Santiago Arellano
Attac Jerez

Asistimos actualmente a una inesperada revitalización de la lucha de clases, que hace recordar otras épocas que muchos creían superadas. No se trata de otra cosa que de la respuesta inevitable al ataque a nuestros derechos y bienes que estamos sufriendo por parte de los grandes capitales, como solución impuesta a la crisis por la que atravesamos. Este ataque se está llevando a cabo mediante la imposición de leyes que nos desposeen de derechos adquiridos, y desarrollan procedimientos de carácter confiscatorio de bienes públicos y privados, en beneficio de otros intereses privados, fundamentalmente los de la banca. Pero, ¿como se ha llegado hasta aquí?, ¿qué ha sucedido para que las democracias occidentales hayan decidido que la solución a la crisis es este ataque al estado del bienestar? Que duda cabe que la respuesta a estas preguntas es bastante compleja, pero en éste artículo me atreveré a exponer una sintética reflexión personal sobre ello, haciendo especial hincapié en el caso de España

Para empezar, es necesario señalar, sin el menor titubeo, que la situación actual de la clase trabajadora en los países del Occidente, mucho más favorable que en otros países, ha sido un logro de las luchas de clases mantenidas desde el siglo XIX. Este hecho ha tratado de ser ocultado por el discurso existente desde hace décadas contra la izquierda combativa, discurso alentado por los poderes económicos, muy conscientes de las limitaciones que les impusieron los éxitos de las luchas de clases. Obviamente, este discurso ha tenido como centro de sus ataques al marxismo, motor principal de la lucha de clases, y ha dado como resultado una visión popular completamente desinformada y negativa de las ideas marxistas y, lo que es mucho más grave, el abandono de estas ideas por grandes partidos de la izquierda, como fue hace ya tiempo el caso del español PSOE. Este planificado ataque a las ideas marxistas tuvo su culmen en la consigna «el marxismo ha fracasado», repetida hasta el hastío por los medios de comunicación desde la caída del Muro de Berlín. Pero, ¿que hay de cierto en esa consigna? Más bien poco, pues basta un análisis muy somero para darse cuenta de que, muy al contrario, fueron no pocas las propuestas que triunfaron a traves de las luchas de clases. Si hoy trabajamos jornadas laborales de ocho horas, si los niños tienen prohibido trabajar, si tenemos vacaciones pagadas, si existen pensiones de jubilación, y tantas otras cosas de similar importancia, es debido, precisamente, al triunfo de las luchas articuladas fundamentalmente por el marxismo. Compárense las condiciones vitales de los trabajadores europeos con las de países donde no han existido luchas de clases, para comprobar si esta afirmación es, o no, veraz.

Pero este camino de avances en los derechos de los trabajadores se invirtió en la década de los ochenta, y más decididamente desde la desaparición de los países de lo que se llamó «el bloque del Este». Aunque en la práctica estos países no pasaron de ser dictaduras de metodos fascistas, su existencia suponía la de un modelo económico contrario al capitalismo. Esto hizo que mientras el modelo del Este estuvo vigente, en el área capitalista los poderes económicos tuviesen que hacer concesiones a la clase trabajadora, pues existía el peligro permanente de una revolución para implantar el otro modelo. Tras el fin de estos regímenes, la falta de un modelo que contraponer al capitalismo permitió que este adquiriera la condición de modelo económico único, mostrando cada vez a mayor velocidad la mecánica de funcionamiento depredatoria y avasalladora que nos ha conducido hasta la presente y descomunal crisis mundial. La solución que se nos ha impuesto a la misma, no ha sido otra cosa que una declaración de apertura de hostilidades contra el estado del bienestar, lo que ha tenido como lógica consecuencia el resurgimiento de la lucha de clases.

