¿Libertad condicional para Euskadi?

euskadiAntonio Aramayona – ATTAC CHEG Aragón.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha declarado que le preocupa “muchísimo” un posible triunfo de los independentistas en el País Vasco. En efecto, las primeras encuestas preelectorales sobre la intención de voto en Euskadi el 21 de octubre dan como ganador al PNV por un escaso margen respecto de Euskal Herria Bildu (EHB), quedando muy por detrás PSE y PP. Es decir, a tenor de estos datos, las tesis soberanistas e independentistas quedarían muy por encima de las unionistas o constitucionalistas.

Así las cosas, a la número dos del Gobierno popular puede preocuparle el independentismo, vasco o de otros lares, pero la realidad contante y sonante puede ser en unos meses que una mayoría del pueblo vasco decida democráticamente y sin violencia andar por caminos propios y no hollados hasta el momento.

Puede ocurrir a veces que, al ver la fotografía de algo que no place o disgusta, se evite mirarla o incluso se quiera romperla. Sin embargo, la realidad fotografiada existe más allá de los estados de ánimo, permanece frente al espectador, quieta, alerta. La realidad vasca anuncia la posibilidad de que la izquierda aberzale pueda gobernar en Euskadi por las mismas razones y desde las mismas bases que Mariano Rajoy gobierna en España o Cristina Kirchner en Argentina. Más allá del pataleo de unos o de las esencias patrias heridas de otros, la fotografía que hasta el momento podemos contemplar en Euskadi es esa, y no otra.

No obstante, pueden hacer su aparición los malabarismos torticeros o incluso las trampas y los timos políticos. Sin ir más lejos, la acorazada mediática Brunete empieza ya a utilizar profusamente como cargas de fusilería expresiones como “ilegalidad” e “ilegal” aplicadas a las fuerzas aberzales y a los posibles resultados electorales de octubre: así, por ejemplo, Bildu no puede ser legal porque no ha condenado el terrorismo de ETA o el aberzalismo no puede gobernar legítimamente si va en contra de la legalidad (la actual Constitución española y “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, de su artículo 2).

Resulta indignante constatar cómo la clase política sacraliza o adapta a su antojo la Constitución. En agosto del año pasado los dos partidos mayoritarios, más UPN, cambiaron, sin referendos ni leches, su artículo 135 haciendo uso de su mayoría superabsoluta en el Parlamento, a fin de embutir en su texto el dictado germano-europeo de “estabilidad presupuestaria” y prioridad absoluta del pago de la deuda y los intereses.

En esta misma línea, una parte considerable del pueblo vasco pide un referendo decisorio sobre autodeterminación y su propia “forma de autogobierno”, pero se topa con el artículo 92 de la Constitución: los vascos no tienen derecho a referendo alguno porque en él ha de consultarse a todos los españoles, ha de ser autorizado por el Congreso, propuesto por el presidente del Gobierno y convocado por el Rey. Es decir, pedir un referendo molesto equivale, de hecho, a quedarse seguramente con un buen palmo de narices, a no ser que sirva para consolidar el status quo de la clase económica y política o se solicite solo para tierras tan lejanas como el Sahara Occidental y la República Árabe Saharaui Democrática.

Les habían dicho que deben rechazar la vía de violencia y optar por vías democráticas, donde entonces cabrían todos los planteamientos y aspiraciones políticas. Pues bien, ETA abandona definitivamente la lucha armada (no obstante, queda pendiente aún que entreguen las armas y se disuelvan como organización a todos los efectos), la izquierda aberzale gobierna en centenares de ayuntamientos e instituciones vascas, algunos de primer orden, la vida ciudadana transcurre por cauces normales y democráticos, y ahora se encuentran con que pueden ir olvidando su referendo y sus reivindicaciones soberanistas. No sé cómo lo verá el lector, pero quizá muchos vascos y vascas se sientan objeto de una estafa. No quererse ni sentirse dentro del marco político denominado España no es ilegal, no querer el AVE en Euskadi es legítimo, rechazar los toros para Donosti no es ningún crimen, mantener lazos de convivencia y cooperación con la nación española desde una posición de pleno autogobierno no quita ni resta, sino suma y enriquece a cualquier ciudadano del mundo de buena voluntad.

Hasta octubre no se sabrá los resultados de las elecciones vascas y hasta entonces estaremos anegados de análisis, vaticinios y nubarrones de todos los tamaños y colores. Personalmente, a fin de sacudirme el moho y las telarañas de tantos siglos, prefiero descansar sobre unas palabras de Émile Cioran: “No quiero soñar con la tierra sobre aguas muertas sino sobre rocas trituradas por abrazos de espuma”.

Artículo publicado en El Periódico de Aragón




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