Angels Martínez Castells – Consejo Científico de ATTAC.

Se hacía ayer eco El País de cómo LA PARS había investigado comportamientos nada éticos del gerente del ICS José María Padrosa. La relevancia fue tal que hoy sigue en destaque cómo la Oficina AntiFrau ha decidido intervenir de oficio en el asunto. Por si alguien todavía no está enterado, en tiempos de duros recortes en la sanidad, las empresas que apoderaba Padrosa (al parecer, incumpliendo normas parlamentarias que hoy todos los grupos menos el suyo critican) facturaron 40 millones en tres años a la sanidad catalana de la que Padrosa es el “número 2″. El número 1, ya saben, es Boi Ruiz, ex-presidente de la Unió Catalana de Hospitals, que se hizo acompañar para atravesar la “puerta giratoria” de lo privado a lo público, de buena parte de la cúpula dirigente. Entre ellos, Padrosa, entonces director del holding de empresas dedicadas a fisioterapia, rehabilitación y logopedia que se han visto “agraciadas” con contratos millonarios desde la pública. Desde el inicio de la maniobra con la que Artur Mas escoge para conseller de Salut al destacado miembro de la sanidad privada, las puertas giratorias se empiezan a convertir en un auténtico butrón. Y los primeros que se atrevieron a denunciarlo (los editores de la revista cafeambllet, tuvieron que sufrir las consecuencias).

Pero Albano y Marta no están solos en la defensa a fondo de la sanidad pública. Hace ya algunos meses, seis organizaciones pusieron una querella a Boi Ruiz por temas estrechamente relacionados, con un final demasiado previsible… (ya decimos en Catalunya, que de derrota en derrota, hasta la victoria final”). Y en un tono mucho más serio, escribía Carlos Jiménez Villarejo (Boi Ruiz se libra de la querella) el pasado mes de febrero, entre otras cosas: “El Auto del Tribunal otorga amparo al conseller Boi Ruiz y su equipo, al respaldar sus políticas antisociales y antihumanitarias y justificar las presuntas formas de corrupción del Departament descritas en la querella. Y lo hace, precisamente, ante denuncias por delitos cometidos desde las estructuras de poder, invocando que el derecho penal está presidido por el principio de “intervención mínima”. Y, tan mínima, Sres. del Tribunal, si las conductas presuntamente delictivas están realizadas por quienes detentan cualquier clase de poder. Ante los delitos menores cometidos por miembros de las clases populares, la respuesta judicial es casi siempre contundente.” Y seguía:” Una de las formas del Gobierno conservador de CiU de protegerse frente a la ciudadanía, es precisamente contar con el apoyo de los tribunales. Porque, no lo olvidemos, solo se trataba de iniciar una investigación que, obviamente, no predeterminaba el resultado. Pues, ni eso. El portazo del Tribunal Superior de Justicia a los ciudadanos favorece simultáneamente al Gobierno de CiU que trata de engañarlos con supuestas apelaciones a la causa de Catalunya, mientras se consolida la protección de la casta política gobernante”.

Ahora va quedando bien demostrado que había base para la querella, que la condena a Cafeambllet fue un escarnio, y que es absolutamente imprescindible investigar los altos cargos de la Conselleria de Salut si se quiere preservar la sanidad pública y no hacer burla sangrienta de la democracia. Y a pesar de que Carlos Jiménez Villarejo citaba la afirmación del letrado Seguí en el citado recurso,”callaré protestando”, hemos tenido la suerte de que gente muy valiosa sigue exigiendo Justicia de verdad, y denunciando que, aunque los Tribunales lo amparen, este equipo que desgobierna nuestra sanidad ha convertido el paso de lo público a la privado en un saqueo continuo. Para eso mismo construyeron este hediondo butrón que sólo sigue siendo invisible para quienes -por miedo, servilismo o lamentable ceguera- no quieran ver cómo debilita los cimientos de la sanidad, la salud y la convivencia.

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