Declaración de ATTAC Andalucía ante el 28-F y el aniversario de las elecciones autonómicas.

1. Andalucía va a celebrar el próximo 28 de Febrero en una situación extraordinariamente difícil y frustrante para la inmensa mayoría de los andaluces y andaluzas.

El desempleo alcanza niveles desorbitados, cierran miles de empresas, los desahucios se cuentan por millares y, lo que es peor, nada hay en el horizonte que permita aventurar que la situación va a cambiar de signo.

Además, está a punto de cumplirse un año del gobierno de coalición que se formó tras las últimas elecciones y también eso obliga a evaluar lo que viene haciéndose en este clima de desconcierto y desolación que vive nuestro pueblo.

2. La constitución por primera vez en Andalucía de un gobierno de Coalición entre el PSOE e Izquierda Unida fue desde un primer momento bien vista y apoyada públicamente tanto por ATTAC como por otras fuerzas sociales y sindicales andaluzas, a pesar de las dificultades y problemas que sabíamos que llevaría consigo.

Entendimos que ese pacto era necesario y que podría ser ilusionante porque teníamos la convicción de que podía significar una forma diferente de gobernar y un imprescindible factor de resistencia frente a las políticas neoliberales implementadas por el Gobierno del Partido Popular y la Unión Europea.

Éramos y somos conscientes de que Andalucía es una Comunidad Autónoma y no un Estado, lo que supone capacidades limitadas de gestión que no permiten desplegar todas las políticas alternativas que creemos que deben ponerse en marcha para evitar la agresión que estamos sufriendo. Pero, a pesar de ello, creímos que un gobierno de progreso no solo evitaría que en Andalucía se hiciera lo que ya se ha hecho en otras comunidades gobernadas por el PP, sino que iría mucho más lejos modificando la práctica de gobierno que ha venido desarrollando durante años el PSOE, y que estaba muy anquilosada por las graves carencias de transparencia, eficacia y participación ciudadana que le habían acompañado.

3. En estos momentos, podemos decir sin ser sensacionalistas que la autonomía está en peligro. No solo se están recortando derechos fundamentales desde el gobierno de Madrid que obligan a llevar a cabo ajustes cada vez más dolorosos en nuestra tierra, sino que, después de haber perdido una vez más la posibilidad de gobernar la Junta de Andalucía, el PP aprieta las tuercas de la financiación e incumple compromisos previos. De este modo se generan dificultades añadidas de liquidez que justificarían una intervención del gobierno andaluz por parte del gobierno central, hecho que sin duda acabaría con nuestra autonomía.

Creemos que el gobierno andaluz trata de evitarlo, que defiende con dignidad principios muy distintos a los que mantiene el PP para desmontar el Estado de Bienestar en el resto del territorio nacional, y que, a pesar de las dificultades, ha hecho esfuerzos para no tener que aplicar con el mismo efecto los recortes que impone el actual gobierno. Así se ha manifestado en los Presupuestos para 2013.

Pero, aun sabiendo que resistir es fundamental en la coyuntura en la que estamos, nos parece también evidente que con eso no basta. No podemos aceptar, como a veces parece que se quiere hacer creer a la población, que Europa o Madrid nos imponen todas y cada una de las medidas que hay que adoptar y que, por tanto, no hay escapatoria posible frente a los recortes y las agresiones.

En ATTAC Andalucía venimos siguiendo y estudiando la situación socioeconómica de Andalucía, así como la acción del gobierno de la Junta de Andalucía y por eso consideramos que para salir de la crisis en la que estamos se puede ir bastante más lejos de lo que se está yendo y en otra dirección.

Creemos que es posible una lucha más decidida para reactivar la creación de empresas y de empleo. Andalucía no puede aceptar sin más que su riqueza sea fuente de beneficio para otros, que se inutilicen nuestros recursos porque no entran en la estrategia de rentabilización de grandes grupos multinacionales. Tenemos suficientes recursos endógenos, pero mal aprovechados por la persistencia de grupos rentistas que se limitan a obtener la ganancia fácil y a dar pelotazos. Creemos que sería posible recuperar nuestro mercado interno, nuestra agricultura, nuestra capacidad productiva autóctona, nuestros canales de distribución, nuestras infraestructuras industriales, hoteleras, de servicios… Aunque es obvio que para conseguirlo, antes que nada hay que desearlo y proponérselo.

En concreto, entendemos necesario y urgente actuar en una serie de planteamientos estratégicos que permitirían superar la inercia que nos condena y paraliza para avanzar en un camino alternativo bastante más eficaz para resolver los problemas económicos que tenemos por delante.

4. Creemos que es imprescindible reconsiderar la política financiera de la Junta de Andalucía para garantizar el presupuesto básico del que depende un auténtico desarrollo social y económico en Andalucía: financiación suficiente y adecuada para poner en marcha nuevas actividades productivas y empresariales que no destruyan bienestar social ni el medio natural, que promuevan nuevas formas de consumo y una distribución de los ingresos y de la riqueza justa. Todo ello nos parece que debe concretarse en la creación de un sistema financiero público andaluz de nuevo tipo y en el desarrollo de entidades financieras descentralizadas y cooperativas.

