Fernando Moreno Bernal – ATTAC Cádiz

Hay dos intereses contrapuestos: los del capital y los de las personas. No existe “profesionalidad neutra” ni “modernización” al margen de estos intereses. Francisco Largo Caballero, Ministro de Trabajo de la República en 1933, del PSOE y de la UGT, lo tenía muy claro cuando dotó de los vigentes Estatutos Jurídicos a las Cajas de Ahorros españolas, lo que las hace únicas entre el resto de Cajas de Ahorros del mundo. Estatuto que ni siquiera la Dictadura de Franco se atrevió a desnaturalizar, buscando en ellas una tercera vía entre capitalismo y comunismo.

Aprovechando la actual crisis financiera, provocada por un sistema capitalista agotado y financiarizado aberrantemente, la banca quiere quedarse con el negocio de nuestras Cajas de Ahorros utilizando para ello los 99.000 millones de euros del FROB. Con nuestro dinero público. Francisco Largo Caballero lo habría denunciado, exigiendo la ampliación y fortalecimiento de un sistema financiero al servicio de la ciudadanía y de las pequeñas y medianas empresas (pymes) localizadas en los territorios al margen de la usura y avaricia de los banqueros privados.

El sistema financiero es esencial para el funcionamiento de la economía. Funciona como el sistema sanguíneo de los organismos vivos llevando oxígeno y nutrientes al resto de los órganos del cuerpo. Por eso la prioridad ante la crisis es salvarlo. Pero los países desarrollados no han salvado al sistema financiero, ya que el crédito sigue sin llegar con la cuantía necesaria y el coste adecuado ni a las pymes ni a las familias, sino a los banqueros privados que acumulan riqueza manejando y vendiéndonos nuestros propios depósitos. En aquellos países donde la banca es pública o existe banca pública no hay ni ha habido problemas de financiación de la economía real, de ahí el crecimiento de China, Brasil, India, Venezuela, Ecuador, etc. Incluso países más atrasados como Marruecos no han tenido este problema. Solucionar el problema a los banqueros privados es a la vez destruir y hacer desaparecer el tejido de las pymes y el empleo. O se salva a los banqueros privados o se salva el empleo y el tejido empresarial de la economía real con un sistema financiero público o por lo menos con enfoque social, de banca ética, que muy bien podría sustentarse sobre las actuales Cajas de Ahorros.

La realidad actual de las Cajas de Ahorros españolas

Las Cajas de Ahorros españolas están constituidas con la forma jurídica de fundación de naturaleza privada sin ánimo de lucro y su Estatuto jurídico moderno data de 1933, el Estatuto para las Cajas Generales de Ahorro Popular, que fue defendido en las Cortes de la Segunda República por el entonces ministro de Trabajo del PSOE, Francisco Largo Caballero[i]. No pueden repartir dividendos entre accionistas, que tampoco poseen. Sus principales características son que compiten en el mercado sin abandonar su finalidad social. Desde 2007, con la crisis financiera y la desconfianza hacia la banca privada, han incrementado su importancia en el mercado financiero español pasando a representar del 39%[ii] del total a más del 50%, lo que cuestiona la validez de los dogmas neoliberales sobre la competitividad, productividad, eficacia y eficiencia de los agentes económicos basados en el enriquecimiento como motivación fundamental. Un sector social basado en la solidaridad y cooperación es más productivo, eficaz y eficiente que cualquier otro basado en la competitividad y el egoísmo individualista e insolidario.

El verdadero Poder dentro de las Cajas de Ahorros es ejercido por la Presidencia y Gerencia que ostentan un gran nivel de autonomía y discrecionalidad, que unida a la falta de transparencia, la han convertido en un caldo de cultivo ideal para financiación de grandes proyectos faraónicos sin futuro ni rentabilidad social, como es el aeropuerto de Castilla la Mancha con la CCM, pero que satisfacen la vanidad política de sus Presidentes y conllevan grandes contratos a empresas de construcción. Así como para crear redes empresariales locales a su alrededor, llegando a constituirse como el epicentro de un nuevo caciquismo provinciano, de ahí la importancia política que tiene el controlarlas. Las Cajas dieron el 43% del total de préstamo en España en 2008. El préstamo al sector inmobiliario del conjunto de las Cajas se encuentra en torno del 70% de su total, superando en algunas el 80%.

