MAFO y las SIP, trampa para las Cajas de Ahorros

Comunicado de la Comisión Justicia Fiscal Global – ATTAC España

El 24 de Marzo en Valencia, ante un público formado exclusivamente por empresarios, el Gobernador del Banco de España amenazó a las Cajas de Ahorros pequeñas con la intervención, liquidación y posterior venta, con reducción traumática del empleo y expedientes a los consejeros y demás órganos de gobierno “en cuanto dejen de ser viables”. Responsabilizó a empleados/as, consejeros y Comunidades Autónomas del incremento del coste para el contribuyente. Exige mayor transparencia a todo el sector de Cajas de Ahorros para mostrar su realidad al público, para acabar exigiéndole al Gobierno una urgente reforma de la Ley de Cajas de Ahorros que conceda derechos de voto a las cuotas participativas de las cajas, de forma similar a las acciones de los bancos.

Quien fracasó en el control de la inflación del precio de un bien básico para la vida de la ciudadanía como el de la vivienda, que llegó a revalorizarse en porcentajes anuales cercanos al 30%. Quien es máximo responsable de permitir la especulación inmobiliaria y el masivo endeudamiento privado de empresas, entidades financieras y familias que está en la raíz de todos nuestros actuales problemas económicos y sociales. Quien ha sido ineficaz para garantizar y hacer fluir el crédito a las pequeñas y medianas empresas y familias, una de las principales razones del hecho diferencial y tremendo incremento del paro en España y, en consecuencia, del déficit fiscal de las Administraciones Públicas. Quien nada hace ni dice sobre la opacidad de todas las empresas domiciliadas en Paraísos Fiscales pertenecientes a grupos de empresas de Bancos y Cajas de Ahorros españolas, que sirven para falsear la contabilidad, defraudar impuestos propios y de sus principales clientes y eludir a la Justicia española con sus inmorales retribuciones, indemnizaciones por despido y fondo de jubilación. MAFO como Gobernador del Banco de España, y en el contexto de las políticas promovidas por los Gobiernos desde 1997 que impulsaron la burbuja especulativa inmobiliaria, no tiene autoridad moral para amenazar ni exigir nada a nadie como inútil defensor de los intereses generales de nuestra ciudadanía en la política monetaria.

El Banco de España, por sus estatutos, debe servir al interés general de la ciudadanía de España. No tiene legitimidad alguna para adoptar medidas que beneficien en exclusiva a una minoría, no siempre española ya que la mayoría de las acciones de la gran banca son propiedad de fondos de inversión internacionales, en contra de la inmensa mayoría de la población del país. Exige transparencia al sector de Cajas de Ahorros y oculta las verdaderas motivaciones y objetivos de esta premura y exigencias.

La Comisión de Justicia Fiscal Global de ATTAC España condena la descarada y pública manipulación política que desde las Comunidades Autónomas se hace de las Cajas de Ahorros. Las luchas por el control de Caja Madrid entre Aguirre y Gallardón, y las claras manipulaciones e ingerencias de las Comunidades Valenciana, Gallega, Castilla la Mancha, Andalucía, etc. en sus Cajas de Ahorros están justificando ante la opinión pública un argumentario que llevan a repetir en España lo acontecido en Gran Bretaña en la década de los ochenta con Margaret Thacher, y en Italia en los noventa con la Ley Amato (1990) y la Ley Ciampi (1998): La desaparición de las Cajas de Ahorros. Argumentario que lleva, en caso de permitírselo, a que nos roben las Cajas de Ahorros segregando el negocio financiero de la Obra Benéfica y Social (OBS). Vaciando de contenido a la entidad jurídica que permanece y transfiriendo el negocio financiero que es el que le interesa a los bancos e inversores a sociedades mercantiles susceptibles de ser absorbidas por estos.

