Por un municipalismo democrático y al servicio de la ciudadanía

ayuntamientoManifiesto de ATTAC Andalucía contra la Reforma Local.

I. El próximo y enésimo ataque del gobierno del Partido Popular contra el sistema de libertades y del bienestar, que arrastra al desastre económico y social, es la reforma de los ayuntamientos.

La reforma laboral, el apoyo ilimitado al sector financiero, el progresivo desmantelamiento de la sanidad, de los servicios sociales y de la educación, la espiral de privatizaciones de servicios públicos, el aumento de la presión fiscal a la gran ciudadanía asalariada y a los pequeños empresarios, unida a la falta de estímulos oficiales a la economía y a la ausencia de un gran empresariado carente de actitud emprendedora e inversora y de aptitud de eficaz gestión, ha conducido a nuestro país a la hecatombe social: 27 por ciento de parados, 500.000 desahucios, disminución de salarios y poder adquisitivo, deterioro de las condiciones laborales y de los servicios públicos, recesión económica, …, pobreza y hambre.

II. Ahora, en la planificada ofensiva ideológica del neoliberalismo conservador, toca el desmantelamiento de los municipios. Bajo el falaz título de Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local el gobierno de la nación pretende tres objetivos básicos: restringir la democracia y autonomía local, la supresión de competencias y servicios públicos locales y la total privatización de los servicios municipales.

La irracionalidad y la insostenibilidad de esos objetivos provocaran muy negativas consecuencias concretas para la ciudadanía y el pequeño y mediano empresario:

  • Los servicios sociales de dependencia a mayores y a personas con limitaciones físicas, así como la asistencia social a la infancia, mujeres, drogodependencia y pobreza, dejan de ser competencias de los municipios, potenciando y continuando el proceso para su desaparición.
  • Los desaparición de las competencias en los servicios de educación, cultura y de sanidad, conllevaran el deterioro o no prestación de los servicios de apoyo educativo (talleres educativos y formativos), de actividades culturales, de programas sanitarios y el deterioro del mantenimiento de los centros educativos.
  • La privatización de los servicios y actividades municipales de ser una opción voluntaria pasa a ser obligatoria para los ayuntamientos. Tal como viene acaeciendo con la privatización de servicios municipales las tarifas a los usuarios se verán incrementadas, la calidad de prestación disminuida y el control ciudadano de los servicios menguado. Los servicios de agua y saneamiento, la recogida y tratamiento de residuos, cementerios, actividades deportivas y culturales y otros pasaran a ser privados.
  • El empleo público municipal se verá seriamente afectado con pérdidas de puestos de trabajo (la estimación mínima es de 200.000 en España y 50.000 en Andalucía) y las condiciones laborales precarizadas.
  • La economía local se verá seriamente afectada por la reducción de empleo público y por la disminución significativa de la gestión municipal (obras y actividades de fomento). Los autónomos y los pequeños y medianos empresarios se verán afectados por la caída de la demanda local y el sector agrícola se verán privados del apoyo que en muchos municipios prestan sus ayuntamientos.
  • Y por último, la supresión de pequeños municipios y de sus competencias y la intervención estatal a los fueros municipales contribuyen al debilitamiento de la autonomía y a la democracia de los ayuntamientos.

III. La ciudadanía demanda de las organizaciones políticas y sindicales una unitaria y contundente repuesta a las continuadas agresiones a sus derechos y sus condiciones de vida. Y además reclaman que se le proporcionen las posibles y racionales alternativas de superación a la actual crisis, pues la falta de propuestas de las fuerzas de progreso hace parecer como inevitables las indiscriminadas políticas de recortes económicos y sociales.

Es por ello, por lo que frente al demoledor proyecto de reforma local del gobierno de la nación planteamos que otro municipalismo es posible.  Recuperar el modelo inicial de los ayuntamientos democráticos en los que se desarrolló una loable gestión municipal es viable y necesario:

  • Garantizar el sistema de competencias de los municipios, debidamente articuladas y coordinadas con las atribuciones de las comunidades autónomas y de la administración central.
  • Garantizar la transparencia y legalidad de la gestión local, resolviendo la actual incapacidad de los tribunales de cuentas y de los órganos de fiscalización municipal para evitar la corrupción y despilfarros que han acontecidos en los ayuntamientos al amparo del boom urbanístico.
  • Desarrollar los cauces de participación ciudadana con un desarrollo del estatuto de los vecinos que posibiliten su control y su concurrencia.
  • El desarrollo de los procedimientos de gestión y administración de los servicios que hagan que los mismos se ejecuten con criterios de eficacia y eficiencia.
  • Posibilitar un nuevo modelo de financiación local, que corrija el ineficiente e injusto sistema tributario local (solamente se consiguen el 70 por ciento de los ingresos tributarios y los tributos son proporcionales y sin exención para las bajas rentas), así como un nuevo sistema de participación en los tributos del estado que generan enormes disparidades entre ayuntamientos.

IV. Las organizaciones políticas y sindicales, las asociaciones y los movimientos ciudadanos deben aunarse y llamar a toda la ciudadanía -trabajadores, pequeños y medianos empresarios y agricultores- a dar la más contundente respuesta movilizadora contra el proyecto del gobierno del Partido Popular y exigir un nuevo municipalismo basado en la eficacia y eficiencia de la gestión local, en la transparencia y en la legalidad de su funcionamiento y en el mantenimiento de calidad de los servicios públicos municipales.




ATTAC, asociación sin ánimo de lucro, denuncia que el pasado 5 de noviembre fue publicada en el BOE la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en virtud de la cual la reproducción total o parcial, así como la descarga del material de esta página es susceptible de ser gravado por un canon a cobrar por CEDRO, en contra de nuestra voluntad, y por tanto solicitamos su inmediata derogación.


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