Manifiesto de la Plataforma de Organizaciones Sociales “Compromiso Social por el Progreso de Andalucía”.

1. UNA LEY CONTRA LAS LIBERTADES Y EL ESTADO DEL BIENESTAR.
Los Ayuntamientos, como instituciones más cercanas, a la ciudadanía han jugado durante la etapa democrática un papel muy importante para el desarrollo de los servicios públicos y de las infraestructuras locales contribuyendo con ello a la cohesión territorial y social de Andalucía. Sin duda esto ha permitido arraigar a las personas a los territorios y desarrollar las potencialidades socioeconómicas de nuestros municipios. No obstante, en algunas administraciones locales se han producido prácticas reprobables, fundamentalmente vinculadas al desarrollo urbanístico especulativo.

Bajo el titulo de Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local el gobierno del Partido Popular prosigue en sus políticas contra el Estado democrático y del bienestar que conducen al deterioro de las condiciones de vida y de libertades de la ciudadanía.

Con las palabras de racionalización y sostenibilidad se pretende justificar la adopción de medidas que no tratan de solucionar los problemas de la ciudadanía ni de las entidades locales, sino que se realizan con la intencionalidad de impedir que las y los representantes democráticos elegidos en los ayuntamientos puedan adoptar medidas donde primen el interés general y el bien común de la ciudadanía sobre el pago de unos intereses abusivos e ilegítimos a los bancos.

La falta de sostenibilidad es consecuencia de la endémica y estructural falta de financiación de las entidades locales que está caracterizada por unos bajos recursos propios en comparación con la administración central y las comunidades autónomas. Estas carencias económicas se han paliado tradicionalmente por los ingresos derivados del boom de la construcción, abriendo las puertas a la corrupción, y las subvenciones condicionadas de otras administraciones.

Al deterioro económico actual de los ayuntamientos ha contribuido la política gubernamental de prohibir la renovación de préstamos a largo plazo, a pesar de ser los que tienen un menor endeudamiento, y al no solucionar la insuficiencia económica de los municipios con una adecuada reforma de la actual Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2. LOS OBJETIVOS PERVERSOS DE LA REFORMA LOCAL.
Cinco serán las consecuencias del actual proyecto de ley de reforma local si se aprueba:
1) Restringir la autonomía y la democracia participativa local.
2) Eliminación de los servicios de cercanía a la ciudadanía mediante la supresión de sus competencias.
3) La privatización prácticamente total de los servicios públicos municipales de agua, residuos sólidos urbanos, bomberos, fomento económico y servicios sociales.
4) Destrucción de miles de empleos públicos y precarización de las condiciones laborales.
5) Disminución y deterioro de la cohesión económica y social, el emprendimiento y el desarrollo local, con la consiguiente pérdida de riqueza endógena y del arraigo de la población al territorio.

3. LAS CONSECUENCIAS NEGATIVAS PARA LA CIUDADANÍA.
El impacto en la aplicación de esta reforma local conllevaría demoledoras consecuencias para la ciudadanía en general:
– Brutal repercusión en el empleo público local con la supresión de puestos de trabajo y pérdida de derechos laborales.
– La afectación a los consumidores por el incremento en las tarifas, la ausencia de canales de participación social en la gestión de los servicios municipales y la falta de control por parte de la ciudadanía que conllevan la privatización de dichos servicios.
– La incidencia en las empresas de economía social, autónomos y pequeñas empresas locales que verían disminuir drásticamente su facturación por la caída de la demanda local, además de la eliminación de aquellas que sean proveedoras de los ayuntamientos al ser sustituida su actividad por la de grandes concesionarios foráneos como consecuencia de la privatización de los servicios y actividades municipales.
– Supresión o deterioro de los servicios públicos locales.

El ataque contra la autonomía local, al reducirse sus competencias y estar intervenida su gestión por la administración central o provincial, implicará la supresión del ámbito más cercano de la interlocución política y administrativa.

Mediante la excusa de la insuficiencia presupuestaria o de superar los costes estándar, los servicios públicos locales (abastecimiento y depuración de aguas, recogida y tratamiento de residuos, cementerios, actividades deportivas y culturales, guarderías, etc.) serán trasvasados a las Diputaciones Provinciales para que éstas procedan a su privatización. Los efectos para las personas usuarias de los servicios son múltiples y diversos: el encarecimiento de las tarifas, la precarización y pérdida de su calidad, la ausencia de vías de participación social en su gestión y la falta de control de la misma por parte de la ciudadanía. La constatación actual es que los servicios privatizados locales son más caros y de peor calidad que cuando la prestación es pública.

Los servicios de ayuda a la dependencia, los servicios sociales, las guarderías y apoyo educativo, las actividades culturales, las deportivas, las sanitarias, la protección de los consumidores y usuarios, etc, se verán suprimidas o reducidas a su mínima expresión.

4. LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO DE REFORMA LOCAL
Existe una gran cantidad de expertos juristas administrativos que califican el proyecto de ley de reforma local como claramente inconstitucional. El gobierno Andaluz ya ha declarado que no sólo conculca principios de nuestra Constitución sino que vulnera abiertamente nuestro Estatuto de Autonomía. A pesar de las dudas sobre la ilegalidad e ilegitimidad de los contenidos del proyecto de ley de reforma local, intentan su aprobación en el convencimiento de que sus objetivos se materializarán antes del posible fallo reprobatorio del Tribunal Constitucional, habiéndose creado entonces una situación de hecho de muy difícil reversibilidad.