Pero, ¿quienes integran hoy las clases enfrentadas en esta nueva lucha? Dar respuesta a esta pregunta requiere una observación desprejuiciada de la sociedad, imprescindible para no caer en apreciaciones erróneas. Como parece obvio definir las clases fundamentalmente como grandes grupos de intereses económicos, la delimitación de una clase la establecerá su relación con los bienes, con la riqueza. Tomando como base esta relación, creo que se pueden diferenciar actualmente tres grandes grupos o clases sociales:

Una mayoritaria clase media, a la que se puede definir más exactamente como clase productiva, pues es la generadora de la riqueza mediante su trabajo. Aunque esto pueda ser discutible, no creo equivocado delimitarla como la compuesta desde por los pequeños empresarios-trabajadores hasta por cualquier persona con un trabajo bien regulado, dejando al margen de esta categoría las situaciones de explotación laboral, cada día más frecuentes. Es evidente que en esa clase hay notables desigualdades, pero queda definida homogéneamente como clase por el hecho de que todos sus integrantes son productores de riqueza y no acaparadores de la  misma. Esta clase es fundamentalmente resultado de los avances en los derechos de los trabajadores, logrados mediante las luchas de clases que mencionábamos antes.

Una segunda clase, numéricamente hablando, compuesta por el sector de población desfavorecido de la sociedad, el que sobrevive a duras penas. Es en la composición de esta clase, cada vez más numerosa, donde, a mi entender, se está produciendo el cambio más significativo en la sociedad actual. Me estoy refiriendo a la gran cantidad de personas que están ingresando en esta clase procedentes de la clase media productiva, tanto desempleados, como quienes tienen un trabajo insuficientemente pagado, que no les permite más que una elemental subsistencia. Este grupo de nuevos desfavorecidos ha aparecido, exclusivamente, como resultado de las políticas económicas neoliberales, con su puesta en práctica de un modelo de capitalismo depredatorio que sólo puede favorecer los intereses de los grandes capitales. Los beneficios empresariales de los principios liberales como la supresión de aranceles o la absoluta libertad de movimiento de capitales entre países, se han traducido en una calamidad para las clases trabajadoras, como no podía ser de otra manera. Por poner un ejemplo concreto de estas políticas, se puede citar la libertad de fabricación e importación de mercancias a precios sin competencia posible, al estar fabricadas en países donde el mundo laboral se desenvuelve en condiciones se semiesclavitud. Estas libertades del mercado son una de las causas esenciales del aumento del numero de desempleados y del deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores europeos. La existencia de esta clase, condenada a la inactividad forzosa o a obtener de su trabajo beneficios insuficientes, supone no solamente una pérdida de capacidad de la sociedad en su conjunto, sino un deterioro particular de las condiciones de la clase que llamamos productiva, pues esta clase desfavorecida ha de ser mantenida, en gran medida, con recursos creados por ella.

