Los vampiros de la Sanidad pública madrileña

Aguirre-GonzálezJosé Antonio Pérez – ATTAC Madrid.

Coincidiendo con la celebración de Halloween, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, anunció varias medidas letales para el sistema público de Salud madrileño. Aparte del discutible euro por receta, las reformas aprobadas significan que no quedará ningún hospital de gestión puramente pública; uno de cada tres centros estará totalmente en manos de empresas y se privatizan 40 de los 400 centros de salud de la región. A lo que hay que añadir el desmantelamiento del Hospital Universitario de la Princesa, el más prestigioso centro sanitario de la región donde se forman muchos médicos.

“Hay que aprovechar la crisis para introducir medidas de racionalización”, afirma González en una entrevista en el diario El País. Pero el verbo “racionalizar” es escasamente objetivo. Para quienes creen en la existencia de vampiros, colgar ristras de ajos en su casa es una conducta perfectamente racional y acorde con sus creencias. Pero será irracional si se demuestra que los vampiros no existen.

Esa racionalización de la que habla González no supone mejorar la asistencia sanitaria de los madrileños, que debería ser la prioridad de los gestores públicos. Ahora bien, es una gran oportunidad de negocio para las corporaciones sanitarias ávidas de lucro a costa del doliente. Laboralmente, el cambio afectará a unos 5.500 profesionales, a los que se ofrecerá pasar a ser contratados por las empresas concesionarias que se queden la gestión de los centros. O sea, que no estamos ante una razón de interés público, sino ante una razón de mercado.

La iniciativa privada tiene perfecto derecho a defender sus ideas siempre que  sean coherentes con ellas, es decir, que desarrollen sus negocios en la esfera privada sin percibir un céntimo de los presupuestos públicos. Pero lo que el Partido Popular está haciendo con la Sanidad Pública es entregar su patrimonio al sector privado, pagándole además por ello. Un ejemplo, la Fundación Jiménez Díaz, centro privado concertado, recibe anualmente más de 300 millones de euros para atender a los pacientes madrileños que tiene asignados en sus 550 camas.

Lo que resulta cuando menos chocante es que las dos últimas personas que han ostentado la presidencia de la Comunidad de Madrid sean quienes han protagonizado continuos ataques contra el sector público y sus funcionarios. Pues tanto Esperanza Aguirre como Ignacio González son ambos funcionarios de carrera. Lo cual debe serles reconocido como un mérito personal. Ahora bien, ¿por qué estos funcionarios, cuyo deber sería defender las instituciones públicas, son precisamente los que, llegados al poder, centran su labor en destruir lo público?

González sostiene que la gestión privada de los hospitales supone un menor coste, pero cuando se le recuerda que a las concesionarias que gestionan los hospitales se les tuvo que reequilibrar en 2010 el canon previsto inicialmente, aumentándolo en dos millones de euros, responde con desparpajo que “Esto sucede en cualquier obra. Cuando se produce la liquidación de las obras, hay unas diferencias sobre los costes previstos. Y lo que se hace es ajustar el canon. Es habitual”.

Esta “habitualidad” contradice por completo esa pretendida optimización del servicio de Sanidad pública madrileña al pasarlo a manos privadas. Pero González deja claro que su propósito es privatizar el patrimonio de todos los madrileños cuando reconoce que otro servicio público, como es el suministro de agua a través del Canal de Isabel II ofrece beneficios. Pese a lo cual, también lleva tiempo intentando privatizarlo, un proceso que “no lo hemos puesto en marcha, no lo hemos llevado adelante porque el mercado está como está y, según todos los informes de los analistas, no es posible. Así que lo que vamos a hacer es repartir los beneficios, que son de 120 o 130 millones al año, entre los accionistas, que somos nosotros y los ayuntamientos”.

Así que, algo que es rentable, que proporciona ingresos a las arcas públicas se quiere también privatizar ¿Esto es racionalidad de gestor que defiende el interés público o racionalidad de vampiros?

La política sanitaria del Partido Popular consiste en una vampirización de todo aquello que funciona bien en el sector público. Lo ha hecho en Castilla La Mancha, y lo está haciendo ahora en Madrid. Los manijeros de este latrocinio son funcionarios en excedencia, con una plaza esperándoles en la Administración el día que decidan, o se les acabe, la oportunidad de seguir ejerciendo cargos de elección pública por los que perciben elevados salarios pagados por el contribuyente. Creo que ahora empiezo a comprender a quienes se refiere Cesar Molinas cuando habla de las clases extractivas.

Uno de los centros hospitalarios más importantes de Madrid está en peligro: el presidente de la Comunidad de Madrid quiere convertir el hospital de La Princesa en un geriátrico, dejando en la calle a muchos de los más de 3.000 trabajadores del centro y sin atención a miles de madrileños.

Se calcula que este hospital ofrece cobertura sobre una población de 400.000 potenciales usuarios. Si lo cierran, todos los enfermos de esa zona tendrán que ser atendidos en otros hospitales, saturando aún más si cabe las consultas, tratamientos, quirófanos y listas de espera.Además, se cierran las líneas de investigación abiertas por los profesionales que llevan décadas trabajando ahí para mejorar la atención sanitaria, y cuyo trabajo se tira a la basura.

Hay que parar este desastre con una gran movilización. En un día, esta petición en Change.Org ha alcanzado las 90.000 firmas. Colabora y difunde para llegar a las 900.000.




ATTAC, asociación sin ánimo de lucro, denuncia que el pasado 5 de noviembre fue publicada en el BOE la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en virtud de la cual la reproducción total o parcial, así como la descarga del material de esta página es susceptible de ser gravado por un canon a cobrar por CEDRO, en contra de nuestra voluntad, y por tanto solicitamos su inmediata derogación.


ATTAC Andalucía no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.