Comunicado de ATTAC España

El Consejo de Ministros del Gobierno de España celebrado el pasado 25 de septiembre de 2009 aprobó el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2010. A la vista de las principales medidas que se prevé poner en marcha, ATTAC-España manifiesta su preocupación por los derroteros que están tomando los acontecimientos. Coincidiendo en lo urgente de dar un giro de 180 grados en lo que se está dando en llamar el “modelo productivo de la economía española”, así como en mantener y ampliar si fuera preciso las políticas de protección social, entendemos que es absolutamente injusto que la financiación de tales políticas provenga de la subida de impuestos indirectos de marcado carácter regresivo.

La crisis la van a seguir pagando los que más la están sufriendo y los que no han tenido nada que ver en su generación, contribuyendo así a ampliar la brecha de la desigual distribución de la renta entre los más empobrecidos y la minoría enriquecida que tiene bajo su control los poderes mediáticos, políticos, financieros y económicos.

Dando un repaso por las principales medidas adoptadas, vamos a señalar las que a nuestro juicio consideramos ineficaces para lograr salir de la crisis y avanzar hacia la justicia fiscal global.

1. Se persigue reequilibrar las cuentas públicas mediante el aumento de los ingresos. A este respecto, se pretende:

1.1. Eliminar la deducción de 400 euros en el IRPF. Desde ATTAC vemos con buenos ojos la supresión de esta deducción, que nunca debió ponerse en práctica por su carácter lineal para todos los rendimientos del trabajo con obligación de tributar con independencia de su cuantía (pasando de largo de las rentas muy bajas que no tributan), y que ATTAC ya calificó en su día como tremendamente regresiva (igual que el cheque bebé de 2.500 euros).

1.2. Subida del tipo general del IVA en dos puntos (del 16% al 18%) y del tipo reducido en un punto (del 7% al 8%), a partir del 1 de julio de 2010. El tipo superreducido se mantiene al 4%. Esta medida, en cuanto al consumo, va a encarecer los precios de bienes y servicios básicos, y por tanto, va a erosionar el poder adquisitivo de los salarios. Por el lado de la recaudación, es el máximo ejemplo de la regresividad fiscal, ya que el pago del incremento de este mayor impuesto no tiene en cuenta la renta del contribuyente.

1.3. Subida del tipo de gravamen de las rentas del ahorro del 18% al 19% para los primeros 6.000 euros y el resto al 21%. Se trata de una medida absolutamente para la galería, para poder decir que se ha aumentado la tributación de las rentas de capital, las cuales tienen un tratamiento fiscal especialmente favorable, a pesar de que dichas rentas se concentran en pocos contribuyentes propietarios de grandes fortunas. Pero en este tema, más importante que lo que se propone, es lo que se deja de hacer, ya que se sigue dando oxígeno a la actividad financiera y especulativa del gran capital y de los paraísos fiscales. Las SICAV (Sociedades Anónimas de Inversión de Capital Variable) no se verán aumentadas por este aumento del tipo de gravamen. Unos 440.000 accionistas que están detrás de las SICAV, con un capital mobiliario de 25.000 millones de euros, seguirán tributando al 1%. Por el contrario, los rendimientos de 17 millones de hogares españoles con un capital mobiliario equivalente, tributarán entre el 19 y el 21%.

2. Se pretende priorizar el cambio de modelo productivo reforzando la inversión en infraestructuras públicas. Es decir, más ladrillo, pero disfrazado de utilidad social: más autovías y líneas de AVE para reactivar la economía, a pesar de que España es el país europeo con más kilómetros de autovías y autopistas, y en 2012 será el país del mundo que cuente con la mayor red ferroviaria de alta velocidad.

Mientras el PIB per cápita de España es igual al 93% de la media de la Unión Europea-15 (los países de niveles de renta similares a España), el gasto público social per cápita en España representa sólo el 65% de la media de la UE-15. En buena lógica, parece de sentido común reajustar el gasto público hacia lo social, crear empleo en la atención a las personas dependientes, cerrar la brecha que en este ámbito nos separa de la UE-15 y de rebote hacer un favor a la Naturaleza (de la que todos/as formamos parte) que ganaría por el impacto ambiental que se evitaría si no se llevaran a cabo esas infraestructuras desproporcionadas, que sirven fundamentalmente para ir engordando los beneficios de grandes empresas constructoras que han tenido mucho que ver en el proceso de especulación inmobiliaria que ha terminado por hundir a la economía española.