Todos los territorios inversores y con tejido económico del Estado Español (y por supuesto en el resto de Europa) poseen un tipo de banca autóctona que vela en última instancia por captar activos e invertirlos de forma prioritaria en su territorio. Andalucía también lo merece.

Es urgente disponer de un sistema financiero público andaluz, con criterios de total transparencia, banca ética y gestión controlada democráticamente, una fórmula bien pública, bien público-cívica o bien cooperativa que capte el ahorro andaluz para poder apoyar la economía andaluza.

La economía social es hoy por hoy el valor más seguro para la creación de empleo y tejido de economía productiva. Pero este sector necesita igual que las pymes o las y los autónomos, de un acceso rápido y fácil al crédito, que el actual sistema financiero ni proporciona ahora ni lo va a hacer en los próximos años.

La creación de una comisión parlamentaria para funcionar con prácticas y tiempos parlamentarios no es la solución. Aun siendo positiva y necesaria se debieran haber tomado ya medidas más urgentes.

5. Nos parece igualmente necesario replantear el alcance que está teniendo una lucha contra el paro que es, bien por causas propias o de nuestro entorno, claramente frustrante. La creación de puestos de trabajo no se consigue haciendo planes sobre el papel sino incentivando y poniendo recursos materiales, financieros y humanos al servicio de la creación de empresas y proyectos de emprendimiento vinculados a nuevas actividades y necesidades sociales. Y en este sentido creemos que Andalucía puede crearlos si pusiera en valor los recursos ingentes que están perdiendo al mantener a una gran parte de la juventud y de la población femenina fuera de la actividad productiva.

Creemos que debería abrirse una gran debate para que la ciudadanía analice qué falla y para reflexionar sobre la naturaleza y eficacia real de nuestras políticas y planes de empleo, pues es evidente que no dan los frutos que todos desearíamos. Al mismo tiempo, es necesario avanzar en las condiciones que deberían tener planes de choque que sean efectivos contra el desempleo, la exclusión social, la desigualdad, el paro juvenil, la economía informal, la discriminación y la exclusión de género. Respecto a esto último es indispensable la elaboración de un plan de promoción de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres para evitar que la intensificación del trabajo doméstico que provocan los recortes sociales recaiga exclusivamente, y como es ya habitual, sobre ellas…

6. La administración pública andaluza está lamentablemente cada vez más alejada de una población, que no la siente como suya, ni moderna ni eficiente, y eso es lo que permite que cale en la ciudadanía falsedades como las que afirman que sobran empleados públicos o que el sector público no sirve para nada.

Es importante garantizar el empleo, pero eso no puede hacerse a costa de mantener docenas de oficinas públicas con cientos de personas inactivas. Urge, pues, una reforma profunda de nuestra administración para hacerla más eficiente y útil a la actividad productiva y a las necesidades sociales.

No puede entenderse que como recurso de ahorro, el Gobierno de la Junta de Andalucía, tal y como están haciendo los gobiernos autonómicos del PP, esté suprimiendo programas y proyectos, o desdotando de efectivos sistemas como los de educación o sanidad públicos que básicamente se traducen en el despido o la precarización de trabajadores y trabajadoras. De esta forma, lo que se consigue, es incrementar el paro y reducir el empleo de mayor calidad. Y frente a ello, planes de choque que se resumen en la creación de puestos de trabajo más inestables. Planes que aun siendo necesarios no pueden ser los únicos, ni perdurar en el tiempo de forma indefinida, ni se pueden aplicar sin evaluar y ensayar otra política de personal y de reasignación de profesionales.

En particular, creemos que la Junta de Andalucía debería promover una reforma profunda de la estructura y funcionalidad de los ayuntamientos. La Junta de Andalucía tiene una administración que en ocasiones duplica funciones con los ayuntamientos o los sustituye en sus competencias, sin asumir el coste político y material de la proximidad o bien atribuyéndoles cargas que no pueden soportar, tanto en materia de personal como de programas de actuación (sociales, de empleo, culturales, de gestión etc.). Ello, unido a la caída de ingresos por el hundimiento del sector inmobiliario, al descenso de la participación en los impuestos del Estado como consecuencia de la reforma tributaria de 2006 y de la prohibición en 2010 de renovar los préstamos a largo plazo, han creado serios problemas económicos y de tesorería a los ayuntamientos andaluces. Frente a esa inercia, nos parece urgente e imprescindible fomentar el nacimiento de un nuevo municipalismo, basado en un engarce diferente con las demás administraciones y más vinculado a la promoción de la actividad productiva, más participativo y generador de nuevas formas de creación de riqueza, desactivando cuanto antes el vano intento de retomar el suelo y la construcción como motores principales de un crecimiento tan insostenible como socialmente insatisfactorio.

