Julio Rodríguez López – Consejo Científico de ATTAC.

El nuevo gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy, va a asumir el poder en un difícil contexto económico. En diciembre de 2011 destaca la aguda crisis del euro, que requiere soluciones inmediatas. La economía española ha sufrido en la segunda mitad de 2011 un recrudecimiento de los problemas que arrastra desde el verano de 2007. El débil crecimiento del primer semestre de 2011 se ha frenado y ha vuelto a reducirse el nivel de empleo. La disminución de los afiliados a la seguridad social complica, además, la reducción del déficit público y dificulta la financiación general de la economía española.

La crisis de supervivencia del euro precisa de una respuesta amplia. Nadie se salva en el caso de un colapso del euro. Puede imponerse una mayor disciplina presupuestaria general, pero el corto plazo requiere que el Banco Central Europeo (BCE) actúe sin límites, bien sea directamente o a través del Fondo Monetario Internacional (The Economist, “The horsemen approach”, 3 de diciembre de 2011). Dicha salida choca con la seria oposición alemana, que ya no aspira a fortalecer el fondo de rescate y que, por supuesto, sigue oponiéndose a la creación de los eurobonos y a presionar al BCE para que actúe con más vigor en los mercados de deuda pública.

En espera de una respuesta afirmativa alemana, los países más afectados por la crisis dela deuda están procediendo a reducir el gasto público, buscando sobre todo frenar el aumento de la deuda. Esta actuación frenará el crecimiento, por mucha confianza que genere en los mercados la reducción de los déficits públicos.

En el caso de la economía española, los diferentes indicadores apuntan a un significativo descenso de la demanda y de la actividad en el cuarto trimestre de 2011. Esta situación se ha visto confirmada por el negativo comportamiento de los indicadores del mercado de trabajo en noviembre, en los que ha destacado el descenso de la afiliación a la seguridad social. Dicha evolución revela no solo un retroceso delempleo, sino va a contribuir a que dicho organismo puede terminar con déficit en el ejercicio de 2011.

La fundación de las cajas de ahorros (Funcas) ha previsto que, tras un débil aumento real del PIB en 2007 (0,7%), en 2012 tendrá lugar un retroceso del 0,5% en dicha magnitud, derivado del fuerte debilitamiento de la demanda, que no podría ser compensado por las exportaciones. Como consecuencia del freno en el crecimiento, el empleo descendería en un 2% y el paro se elevaría hasta el 23% de los activos en el próximo año. Funcas ha previsto que el déficit de las administraciones públicas en 2011 (-7,5% del PIB) superará el objetivo del 6% fijado en principio para dicho ejercicio anual.

Una economía estancada, un mercado de trabajo caracterizado por una situación de amplio exceso de oferta y por un más que elevado desempleo, un fuerte endeudamiento privado que no facilita el crecimiento del crédito y una nueva caída del empleo que complica la reducción del déficit, son los elementos que dominan el perfil de la economía española en el momento de la transición del poder al gobierno del Partido Popular.

La estrategia del próximo gobierno parece que va a descansar en la defensa del euro, en el control del déficit, en el acortamiento de la reforma del sistema financiero (está en cuestión la creación o no del “banco malo” como atajo para impulsar el crédito bancario), en la devaluación competitiva de los salarios y en los estímulos al sector de la construcción, cuya caída ha explicado el 60% de la destrucción de empleo en España desde 2007. En una reciente entrevista en la SER, Javier Arenas señaló que la política de suelo de los populares en el caso de ganar las elecciones en Andalucía descansaría sobre todo en la eliminación de trabas a la construcción, puesto que el fomento del “turismo residencial” sería la pieza central de la estrategia económica de su partido, junto a una tímida defensa del retorno a la agricultura.

Merece la pena subrayar los riesgos de la estrategia citada. Por una parte, entre los principales componentes de dicha política económica el único estímulo a la más que debilitada demanda es el fomento del crédito bancario, lo que llevará algún tiempo, a la vista de la pesada digestión de la reforma bancaria y de los problemas de alimentación financiera de las entidades de crédito españolas. El reforzamiento de las ayudas a la construcción residencial es algo más propio de una situación de falta de viviendas, cuando sobran entre 700.000 y un millón. Una buena parte de dicho stock está situado allí donde Javier Arenas pretende eliminar los supuestos obstáculos legales a un nuevo atracón de ladrillo. La estrategia de crecimiento del nuevo gobierno debería atender a que dicho crecimiento llegase a ser, de una vez por todas, algo más sostenible de lo que fue en los últimos años.

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