Su máximo órgano social de Gobierno se compone de cuatro bloques: Dos mayoritarios (Municipios e impositores) y dos minoritarios (Patronos fundadores y sindicatos que representan al personal)[iii] Las Leyes de Cajas de Ahorros promulgadas por cada Comunidad Autónoma ha traspasado parte de la representatividad de los municipios y Diputaciones a ellas mismas, con diferencias entre Comunidades[iv]. La última la de Madrid por la clara pugna entre Aguirre y Gallardón. Pugna que sido aprovechada por la banca a través de sus medios de comunicación de masas para desacreditar el papel representativo de los políticos en su administración. Algunos del PSOE e IU pensando que los contendientes son del PP no se han enterado que las piedras van sobretodo contra ellos en el conjunto de las Cajas de Ahorros. La dispersión y heterogeneidad de sus componentes (los representantes de los impositores se eligen por sorteo con unos niveles de saldos mínimos establecidos por cada Caja lo que garantiza el extracto social del que proceden) unido a que las competencias de estos órganos de Gobierno son prácticamente simbólicas otorga un nivel de autonomía a los ejecutivos excesiva.

Una parte importante de los beneficios obtenidos que oscila entre el 18% y el 22% revierten a la sociedad a través de su obra social, que pretende atender las demandas sociales de la población realizando principalmente labores de integración de los colectivos más desfavorecidos, actividades culturales, restauración y conservación del patrimonio histórico artístico nacional, conservación del medio ambiente, etc. No hay reparto de dividendos entre los patrones de la Fundación. La banca privada reparte dividendos entre sus accionistas oscilando entre el 46% y el 54% de los beneficios, a pesar de las crisis y de las ayudas con fondos públicos y prestamos a más bajo interés (1% del BCE) con los que ellos después prestan esos mismos fondos a los propios Gobiernos (3,25%) para que financien los programas para salvar, entre otras, a estas mismas entidades financieras privadas mediante fondos como el FROB. Ni quieren ni necesitan prestar a pymes y familias que puede incrementar su tasa de morosidad.

En general, y a pesar de la libertad operatoria, están especializadas en la canalización del ahorro popular y en la financiación de las familias y de las pymes. Sin embargo, desde mediados de la década de los noventa del S XX y dirigidas por esos “buenos profesionales financieros” que tanto alaban los neoliberales se han dejado arrastrar por el torbellino de los beneficios de más del 20% en los mercados especulativos, sean estos de derivados financieros o de especulación inmobiliaria, lo que ahora las han puesto en riesgo amenazadas fundamentalmente por la morosidad del sector inmobiliario. Tienen una fuerte raíz local, con una densa red de oficinas de implantación fundamentalmente regional, aunque algunas de las cajas más importantes ya tienen presencia nacional e internacional relevante, incluyendo desde hace una década la constitución de bancos con sede en Paraísos Fiscales desde donde manejan parte de la economía sumergida del sector inmobiliario y pagan sobresueldos a sus directivos políticos y gerenciales al margen de la Agencia Tributaria. ¿Cómo puede justificarse en base a sus Estatutos que posean filiales domiciliadas en Paraísos Fiscales?

Las cajas españolas atienden al 96,3% de la población, con sucursales en su propia localidad. A principios de 2009 existían 45 cajas de ahorro, inmersas en procesos de fusión promovidos por casi todas las Comunidades Autónomas. Desde el Banco de España, que apuesta por unificar el sistema financiero español con el modelo de la banca, se presiona a las Cajas para que reduzcan esta implantación y el empleo que conlleva.

Cajas para el “mal vivir” (capital) o Cajas para el “vivir bien” (personas)

Las cajas de ahorro españolas se encuentran ante una encrucijada: o se mantienen siendo coherentes con su naturaleza jurídica o desnaturalizan esta y se transforman paulatinamente en sociedades mercantiles privadas traspasando su negocio a la banca que terminaría, antes o después, engulléndolas. Dos caminos diferentes con claros beneficiados y perjudicados desde una óptica de clase social.

El 18 de enero de 2007 se presentó en Madrid el Informe “Las Cajas de Ahorros. Modelo de negocio, Estructura de propiedad y Gobierno Corporativo.” de la Fundación de Estudios Financieros en el que se recomiendan determinadas modificaciones y acciones a realizar por el Banco de España con respecto a las Cajas de Ahorros, meses antes de que comenzara oficialmente la crisis financiera de las subprime. Estas recomendaciones en gran parte se han plasmado en el Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre Reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito (FROB) para no dejar de aprovechar las grandes oportunidades que ofrece una buena crisis.

La creación del Fondo de Adquisición de Activos Financieros, el programa de avales a la financiación de las entidades de crédito y el aumento del importe máximo garantizado por los Fondos de Garantía de Depósitos fueron medidas coyunturales para socializar las pérdidas o, como dicen, “contener los costes del agravamiento de la crisis sobre el sistema financiero privado.”. El Real Decreto-ley 9/2009 se enfoca al medio y largo plazo con la reestructuración del sistema bancario, con una clara apuesta por los intereses de la banca privada y contra el vigente aún modelo de Cajas de Ahorros españolas.

