Miguel A. Luque Mateo – Universidad de Almería

“Ha llegado el momento de tomar «decisiones valientes» para salir de la crisis. Hay que recortar los gastos sociales, disminuir las partidas sanitarias, paralizar la inversión pública, congelar las pensiones, rebajar el sueldo de los funcionarios, abaratar el despido, aumentar la edad de jubilación, destinar menos dinero a las personas dependientes y subir los impuestos. Todo ello, para ahorrar 65.000 millones de euros y reducir el déficit público del 11,5% al 3%, de aquí al 2013, como exige Europa”. Este es el discurso que las instituciones y los medios de comunicación nos quieren imponer. En las siguientes líneas intento exponer una visión distinta de lo que está ocurriendo. Para ello, responderé a dos preguntas: 1ª ¿por qué tenemos un déficit público tan elevado? y 2ª ¿es justa la subida de impuestos? Por último, señalaré tres vías de solución, desde la justicia.

Comenzando por la primera, diré que el alto nivel de endeudamiento de los Estados es consecuencia, en gran medida, de las millonarias ayudas públicas al sistema financiero otorgadas a escala mundial. Recordemos que, en 2008, España creó el Fondo de Adquisición de Activos Financieros para comprar a los bancos unos supuestos activos “no tóxicos”, por valor de 50.000 millones de euros; que, en 2009, se aprobó la creación del Fondo de Ordenación y Regulación Bancaria para sufragar, principalmente, los costes de las actuales fusiones e intervenciones de las cajas de ahorros, por un importe de 99.000 millones de euros y que, adicionalmente, se han aprobado avales a las entidades de crédito por importe de 227.000 millones de euros para garantizar sus operaciones financieras (esto último no debe confundirse con el fondo de garantía de depósitos para los ciudadanos). Todo ello se ha realizado con el beneplácito de la Comisión Europea, el Banco Mundial, el FMI, el Banco de España y el voto, casi unánime, del Parlamento español. En total, sin contar los avales, se han aprobado ayudas públicas a este sector por un importe de 149.000 millones de euros, cifra muy alejada de los 2.300 millones de euros anuales que se destinaba al cheque bebé o los 1.400 millones de euros que supondría la no congelación de las pensiones contributivas.

Lógicamente, el Tesoro Público no disponía de ese dinero para dárselo a la banca. ¿De dónde ha salido entonces? Pues de la emisión de Deuda Pública (letras del tesoro, bonos y obligaciones del Estado), que, en definitiva, consiste en pedir dinero prestado, con el consiguiente aumento de nuestro nivel de endeudamiento. Piénsese que, en los dos últimos años, se ha incrementado la deuda española en circulación en 192.881 millones de euros.

Paralelamente a lo anterior, se nos exige subir los impuestos, lo que parecería estar en sintonía con las propuestas de “la izquierda”. No obstante, entrando ya a responder la segunda cuestión planteada en este artículo, diré que no todos los impuestos son iguales de justos. Hay algunos que, por regla general, hacen pagar más a los ricos (los directos, que recaen sobre la obtención de renta, los beneficios y la posesión de patrimonios) y otros que, normalmente, no respetan tanto la capacidad económica (los indirectos, más centrados en el consumo). Pues bien, en España y en resto de países de la UE, se están subiendo estos últimos, mientras que los primeros siguen bajando, incluso en plena época de crisis.

Efectivamente, mientras han aumentado los impuestos sobre “las gasolinas” y “el tabaco” y se ha incrementado el IVA (sin efecto para las empresas y los ricos que operan a través de ellas, porque se lo deducen), el Gobierno socialista ha bajado hasta 10 puntos el tipo de gravamen del Impuesto sobre Sociedades (que hace tributar, por ejemplo, a las grades empresas y las entidades de crédito), ha suprimido el Impuesto sobre el Patrimonio (que pagaban sólo los ricos), ha bajado el tipo de gravamen a los banqueros y sus familiares del 43 al 18%, en importantes operaciones, y ha creado un régimen fiscal privilegiado para que las empresas de alquiler de las entidades de crédito (SOCIMI) puedan arrendar los grandes patrimonios inmobiliarios con los que se han quedado. Lo más escandaloso de todo es que se ha mantenido el tipo de gravamen de las sociedades de inversión de las grandes fortunas (SICAV) en el 1% (frente al 43% al que puede llegar a tributar el común de los mortales).

Lo más triste e irritante de esta cuestión es que las personas y entidades verdaderamente ricas apenas pagan impuestos, porque tienen su dinero e inversiones en los paraísos fiscales, con total opacidad al fisco. De hecho, el 69 por ciento de las empresas del Ibex 35 opera en estos territorios. Según algunas estimaciones, en estos centros se mueven unos 12 billones de dólares, que generan, a su vez, unos 660 mil millones de beneficios, lo que supone una pérdida de recaudación fiscal de unos 250.000 millones de dólares. Y desde aquí operan los famosos “hedge funds”, responsables del ataque a las economías de la zona euro, como la española. Por tanto, el aumento del tramo autonómico del IRPF que pretenden acometer las comunidades socialistas no deja de ser una medida electoralista, con escasa capacidad recaudatoria y dirigida sólo a los asalariados de clase media alta, sin incidencia alguna en las personas y entidades que obtienen beneficios millonarios.

Llegados a este punto, uno es consciente de la jugada maestra del capital. Durante años ha obtenido unos beneficios extraordinarios con la especulación de las hipotecas “subprime”, sin pagar casi impuestos, a costa del endeudamiento del sector privado; cuando el sistema piramidal se desmorona, consigue que el Tesoro Público salga a rescatarlo y le mantenga una fiscalidad privilegiada, con la ingenua promesa de reactivar el crédito a las empresas y los ciudadanos a los que tiene asfixiados. Y, por último, cuando los Estados se encuentran en una situación de debilidad, consecuencia del enorme esfuerzo que ha supuesto dicha ayuda, aprovecha la situación para colocarlos al borde de la quiebra y forzarlos a desmontar lo poco que queda del sistema de bienestar, empobreciendo injustamente a millones de personas, con la complicidad de las mismas instituciones no democráticas (Comisión Europea, FMI, Banco Mundial y Banco de España) que permitieron aumentar el déficit público en beneficio de la banca. En aquellos momentos, en lugar de “tirarnos al mar” seducidos por los “cantos de sirenas” sobre la “refundación del capitalismo”, debíamos habernos tapado los oídos con cera y atado al mástil del Estado Social, siguiendo el mito de Ulises. Ahora nos lamentamos, una vez que el capital ha cogido la “pasta” y ha recobrado su auténtica cara.

La verdadera solución a esta situación, más allá de acciones individuales y testimoniales, como la colocación de nuestro dinero en la banca ética, debe venir por tres vías: la lucha efectiva por la desaparición de los paraísos fiscales; la aprobación de una regulación de los mercados financieros que impida y obstaculice los ataques especulativos sobre nuestras propias economías, y el establecimiento de un impuesto que grave las transacciones financieras, en el marco de un sistema tributario justo. Éstas sí serían verdaderas decisiones “valientes” que podrían hacer cambiar este “mundo al revés”, en el que la clase baja y media-asalariada paga los impuestos y los realmente ricos se llevan el dinero.