3. Lucha contra el fraude fiscal. Sería posible aumentar la recaudación impositiva logrando que contribuyeran a la Hacienda Pública quienes hasta ahora han venido defraudando. En cambio, como no se tiene demasiada determinación política en este sentido, se renuncia a ello y en su lugar se apuesta porque contribuyan más los mismos contribuyentes de siempre, aquellos/as cuyas rentas proceden del trabajo asalariado y moderadamente de las rentas del capital.

4. Rectificar es de sabios. Otras alternativas para aumentar los ingresos públicos. Cuando la crisis solo era una desaceleración, el gobierno tomó dos medidas de reactivación: la deducción de los 400 euros en el IRPF (ahora eliminada) y la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio bajo el argumento de que era soportado mayoritariamente por las clases medias porque las altas encontraban “fáciles mecanismos de elusión”. Creemos que es momento de rectificar y de reforzar la capacidad del Estado para luchar contra la crisis, teniendo muy en cuenta a los colectivos más desfavorecidos (que no deben ser objetivo para aumentar la recaudación, como se está buscando mediante el aumento del IVA). Para ello se podría:

• reponer el Impuesto de Patrimonio,
• eliminar las exenciones en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones,
• aumentar la tributación de las SICAV hasta el 25%,
• reinstaurar el Impuesto de Actividades Económicas,
• fijar una tasa para gravar los movimientos de capital especulativos,
• retomar los tipos de gravamen más progresivos que el IRPF tenía cuando fue implantado tras los Pactos de La Moncloa (1977-1978) y que han sido desvirtuados por las sucesivas bajadas de los gobiernos del PP y el PSOE en las últimas legislaturas (especialmente los tipos máximos que afectan a las rentas más altas),
• introducir un tipo de gravamen único para las rentas del capital equivalente al tipo marginal de las rentas del trabajo de cada contribuyente,
• no reducir el tipo del Impuesto de Sociedades, pues hay que tener en cuenta que las empresas que tributan por él son las que tienen beneficios y por tanto no pasan por dificultades extraordinarias.

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Ejemplo de porqué es injusto subir los impuestos de esta manera. Se trata de casos tipo, donde sería posible matizar y especificar multitud de detalles como el diferente peso de los productos de la cesta de la compra gravados a los tipos superreducido, reducido y normal. No obstante, a efectos ilustrativos y para hacernos una idea general resultan válidos”.

El resultado para la justicia social es absolutamente demoledor. Si nos fijamos en la fila 4 observamos como la subida de impuestos planteada, como porcentaje de la renta bruta mensual, es entre 5 y 10 veces mayor para rentas bajas (A), medias (B) y medias-altas (C), que para las rentas muy altas (D). Es decir, el esfuerzo que van a tener que hacer las primeras para afrontar tal subida impositiva va a ser muchísimo mayor, y todo porque el Gobierno ha decidido que las familias con altísimos rendimientos de capital obtenidos a través de SICAV y de paraísos fiscales puedan seguir especulando con absoluta normalidad.

El Impuesto de Sociedades de las SICAV del 1% se supone que es para evitar la doble imposición con el IRPF para las rentas del capital, impuesto este último que lo pagan todos los contribuyentes tengan acciones «normales» o acciones de SICAV. Pero en realidad, las SICAV son sociedades interpuestas y su funcionamiento no responde a lo establecido en la Ley que las regula, es decir, distintos inversores que se reúnen para invertir en valores variables sin otro lazo en común, por lo que la sociedad estaría dirigida por un equipo de gestores neutrales que repartirían beneficio una vez al año, produciéndose entonces y tan sólo entonces, la doble imposición. Pero esto no es así. La realidad es que existen 4.396 grandes inversores acompañados por lo que en la jerga bancaria se denominan «mariachis» que tan sólo invierten simbólicamente 10 euros (en algunos casos ni eso) y el 99,99% del capital y del voto lo tiene el único gran inversor. En algunas los grandes inversores son más de uno, siempre miembros de la familia. En consecuencia los gestores son ellos mismos y no necesitan para tomar las decisiones de gasto imputarse ingreso alguno. Por el contrario, gastos que son particulares como hoteles, comidas, vestuario, vehículos, etc. se imputan como gastos de la sociedad. Se puede estar viviendo así toda la vida. La doble imposición tan sólo se da cuando recogen una cantidad que necesiten o quieran para otro tema, y tan sólo por ese importe. Las SICAV favorecen fiscalmente las operaciones cortoplacistas/especulativas al mantenerse como «latentes» las plusvalías «realizadas» que se reinvierten en otros valores. De esta manera obtienen mayores beneficios a largo plazo, a costa de una mayor inestabilidad en los mercados bursátiles y financieros.

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