La SE-35, el dragado del Guadalquivir y los bienes comunes

sevillaJosé Antonio Cerrillo — ATTAC Sevilla.

Imagínese por un momento. El equipo de sus amores (Betis o Sevilla, elija usted) se ve en una situación económica completamente insostenible y sus actuales propietarios se ven obligados a vender el club a un fondo de inversión de capital-riesgo norteamericano. Los nuevos dueños inmediatamente deciden que la Liga Española ya no es rentable y, como quieren que su inversión dé beneficios tan rápidamente como sea posible, deciden llevarse el equipo a un campeonato emergente, pongamos el de Rusia. Allí compran una plaza en primera división, y se llevan el club entero, plantilla y trofeos incluidos, a una ciudad siberiana. Y como no pueden llevarse el estadio, optan por derruirlo y construir en el solar un nuevo y moderno complejo de apartamentos de lujo tras una misteriosa recalificación aprobada por el ayuntamiento de turno.

Otra situación hipotética. La Conferencia Episcopal, acuciada por unas deudas tremendamente gravosas (me gustaría pensar que se debe a que el Estado Español les ha cortado la financiación pública, aunque no quiero estirar su imaginación hasta ese punto tan improbable) acepta la oferta que un jeque árabe coleccionista de arte les ha hecho por la imagen del Jesús del Gran Poder. A partir de ahora si quiere expresar su devoción por ella, deberá peregrinar al Golfo Pérsico.

Evidentemente, estas situaciones no se le pasan ni por la cabeza, incluso en estos días en los que la triste realidad de nuestro país empieza a dejar por inocentes a la inmensa mayoría de historias de género negro. Es imposible, impensable. Pero, ¿por qué no? Ambos casos podrían llegar a ser perfectamente legales llegado el caso. La sacrosanta propiedad privada daría derecho a hacerlo a sus dueños y usted, por mucho que ame a su equipo o a la imagen, por mucho que signifiquen para usted y para la ciudad de Sevilla, sólo podría protestar, pero no impedirlo.

Aún así entiendo que se niegue a aceptarlo. Porque, es verdad, hay cosas que están más allá de quién ostente el derecho de propiedad o de gestión en un momento determinado. Cosas que son vitales para la supervivencia de los demás, para el buen funcionamiento de la vida colectiva, para la cohesión social o que sencillamente son parte de la cultura, la identidad y la memoria de la gente, como los equipos de fútbol y la Semana Santa en Sevilla. Cosas cuyo uso y disfrute no puede reposar, por lo tanto, estrictamente en manos de particulares. Cosas sobre las que todas las personas afectadas deberían tener derecho a decidir.

Sin entrar a más disquisiciones técnicas, llamaremos bienes comunes a este tipo de cosas. Uno de los grandes problemas de nuestro país es que hemos sido muy fieros en defender algunos, como los equipos de fútbol, mientras que hemos mirado hacia otro lado demasiado tiempo mientras saqueaban otros. No somos conscientes de que cuando un gobierno privatiza una empresa o un servicio público está decidiendo entregar  a compañías privadas un patrimonio de todos, que hemos levantado con muchas luchas, que hemos levantado con nuestros impuestos, que hemos construido con mucho trabajo y que hasta este momento está prestando una función pública. De la misma forma, cuando arrasamos un paraje natural en nombre del progreso y el empleo estamos perdiendo para siempre una riqueza colectiva, no necesariamente económica: paisajística, ambiental, etc.1

Pero no es sólo que los bienes comunes no deban dejarse en manos privadas, es que ningún gobierno, por legítimo que sea y por muchos votos que tenga, debería decidir con plena potestad sobre los bienes comunes. No cuando afectan al conjunto de los ciudadanos, e incluso a las generaciones futuras. Liquidar o privatizar bienes comunes, incluso cuando se hace en nombre de un supuesto bien mayor (“hacer la gestión más eficiente”, “ahorrar recursos”, “crear empleo”), es una decisión demasiado importante, demasiado trascendente, como para dejarla en manos de un gobierno, incluso en el caso del gobierno más sabio y competente que pueda imaginarse. Estos casos requieren de un debate público tan abierto, participativo y pausado como sea posible, porque, insistamos una vez más, nos afecta a todos. Es más, tampoco hace falta llegar a tal extremo: en todo aquello que afecta a los bienes su voz, la mía y la de todos los demás ciudadanos debería contar.

