes y franceses, entre otros.

Pero hay más. Como escribe Juan Torres, “haber prohibido que el Banco Central Europeo preste a los gobiernos, obligándoles a buscar préstamos en la banca privada, es la causa del elevado encarecimiento de la deuda pública”. Encarecimiento que son enormes beneficios de los bancos privados. Torres recuerda que los economistas Holbecq y Derudder han demostrado que Francia ha pagado cien mil millones de euros de intereses desde 1980 a 2006 por una deuda de 229.000 millones. España ha pagado tres veces la deuda que tenía en 2000 y de 2008 a 2010 ha pagado ya más de 120.000 millones de euros. ¡Que no se podría hacer para relanzar el país con ese dinero en manos de un gobierno decente, justo y competente!

Lo que encarece la deuda pública es que la han convertido en negocio especulativo de la banca privada. Con la obscena y oscura complicidad de las agencias de calificación y, por supuesto, del BCE.

Hasta que el beneficio de la minoría rica no esté varios puestos por debajo de los derechos de la mayoría ciudadana en las prioridades, la crisis (perdón, la estafa) no tiene solución.

Artículo publicado por ALAI

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