La realidad actual de los Bancos y Cajas de Ahorros españoles es bastante similar en su gravedad. Posiblemente algo mejor las Cajas que los Bancos, ya que las primeras no están tan expuestas al riesgo de impago de las grandes constructoras e inmobiliarias de ámbitos nacional y autonómico, a la pérdida de calificación soberana de los países europeos, y tienen una menor morosidad de créditos al consumo y pymes que está repuntando. Las Cajas, por el contrario, están más expuestas que los bancos a la morosidad de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, con excepción del BBVA que al adquirir Argentaria se quedó con los históricos prestamos del Banco de Crédito Local a Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, y a las constructoras e inmobiliarias de ámbito local y provincial, así como en los préstamos hipotecarios a las familias. En su propia declaración MAFO deja ver que actualmente la inmensa mayoría de las Cajas de Ahorros no tienen problemas de viabilidad, partiendo sus amenazas de una futura e hipotética inviabilidad. ¿Por qué no se presiona a la Banca?

Desde el Banco de España se presiona a las Cajas de Ahorros pequeñas y medianas a desaparecer dejándose absorber por alguna grande (fusión) o a constituir un SIP (Sistema Institucional de Protección) regulados por la Directiva europea 2006/48/CE que se traspone en el ordenamiento jurídico español con el RD 216/2008. Normativa que según los Informes Uría Menéndez y Garrigues es incompatible con el ordenamiento vigente de las Comunidades Autónomas. Garrigues defiende las Agrupaciones de Cajas, frente al Informe Uría que opta abiertamente por la constitución de Bancos, reclamando una nueva Ley de Cajas que cubra las lagunas legales en la regulación de las SIP. Comenzar o acelerar el proceso de constitución de estos Sistemas Institucionales de Protección (SIP) sin clarificar mediante Ley, con los requisitos de procedimiento democrático y transparencia que implica, su naturaleza jurídica, estructura orgánica y funcional, y tratamiento fiscal, es adentrarse por una senda sin saber cuál es el final. Y quién no sabe a donde va termina siempre en el lugar equivocado.

Los SIP son una trampa. Se justifican como mecanismo de apoyo y defensa mutuo entre diferentes Cajas de Ahorros que garanticen la liquidez y la solvencia de sus miembros, permitiéndoles mantener su identidad y personalidad jurídica. Cada una de las Cajas cede parte de su actividad financiera, estructura y servicios al SIP, que será el órgano gestor ya con forma de sociedad mercantil. Aunque se habla de autonomía y libertad para esta cesión por parte de las Cajas, aquellos SIP en construcción que quieran beneficiarse de los fondos del FROB tendrán que tener un alto grado de transferencias de los negocios financieros de sus Cajas partícipes que las haga irreversibles. Estarían fusionadas en la práctica a través de una mercantilización societaria que desnaturaliza su esencia jurídica.

Con los SIP las Cajas pierden el control del negocio financiero que hoy financia la OBS, por lo que esta Obra Benéfica y Social desaparecerá a medio plazo.

El máximo órgano de los SIP es un Consejo de Administración del que formaran parte los Presidentes y Directores Generales de las Cajas miembros, tesis defendida en el Informe Garrigues. Los diferentes bloques que conforman las actuales Asambleas Generales de las Cajas de Ahorros se quedarán sin control sobre las SIP, mientras que los Directores Generales que no tienen la condición legal de Consejeros serán los que tomen las decisiones del grueso de negocios de las Cajas. Los Directores Generales pasaran a ser propietarios en la práctica del capital, mientras que los representantes de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, impositores, socios fundacionales y empleados/as se quedan dirigiendo la estructura de la OBS que a medio plazo quedará vacía de contenido y sin recursos. De aquí la complicidad y defensa de los SIP que hacen los Directores Generales de las pequeñas y medianas Cajas de Ahorros.

La Comisión de Justicia Fiscal Global de ATTAC España entiende la resistencia que desde las Asambleas Generales de las Cajas de Ahorros y desde las Comunidades Autónomas mantienen tanto a los procesos de absorción por las Cajas grandes de otras Comunidades Autónomas como a las SIP trampas. Entendemos que la necesaria e imprescindible reforma del sistema financiero español pasa por una nueva Ley que regule tanto a Cajas de Ahorros como Bancos y controle las prácticas especulativas de unas y otros en el casino financiero internacional, y recupere un sistema financiero con vocación de servicio a las pymes y a las familias vinculado con los territorios, con democracia económica interna y control político y social.




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