Y una tercera clase, numéricamente muy minoritaria: la clase privilegiada. A esta clase privilegiada, poseedora del poder en todas sus formas, se la llamó clásicamente «burguesía», pero creo que en la actualidad la define con más exactitud el término «mafiocracia», dadas las relaciones ilegítimas y fraudulentas que se dan en ella entre individuos y grupos de interés, teóricamente contrarios, cuyo único objetivo es extorsionar a las otras dos clases. Esta clase no sólo no es productora de riqueza, sino que se apropia de la riqueza que crea la clase productiva, quedando definida, por tanto, como una clase parásita. En mi opinión, ha sido precisamente la configuración de esta mafiocracia la cuestión que se halla en el origen de la presente crisis de la democracia, siendo el hecho esencial para su constitución la traición de los partidos políticos de la izquierda a sus electores, una vez alcanzado el poder. Esta traición a los electores ha supuesto un ejercicio fraudulento del poder, pues este ha sido, y sigue siendo, ejercido contrariamente al contrato social que se lo otorgó: el programa electoral por el que el partido gobernante obtuvo el uso temporal de la soberanía nacional, al ser el partido más votado en unas elecciones generales. No debe nunca olvidarse que en una democracia el poder soberano reside en el pueblo, que lo delega en sus representantes, pero que ese poder jamás es patrimonio de esos representantes. A la creación de esta mafiocracia fraudulenta han contribuído no poco la falta de control a quienes ejercen la política y las leyes que privilegian a los cargos políticos, ya que esas leyes les convierten, por definición, en miembros de la clase privilegiada. Estos privilegios, utilizados en beneficio de la red de intereses particulares y partidistas de cada miembro de esta casta política, han sido decisivos para que los partidos políticos de la izquierda hayan evolucionado hacia una simple partitocracia, absolutamente integrada en la clase privilegiada, con la que comparte los mismos intereses. Buena muestra de esto es la falta de explicaciónes satisfactorias, cuando las ha habido, sobre las cancelaciones de deudas por parte de bancos a partidos políticos y militantes destacados de los mismos. Estas complicidades entre la clase política y corporaciones de intereses privados tiene, además, una dimensión internacional, como prueba el hecho de que las políticas económicas de los países sean dictadas por instituciones como el FMI, representante de grupos de intereses privados y de claro carácter antidemocrático, pues sus decisiones son impuestas sin ninguna consulta a la soberanía popular. Este fraude de los partidos políticos culmina al tratar a la sociedad como a una masa estúpida, que no sabe lo que le conviene, usando el argumento de gobernar en nuestro bien mientras se nos esquilma descaradamente. Ejemplo de estas políticas es el proceso verdaderamente confiscatorio de bienes de la clase que definimos como productiva, en favor de la clase privilegiada, utilizando para ello el argumento de solucionar una crisis económica, que no es más que una sucesión planificada de estafas de dimensiones colosales. Dentro de este proceso confiscatorio es donde tienen lugar los recortes de sueldos y derechos de los trabajadores, como manera de obtener un dinero que va a servir para pagar deudas en las que aún está por determinar cuales de ellas son simplemente deudas privadas y, por tanto, no corresponde al Estado saldar.

Desde luego, de una configuración de la situación como la actual, se extrae claramente la lección de que los partidos políticos mayoritarios de la izquierda han dejado de ser una de las herramientas de lucha de la clase trabajadora, para convertirse en sus enemigos, lo que es imprescindible tener absolutamente claro para que la clase trabajadora no malgaste sus fuerzas al confiar en organizaciones que han traicionado manifiestamente sus intereses. Esta desconfianza ha de hacerse extensible a los partidos de la iquierda que no son mayoritarios, pero cuyas cúpulas dirigentes son las mismas desde hace demasiado tiempo, pues en este hecho está ya la raíz de la nociva partitocracia que criticamos.

Una vez determinada la composición de las clases en lucha, la cuestión esencial es definir con claridad los objetivos inmediatos de esta lucha, en aras a evitar una fatal dispersión de fuerzas tratando de conseguir objetivos diversos. Independientemente de que las luchas de clases tienen una envergadura muy superior a la consecución de unos objetivos concretos, pienso que ahora mismo estos objetivos deben ser revertir el proceso de ataque a nuestros bienes y derechos adquiridos, la reincorporación a la clase productiva de quienes han pasado a la desfavorecida, y el logro de un funcionamiento verdaderamente democrático de la integridad de las instituciones del Estado, actualmente ocupadas por políticos fraudulentos y sus cómplices, que han hecho de lo de todos su propiedad particular. Sobre la manera de hacerlo pueden caber muchas opiniones pero, a título personal, pienso que la única iniciativa que se puede emprender con éxito es que estos objetivos sean reivindicados por un poderoso movimiento cívico, autofinanciado y completamente al margen de los partidos políticos y sus estafas ideológicas. Y esto lo pienso porque una iniciativa de esta naturaleza está, en si misma, fuera de la estructura política existente, lo que la sitúa en posición de ejecutar directamente una política diferente. Creo que esa manera diferente de hacer política, con sus consiguientes diferentes resultados, es la demanda mayoritaria de la sociedad ante esta crisis que, antes que de ninguna otra cosa, es una crisis de la democracia.

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