Y para que todo ello se efectivo creemos, por un lado, que es imprescindible implantar con eficacia y credibilidad una evaluación participativa de las políticas públicas que mejore la calidad de la democracia y la gestión, implicando a la ciudadanía en el diseño, ejecución, revisión, evaluación continua y rediseño posterior de las políticas públicas. Es necesario fomentar una democracia participativa, por encima de intereses corporativistas, que garantice que la acción de las administraciones públicas y la economía esté orientada y no se desvíe del interés general y el Bien Común de la ciudadanía vinculada al territorio.

7. La burbuja inmobiliaria ha dejado en Andalucía un urbanismo hecho a la carta de promotores inmobiliarios y especuladores, orientado a la actividad especulativa y destructora de territorio basado en la expansión urbanística de tipo extensivo, construyendo en horizontal miles de hectáreas y creando así necesidades extremas de infraestructuras de saneamientos, de transporte y de movilidad no solo muy costosas para la Junta de Andalucía y el erario público sino terriblemente ineficaces e inútiles a la postre.

Nos parece que no basta con lamentarse, sino que es imprescindible la reforma profunda de nuestra legislación urbanística, muy particularmente para garantizar la pervivencia de nuestro medio natural y para poder revitalizar un nuevo sector de agricultura ecológica y sostenible.

8. Creemos que es básico que la ciudadanía tenga la mayor complicidad posible con los gobernantes y que para ello es fundamental que conozca y entienda lo que ocurre, quiénes somos los perjudicados y de qué modo, y quiénes los beneficiarios de todo lo que está pasando. Para ello se debería abrir un amplio proceso de debate público, masivo y participativo sobre nuestras condiciones económicas, sobre el alcance y problemas de nuestras políticas públicas y, en concreto, sobre la naturaleza de la deuda privada y pública que nos atenaza y sobre su génesis, condicionantes y medios diversos para atajarla. La realización de este tipo de debates y auditorías y que sean difundidas a través de los medios de comunicación públicos son una condición indispensable para la movilización social y el apoyo a las instituciones públicas andaluzas.

9. Tenemos la convicción de que gobernar no es sólo hacer sino también plantear e impulsar el diseño estratégico de la Andalucía que queremos y, como acabamos de señalar, el debate sobre los obstáculos y fortalezas para construirla.

Por eso nos parece igualmente fundamental reflexionar sobre el papel asignado a Andalucía en la división de funciones que los centros de decisión europeos vienen imponiendo. Queremos a Europa, pero tenemos la convicción de que, tal y como está configurada la Unión Europea y con las políticas que aplica, no es un aliado para Andalucía sino una rémora. Y creemos que los andaluces deberían reflexionar sobre ello, porque, entre otras cosas, es esta Unión Europea la que nos obliga a realizar recortes y aplicar políticas nefastas que profundizan la crisis y nos condenan a muchos años de nuevo atraso y empobrecimiento.

Nos parece fundamental pues, abrir seriamente el debate sobre esta Unión Europea y sobre las consecuencias de sus políticas para Andalucía, denunciarlas y enfrentarse a ellas con decisión. Mientras no se haga, las propuestas de la Unión Europea serán la mejor coartada del Gobierno de Madrid para agredir al pueblo andaluz.

10. Sabemos que las dificultades para cambiar el rumbo de los hechos sociales son muy grandes, y mucho más en estos tiempos. Pero la experiencia también nos enseña que avanzar en el bienestar y la democracia es algo imposible cuando los gobiernos no hacen pedagogía, cuando creen que es solo su acción institucional la que genera los cambios. Por eso entendemos que el gobierno andaluz, y las dos fuerzas políticas que lo sostienen, deben hacer un esfuerzo mucho mayor para llegar a la población y para hacer que las gentes de abajo, normales y corrientes, sean la base de su poder y la fuente de su inspiración y de su acierto. Que sean sus cómplices activos y no simplemente un electorado pasivo que sólo actúe cada cuatro años.

Quienes están gobernando la Junta de Andalucía deberían ser conscientes de que su esfuerzo, por muy bienintencionado que sea, resultará inútil si no actúan de la mano de la ciudadanía, si no la escuchan constantemente y si no hacen que sea la sociedad en su conjunto la auténtica protagonista y determinante de su acción de gobierno.

En nuestra opinión, no deberían conformarse con actuar como lo vienen haciendo. Deberían abrir nuevas vías de participación social, crear nuevos espacios de co-gobierno y decisión, garantizar la máxima transparencia en la gestión, difundir lo que se hace y lo que no y las razones que motivan todas y cada una de las decisiones que se toman. Entre otras cosas, fomentando el uso de medios libres y comunitarios y realizando un mejor uso de aquellos de propiedad pública. Es así como puede contribuirse a que la población andaluza tenga una educación e información independientes, plurales, democráticas, cosmopolitas y responsables.

Y eso, naturalmente, no se puede hacer simplemente poniendo a recorrer miles de kilómetros a una docena de consejeros y consejeras, sino movilizando al conjunto de la sociedad, y haciendo que sean todos y cada uno de los andaluces y andaluzas que sienten su tierra como propia los mediadores de una acción que se enfrenta a una agresión sin precedentes contra los derechos sociales y contra nuestra autonomía.

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