Reflexiones previas para el programa municipal participativo y de cambio que presentemos a la sociedad: el Municipalismo

Carlos Martínez
Politólogo y urbanista
Es de Attac y de Alternativa Socialista

 
Introducción:
Las primeras corporaciones locales durante la transición, son un fenómeno político muy interesante para estudiar y recuperar. Sirvieron para poner en marcha multitud de planes e iniciativas. Pero sobre todo recuperaron el poder local para la democracia y fueron fieles a la forma de entender la acción política en los años setenta y ochenta, pero con aspectos innovadores.
Los primeros gobiernos locales –los doce primeros años de gestión municipal- se encuentran todo por hacer. Barrios enteros sin asfaltar, escasez de zonas verdes, excepto en los centros urbanos. Redes de saneamiento y aguas escasas, viejas y abandonadas o simplemente inexistentes. Carencia total de servicios, sociales, culturales y deportivos. Ninguna gestión planificada excepto en grandes ciudades y unos ayuntamientos controlados por los altos funcionarios locales, en los que las concejalías carecen de lugares de trabajo y reunión y los alcaldes de la dictadura no han dejado nada, que no sean vicios de funcionamiento, caciquismo y sumisión al Gobernador Civil. Todo está por hacer y todo se hace.

 
Los partidos políticos no se ocupan realmente de apoyar o formar e informar a sus ediles. Surge el movimiento municipalista y son los propios alcaldes y concejales, los que crean desde abajo el municipalismo. Muchos de los ediles provienen del activo movimiento vecinal del tardofranquismo o bien del sindicalismo clandestino o son cuadros políticos locales recién salidos de la clandestinidad. Igualmente muchos de ellos –la presencia masculina es abrumadora- son personas que llegan a la política por primera vez, recién afiliados o procedentes de otras esferas vitales, lo cual le da a las corporaciones locales una gran riqueza y ansías de saber. De hecho los modelos de gestión, incluso en alcaldes de un mismo partido, son muy diferentes, sin bien pronto comienzan a ser los ayuntamientos catalanes en especial los de PSC y PSUC los que marcan impronta y se adelantan en sus propuestas y planes que comienzan a ser exportados y/o copiados. La mayoría de los ayuntamientos catalanes de esa época no son de CiU, son de izquierdas y centro-izquierda. Además las Comunidades Autónomas son muy débiles e incipientes. Estamos en la pre-autonomía. Lo cual fortalece y mucho el papel político de los ayuntamientos y facilita una gestión, autónoma y localista en el buen sentido de la palabra.

 
No todo es oro lo que reluce. Ya en algunos ayuntamientos surgen problemas y extrañas alianzas, pero no hay casos de corrupción en el sentido que hoy la conocemos. Los alcaldes son todos de partidos y muchos de los llamados independientes son derechistas e incluso alcaldes heredados del franquismo, de los que en la UCD aparecen en bastantes casos.
No obstante los primeros ayuntamientos democráticos poco tienen que ver con los que luego, transcurridos al menos ocho años, sustentan su financiación en la burbuja inmobiliaria y son víctimas de una gran operación especuladora diseñada más allá de sus intenciones políticas. Aunque transcurrido algún tiempo, muchos de ellos colaboren de forma decidida con la burbuja inicial y las agresiones al territorio y sean actores imprescindibles del” ladrillazo” a partir de la modificación de la ley Aznar-Rato.

 
Hay que señalar que tras los doce primeros años, o dieciséis según casos – pues en las ciudades el cáncer privatizador comienza antes- se inician las privatizaciones, que en las zonas rurales y ciudades pequeñas, tardan algo más. Se procede a reconvertir todos los servicios de gestión pública en privada y ello a pesar de haberse creado empresas públicas municipales, muchas de ellas de gran solvencia y buenos resultados. Pero todo esto sucumbe ante la ola neoliberal, el clientelismo y la mercantilización de la política que afecta de forma sangrante a los ayuntamientos que a pesar de sus carencias financieras, sirven en muchos casos de recaudadores ilegales de “fondos B” para sus partidos a nivel autonómico o federal incluso.