Sobra decir que estamos en un momento crítico para los bienes comunes en España. No es una tendencia nueva desde luego: los diferentes gobiernos tanto nacionales como autonómicos y municipales de todo signo llevan privatizando bienes comunes desde hace muchos años. Pero la ofensiva actual del gobierno del PP supone el mayor saqueo del patrimonio colectivo de la historia de nuestro país: la justicia, la sanidad, la educación, las cajas de ahorros, las carreteras, los transportes públicos, el agua, la recogida de basuras… Y también nuestros derechos laborales, sociales y civiles. Hasta el último bien común es ya susceptible de ser pisoteado y puesto al servicio de la acumulación de capital por obra y gracia de nuestro gobierno. ¿Todo? No, todo no. El déficit y la deuda públicas, generadas en buena parte por la socialización de las pérdidas bancarias y la mala gestión de los principales partidos del país, son y serán irrenunciablemente colectivos. Curioso cuanto menos.

Pero no es necesario irnos tan lejos para comprobar cómo se privatizan nuestros bienes colectivos. En estos mismos momentos, el Ayuntamiento de Sevilla, siguiendo un plan de la anterior administración, se está planteando construir una segunda autovía de circunvalación de la ciudad que pasaría por destruir parte del actual Parque del Tamarguillo, uno de los principales pulmones de la ciudad y un importante espacio de ocio para todos los sevillanos2.

No por casualidad, esta autovía es una de las exigencias de la multinacional sueca IKEA3 para abrir una segunda tienda en la ciudad, la cual supuestamente crearía 4.000 empleos4. De la misma forma, la Autoridad Portuaria de Sevilla, con el apoyo de la Patronal y los sindicatos CCOO y UGT5, viene presionando para dragar el Río Guadalquivir6, el más importante de Andalucía, para aumentar su navegabilidad, permitiendo así que barcos de mayor calado llegaran hasta la ciudad. Una obra de un enorme impacto ambiental que afectaría terriblemente al Parque de Doñana y tendría un efecto muy negativo en la producción agrícola del Bajo Guadalquivir. De nuevo, la creación de empleo y el desarrollo se esgrimen como principales motivos para acometer una obra de este calado.

No les pido que se posicionen en contra de estos proyectos. Sólo les pido que se informen, que no se dejen deslumbrar por estas promesas por muy difícil que sea la situación actual. Que recuerden los puestos de trabajo que se decía iban a crear los aeropuertos de Ciudad Real y Castellón; los Parques Temáticos de Isla Mágica, la Warner o Terra Mítica; la Ciudad del Cine de Valencia o los que está creando actualmente la Torre Pelli. Les pido que reflexionen si de verdad merece la pena seguir destruyendo nuestro patrimonio común (el mío, el suyo, el de nuestros hijos y nietos) en aras de este teórico desarrollo. Que piensen a quiénes han beneficiado realmente y a quiénes seguirán haciéndolo. Que se imaginen una vez más a su equipo en la liga rusa o al Gran Poder en Qatar. Y entonces y sólo entonces, tomen su decisión. Porque tanto si es favorable como contraria a estos proyectos, tienen derecho a decidir. Otra cosa es que nos lo nieguen, a usted, a mí y a casi todos.

NOTAS
(1) De hecho, en ese caso estamos arrasando algo que estaba ahí antes que nosotros y que sin nuestra intervención estaría después de que desaparezcamos, porque los espacios naturales ni siquiera nos pertenecen. Están más allá de los bienes comunes.
(2) http://www.ecologistasenaccion.org/article22718.html
(3) http://elcorreoweb.es/2012/07/30/la-obra-de-la-se-35-no-arrancara-hasta-por-lo-menos-mediados-del-proximo-ano/
(4) Al parecer, cuesta recordar que una de las características de IKEA es que apenas tiene empleados, de ahí los ajustados precios de sus muebles. Por no mencionar que probablemente destruyan muchos más empleos al llevar a la ruina a muchas pequeñas y medianas tiendas de la competencia. Un vaticinio: unos años después, cuando se hayan quedado con casi todo el mercado, cerrarán esta segunda tienda con la excusa de que no es rentable mantener abiertos dos centros en una ciudad del tamaño de Sevilla, teniendo además tan cerca otras como la de Jerez. No es la primera vez que pasa.
(5) http://andaluciainformacion.es/sevilla/292276/frente-comun-para-reclamar-el-dragado-en-profundidad-del-guadalquivir/
(6) http://elpais.com/elpais/2010/12/27/actualidad/1293441421_850215.html http://www.wwf.es/que_hacemos/donana/cultivo_del_freson/estuario_del_guadalquivir2.cfm




ATTAC, asociación sin ánimo de lucro, denuncia que el pasado 5 de noviembre fue publicada en el BOE la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en virtud de la cual la reproducción total o parcial, así como la descarga del material de esta página es susceptible de ser gravado por un canon a cobrar por CEDRO, en contra de nuestra voluntad, y por tanto solicitamos su inmediata derogación.


ATTAC Andalucía no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.