Lina Gálvez – Consejo Científico de ATTAC España

Cuando el gobierno de España aprobó dentro del Plan-E, el Fondo Estatal de Inversión Local, muchos científicos sociales alertamos sobre el desigual impacto de género que podría tener, y que por esa vía no íbamos a avanzar en el cambio de modelo productivo que necesitaba España para salir de la crisis con mayor sostenibilidad e igualdad porque la desigualdad, también la de género, era una de las causas últimas de la crisis.

El Plan-E no cumplía la Ley de Igualdad aprobada por el mismo gobierno en 2007 que habla de obligatoriedad en la transversalidad de género, y que implica el reconocer y tener en cuenta las diferencias entre las condiciones de vida, las situaciones socio-económicas y culturales y las necesidades de mujeres y hombres en todas las fases de la intervención pública: detección, decisión, planificación, ejecución, evaluación y documentación de las políticas públicas. No la cumplía, primero, porque carecía de análisis de impacto de género, y segundo, porque a pesar de carecer de dicho impacto, al centrarse en la construcción, un nicho de empleo masculino, favorecería de forma clara a los hombres. La aplicación del Plan que hicieron los ayuntamientos mostró, además, que las infraestructuras construidas con esos fondos no solo no iban a propiciar la creación de puestos de trabajo para mujeres sino que tampoco tendrían la mejor utilidad social, porque en lugar de dedicarse a crear escuelas infantiles o centros de mayores en desarrollo de la Ley de Dependencia, por ejemplo, se dedicaron en muchos pueblos y ciudades a obras menores o menos útiles como la construcción de vallas de cementerios o de campos de futbol. Siguiendo una filosofía prácticamente calcada a la del gobierno central, la Junta de Andalucía completó la inversión estatal con el Plan Proteja, que en una primera fase sólo financiaba actuaciones en el sector de la construcción para paliar el avance del paro que había provocado la crisis inmobiliaria.

Sus resultados sobre el empleo se acaban de conocer y confirman nuestras previsiones. A lo largo de 2009, las mujeres representaron sólo el 1,8% de los 19.016 puestos de trabajo creados por ese plan. Y aunque aún no contamos con los datos de 2010, la continuidad en las preferencias de los ayuntamientos, apunta en la misma dirección.

La causa de que se haya dado incluso un paso atrás en la lucha por la igualdad es triple. La primera es que no hemos avanzado prácticamente nada en el cambio del modelo productivo que se había anunciado. La Ley de Economía Sostenible aprobada hace unos meses se ha convertido en una auténtica utopía a raíz de los recortes presupuestarios, mostrando así que las decisiones “de los mercados” y del FMI nos llevan hacia atrás y no adelante, como nos quieren hacer creer. La segunda es que a pesar de tener algunas de las mejores leyes de igualdad de mundo, tanto en España como en Andalucía, se sigue asumiendo como natural la división sexual del trabajo que sitúa al hombre como el ganador de pan de la familia y a la mujer como la encargada del manteniendo del hogar y el bienestar de sus miembros, lo que hace que su vinculación con el empleo siga siendo auxiliar o subsidiaria. Y la tercera, es que no se hace frente con contundencia a los estereotipos machistas que consideran que determinados trabajos son exclusivamente “de hombres”, cuando no hay ninguna razón biológica o natural que así lo determine.

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