5. OTRO MUNICIPALISMO ES POSIBLE.
Poner en pie una alternativa municipalista coherente, asegurar los cambios institucionales imprescindibles, defender los ayuntamientos como potentes dispositivos de participación democrática, de desarrollo económico y de calidad de vida de la ciudadanía ayudaría enormemente a encontrar una nueva relación entre las personas y la política.

El marco local sigue siendo un escenario potente, para la democracia participativa y para impulsar poderes ciudadanos que puedan confrontarse con la dictadura de los mercados.

Es necesaria la articulación de un nuevo modelo local con alternativas viables y posibles en las que los principios rectores que guíen la actividad de las entidades locales sean:
· Garantizar la prestación de los servicios y actividades locales esenciales.
· Optar por la eficiencia en la actividad local frente al criterio de austeridad.
· La oposición firme a la privatización de los servicios, por cuanto que el traspaso a la empresa privada conduce al abandono del interés general, a la pérdida de calidad y al encarecimiento de sus costes (las concesiones al sector privado del ciclo integral del agua, de la recogida y tratamiento de residuos, de servicios de cementerio o de transportes así lo atestiguan).
· Lograr la eficacia, transparencia y legalidad en la actividad local mediante una Ley de evaluación participativa de las políticas públicas locales, que desarrolle en lo concreto la democracia participativa en el ámbito local.
· Y lo importante en cuanto a objetivos es que, ante la crisis económica de nuestro país, el eje de actuación primordial debe ser el desarrollo local participativo, mediante la debida articulación y coordinación con las políticas estatales y autonómicas que deben desarrollarse.

Desde Andalucía se debe exigir al Gobierno de España que ante la severa situación económica de las Entidades Locales remita a las Cortes los proyectos de la Ley Básica del Gobierno y Administración Local y de la Ley de Financiación Local que posibiliten realmente la sostenibilidad y la racionalidad de la gestión local.

Una nueva Ley de Financiación Local es esencial para acabar con la endémica falta de suficiencia económica de las entidades locales, con los siguientes contenidos:
· Garantizar la suficiencia financiera municipal desde los Presupuestos Generales del Estado incrementando sus ingresos totales.
· La transformación del actual sistema tributario local caracterizado por su ineficacia (en 2009 los costes de ineficiencia supuso 6.634 millones de euros lo que representa el 31 por cuento de la recaudación prevista) y su falta de equidad tributaria (los tributos locales son de carácter patrimonial y se basan en criterios de proporcionalidad y no de progresividad, con clara vulneración del artículo 31 de la constitución). Para el logro de la eficacia y equidad la nueva imposición local debe de articularse a través de los sistemas tributarios central y autonómico, mediante el establecimiento de un sistema de financiación local más eficiente, equitativo, justo y progresivo.
· Establecimiento de un Plan Estatal de Inversiones Locales con aportación íntegra del Estado y de las Comunidades Autónomas y con destino a proyectos incluidos, esencialmente, en planes y programas cuatrienales municipales, que priorice la reactivación económica y la creación de empleo de calidad.
· Nuevo sistema de reparto en la participación en tributos del Estado que venga a mejorar la cuota municipal.

6. LLAMAMIENTO
Los duros planes de ajustes, que afectan al empleo, a la subida de impuestos locales, a la privatización y al deterioro de los servicios, requieren de una acción unitaria ciudadana, política y sindical que contraponga un modelo de municipalismo democrático y de servicio público basado en la eficiencia, en la prestación de calidad de los servicios públicos locales y en el desarrollo de políticas de empleo generado.

Por todo ello, Compromiso Social para el Progreso Social de Andalucía llama a toda la ciudadanía, a todos los vecinos y vecinas, a combatir esta reforma y a defender la autonomía local y los servicios públicos.

Andalucía, junio de 2013
Organizaciones Sociales que Integran la Plataforma:
– Comisiones Obreras de Andalucía-CCOO-A
– Unión General de Trabajadores-UGT-A
– Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía (CEPES-A)
– Confederación de Asociaciones Vecinales de Andalucía (CAVA)
– Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa (AL-ÁNDALUS)
– Federación de Consumidores en Acción de Andalucía (FACUA)
– Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE
– Comité de entidades Representantes de Personas con discapacidad (CERMIAndalucía)
– Federación Andaluza de Asociaciones de la Prensa
– Asociación de Progresistas de Andalucía
– ATTAC-Andalucía
– Plataforma 2015 y más
– Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública (CODAPA)
– Unión Federal de Policía
– Sindicato Unificado de la Policía
– Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC)
– Unión de Guardias Civiles de Andalucía
– Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía- ADSP
– Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática
– Coordinadora Girasol
– Forum Política Feminista de Andalucía
– Coordinadora Andaluza de Organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (CAONGD)
– Plataforma en Defensa de los Derechos de Mayores, PEMPES/AS
– Asociación Primavera Andaluza
– APJP Pablo Iglesias

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