La Burbuja y la mercantilización. El siglo XXI

Contratos de recogida de residuos sólidos o recalificaciones del PGOU –planes de ordenación urbana- correspondiente generan beneficios escandalosos y se hace caja con ellos. Los alcaldes y alcaldesas son muchas veces meros gestores de intereses “superiores” y en cualquier caso, se transforman en conseguidores locales de unos partidos que imponen sus candidatos en demasiadas ocasiones.
Estos alcaldes y alcaldesas impuestos ya con el auge de la globalización neoliberal, creen que cuantas más grúas se vean en su paisaje urbano, más riqueza y mejor para su pueblo o ciudad. Durante el 2001 hasta el 2008 Se aprueban PGOUs con tanta extensión urbanizable o urbana directa que en muchos de ellos todavía se tardarán años en construir lo construible. Se vive un auténtico periodo de hierro del urbanismo racional y democrático, tornado todo en oro para los especuladores y los bancos. Son los constructores, promotores y propietarios de suelo, los que imponen sus condiciones y “urbanizan”.

 
Pero la fiebre privatizadora alcanza a los servicios públicos esenciales de forma muy destacada. En el estado español, la figura de la concesión administrativa es la gran trampa. La gestión y el servicio son públicos, pero lo desarrolla una empresa privada. Lógicamente las empresas privadas entran a saco porque hay beneficios. Pasamos pues a partir de los finales de los años noventa a la gestión empresarial del municipio y a su conversión en ente de gestión para clientes y no en gobierno local de la ciudadanía. Esa es la figura clave que ahora hay que desmontar, la del cliente, que debe volver a ser la ciudadana o el ciudadano.
Curiosamente, Aznar amplía las competencias de los alcaldes, pero es para restringir las de los Plenos municipales y facilitar las recalificaciones, así como para hurtar democracia local. Vemos un claro antecedente de lo que se pretende con la elección directa de alcaldes, que necesariamente conllevará menos competencias de control plenario.

 
Pero hay algo nunca resuelto y es la financiación local y sin ella, los ayuntamientos nunca podrán desarrollar su gestión de forma satisfactoria para la ciudadanía.
Las corporaciones actuales controladas por alcaldes del bipartidismo son en muchos casos, la mayoría realmente, las corporaciones de la burbuja y forjadas en sus vicios. Además, muchos de sus alcaldes son los mismos. Pero no podemos cometer el pecado de generalizar a todos, pues en bastantes casos se ha actuado con corrección, no todos los partidos cuentan con ediles corruptos y no solo el PSOE y el PP, el que más –el PP- incurren en ello –también CiU y partidos regionalistas de derechas están fuertemente castigados por casos de corrupción- por lo que si hacemos un análisis veremos que el urbanismo es una de las fuentes esenciales al objeto de averiguar la política que practican los ayuntamientos, dado el carácter transversal además del mismo.

El nuevo municipalismo

Por tanto estas próximas elecciones municipales deben ser las que cambien el panorama político e ideológico de la gestión local. También la participación ciudadana a lo hora de tomar decisiones debe estar presente y no ausente como hasta ahora.
El nuevo municipalismo, ha de pensar en un nuevo modelo de ciudad, además del fomento de la participación y la creación de elementos cívicos de intervención en la gestión local, que de hecho ya se están adelantando en la confección de las candidaturas para 2015, han de desarrollar una ciudad ágora democrática.
Pero, la mercantilización de la política y su conversión en política espectáculo, que en ocasiones tiene difícil traslación al municipio, por la dificultad de su gestión y la prontitud que se exige en la resolución de los problemas vecinales, serán a pesar de esto, unos problemas que pueden dificultar tanto el proceso inicial de conformación de encuentros amplios, ganemos etc., como el desarrollo posterior de las acciones de gobierno.

 
De todas formas en mi humilde opinión, lo que creo fundamental es recuperar la idea de que estas elecciones son muy políticas y deben serlo más si queremos garantizar una acción municipal diferente y no solo de transparencia y de buena gestión. Sino de reparto, cambio del concepto de la propiedad del suelo, políticas de igualdad transversales y fiscalidad local progresiva y justa. Lucha contra la pobreza, justicia en la vivienda y freno a los grupos de presión de grandes empresas, bancos e inmobiliarias.

 
Ayuntamientos constituyentes que impulsen un cambio constitucional que acabe con un régimen incluidas las Comunidades Autónomas, que los considera entes tutelados y subsidiarios. Además de objetivos número uno, para multiplicar los beneficios de las grandes empresas de servicios y multinacionales de la desposesión de lo público, surgidas al amparo de las privatizaciones impulsadas por el bipartidismo, las leyes de reforma local, la OMC –Organización Mundial del Comercio- el FMI y la Unión Europea, impuestas en la propia legislación española. Radicalmente enfrentados al objetivo de déficit que el artículo 135 de la Constitución impone. Por eso para defender la política local, también hay que cambiar de Constitución.

Carlos Martínez
Politólogo y urbanista
Es de Attac y de Alternativa Socialista

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