La nueva regulación refuerza el poder del Banco de España como supervisor. Miguel Ángel Fernández Ordóñez pilotará las crisis bancarias que vayan surgiendo y decidirá a quién se salva y a quién no, qué entidades deben fusionarse y cuáles tienen salud suficiente para absorber competidores con problemas. No admite el poder de veto de las comunidades en las cajas intervenidas, otorgándose a las decisiones del Banco de España la naturaleza jurídica de normativa básica del Estado, por encima de los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas, avanzando en la marginación de los representantes políticos. El Gobierno pone sobre la mesa 9.000 millones de euros, y la capacidad de endeudamiento. El proceso durará años, por lo que el fondo podrá acudir a los mercados de deuda con el permiso del Gobierno hasta un límite de 99.000 millones. Entre las posibles salidas a una situación de crisis se prioriza la privatización. La compra de CCM por Cajastur se hace mediante el traspaso de sus bienes a un banco de su propiedad privatizándola. Las entidades más o menos sanas que acudan al rescate pueden pedir recursos al FROB, a cambio de participaciones preferentes, a devolver en un plazo de cinco años, prorrogables dos años más.

Fortalecer las Cajas de Ahorros para las personas (vivir bien)

Con motivo de la reunión del G20 en Londres, la CSI (Confederación Sindical Internacional, a la que pertenecen CCOO y UGT) emitió una declaración[v] que, entre otras muchas propuestas, plantea que, en relación a los bancos insolventes, “la nacionalización es la única manera de restaurar la confianza, compartir los riesgos de manera justa y garantizar que los contribuyentes salgan también beneficiados una vez se restaure la solvencia”. Ignacio F. Toxo y Cándido Méndez, secretarios generales de CC.OO. y UGT, hicieron llegar el 23 de marzo una carta al presidente Zapatero, adjuntándole la citada declaración y exhortándole a defender su contenido en la reunión del G20.

De esta declaración son los puntos del 18 al 22 los referidos a un nuevo modelo de sistema financiero. Estos puntos no son trasladados ni exigidos en España ni por CC.OO. ni por la UGT en sus Congresos de Federación, que eluden hablar de nacionalización de entidades de crédito con problemas.

Aumentar la satisfacción de las necesidades sociales, la seguridad y tranquilidad en el medio y largo plazo, y sentirse cada persona participe en la construcción de su futuro y el de la comunidad en la que vive, que conlleva la plena realización individual en libertad y la tranquilidad interior de las personas, que es a lo que venimos llamando “vivir bien”, requiere de un sistema financiero con otros valores y con otros indicadores. El PIB es una brújula que no nos sirve y que nos desvía del camino que nos conviene socialmente. Altas tasas de crecimiento de los beneficios en las Cajas de Ahorros tampoco.

Desde una clara opción de defensa de los intereses de las personas se debería defender dentro de las Cajas de Ahorros lo siguiente, sin ánimo de ser exhaustivo y pendiente de un necesario y amplio debate:

1. Defensa de la actual naturaleza jurídica de las Cajas como prioridad, recuperando su vinculación con las necesidades sociales y los territorios de sus Comunidades Autónomas.
2. Consolidación del control político y social democrático de las mismas, incluyendo la determinación de los porcentajes y fines de su Obra Social.
3. Modificar la forma de elección de los impositores para garantizar su representatividad al margen de su poder adquisitivo (el 98% del total de impositores no está representado) primando la constitución de asociaciones representativas y aumentando el poder real de sus competencias.
4. Fortalecer la representación de Sociedades de Economía Social para anclar su actividad a la economía real productiva del territorio.
5. Prohibir sus actividades en Paraísos Fiscales e inversiones especulativas en los mercados financieros de valores variables, dentro de un Plan de Inversiones Socialmente Responsables.
6. Mayor trasparencia y control de la Gerencia y equipo directivo por parte de sus Órganos Sociales.

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[i] Decreto de 14 de Marzo de 1933. Aprueba el Estatuto de las Cajas e introduce una dimensión social y redistribuidora nueva, sustituyendo la dimensión moral y filantrópico-religiosa anterior.
[ii] “El sistema Financiero Español ante el nuevo entorno financiero”. Fundación de Estudios Financieros. Papeles de la Fundación nº 28. 2009
[iii] LORCA, Ley 317 de 1985, de 2 de agosto, de órganos Rectores de Cajas de Ahorros.
[iv] Tribunal Constitucional. Sentencia 48/88 de 22 de marzo de 1988 que afecta al nº de representantes por grupos.
[v] Texto completo en http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/20090319121200-Microsoft_Word_-_G20_London_Declaration_FINAL-ES.pdf