Los televisores de plasma no son para pobres

pobrezaJosé Antonio Pérez – ATTAC Madrid.

Lo ha dicho una diputada del Partido Popular valenciano: las familias necesitadas que reciban una ayuda social no tienen derecho a destinarla a la compra de un televisor de plasma. Por el momento, el gremio de fabricantes y distribuidores de electrónica audiovisual no se ha pronunciado.

Nadie cuestiona en qué se gasta su sueldo el trabajador asalariado; ni su pensión el jubilado; ni su paga el guardia de la porra que zurra al manifestante; ni el presupuesto de su Casa el Rey; ni las dietas y otras canonjías el diputado en Cortes. Así como tampoco nadie pide explicaciones por lo que hace con sus emolumentos el presidente de Gobierno, central o autonómico, que recorta derechos sociales y regala hospitales públicos a sus amigos. Y por supuesto, a nadie se le ocurriría pedirle explicaciones de lo que hace con sus réditos al que vive de una renta financiera o inmobiliaria.

Sin embargo, hay gente, más bien gentuza, a la que le parece censurable que una persona en situación de necesidad cobre los atrasos de un subsidio y se compre un televisor de plasma. ¡Hasta ahí podíamos llegar! Rebuscando en los contenedores de basura podían haberse hecho con uno de esos televisores antiguos, de tubo de rayo catódico que la gente tira cuando cambia a un televisor LCD o de plasma. Les habría salido gratis, y total, para lo que hay que ver. Pero mira que comprarse un televisor de plasma…

Según informa el diario Las Provincias, la parlamentaria del PP en la comisión de Política Social Pilar Sol Cortés aseguró en el Parlamento regional valenciano que algunas familias perceptoras de la renta básica de ciudadanía (alrededor de 400 euros) utilizaban el dinero para comprarse una televisión de plasma.

Aclaremos las cosas: para empezar, en este caso no se trata de una auténtica renta básica de ciudadanía, una propuesta de política social que cuenta con un creciente apoyo, pero que no ha sido implantada en ninguna región de España. A lo que se refiere la diputada es a una de esas rentas de indigencia que conceden, no siempre, los servicios sociales. Una persona puede llegar a recibir un misérrimo subsidio una vez que ha demostrado ser pobre de solemnidad. Para ello, se habrá visto sometida a un estricto expediente administrativo de prueba de recursos (means test).

El poder adquisitivo de esas pequeña pagas no permite grandes lujos. Pero aquí se trata del supuesto de una familia que cobra el subsidio con retraso, por lo que recibe el importe acumulado de varias mensualidades. En efecto, la frase textual de Sol Cortés fue: «el gabinete técnico que hacía el seguimiento (de las ayudas) detectaba que el dinero que se entregaba de golpe por haberse resuelto el expediente con anterioridad no se administraba en las condiciones de uso adecuadas y que hay casos de familias que estaban en situaciones de necesidad y a lo mejor luego se compraban una televisión de plasma o utilizaban el dinero para unas cosas no adecuadas».

Aparte de cuestionar la ineficacia administrativa que impidió que el subsidio llegase con puntualidad a los destinatarios, aquí lo primero que hay que definir es qué son cosas adecuadas para una persona en situación de necesidad Y, sobre todo, definir al definidor.

Habida cuenta de que en los confortables sillones del Consejo Definidor de las Necesidades de la Gente no se ha invitado a sentarse a las personas más desfavorecidas, éstas han de resignarse a ver cómo la cobertura de las necesidades mínimas para llevar una vida digna son definidas por otros.

Desde la perspectiva de los pobres —que debiera también ser la de quienes afirman defenderlos— es demasiado arriesgado dejar que sean los ricos —o sus administradores— los que se encarguen de evaluar las necesidades ajenas. Pues es propio de la condición humana utilizar distinta vara de medir las necesidades según se trate de las propias o de las del prójimo.

Hay bastante gente que, sin pertenecer a la clase de los grandes potentados, dispone, pese a la crisis, de sobrada holgura en el bolsillo. Y suele coincidir que aquél que manifiesta con toda naturalidad que «Necesito unas nuevas botas de esquí para la temporada», sea de los que cuestionan con acritud que los servicios de asistencia social paguen rentas condicionales a otro tipo de necesitados. Rentas, por cierto, cuya cuantía es inferior al precio de un par de magníficas botas para el deporte blanco. Sin ir más lejos, unas Lange RS 130, que cuestan 499 € de vellón.

¿A qué dedica su tiempo libre Sol Cortés? ¿En qué emplea su sueldo esta diputada cuyas maneras recuerdan las de otra maritornes del PP? Me refiero, claro está, a Andrea Fabra, la diputada por Castellón que celebró con un sonoro “Que se jodan”, el anuncio por Mariano Rajoy de los recortes en el seguro por desempleo.

Una de las grandes ventajas que tendría la implantación de una verdera Renta Básica de Ciudadanía consistiría en eliminar de plano esa tentación de verter sospechas sobre lo que hace con ella el perceptor. La universalidad en su aplicación nos haría a todos más iguales. Políticamente me refiero, porque en cuestión de entendederas siempre habría algunas y algunos que seguirían siendo más animales que otros.

Por cierto, noticia gozosa: aunque con cierto retraso, me acaban de comunicar que ya tenemos oficina consular en las Islas Marshall, con jurisdicción en los 29 atolones y cinco islas del país. De manera que nuestros pobres pueden trasladarse a vivir a ellas sin temor a verse consularmente desatendidos.




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