La ineludible e inaplazable reforma tributaria

Declaración de la RentaVictoriano Suárez Rincón – ATTAC Andalucía.

1. La incidencia de la crisis económica en el Sector Público español.

La conjunción de la crisis financiera y el hundimiento del sector de la construcción, pilar de la actividad productiva de nuestro país hasta el año 2008, unida a la falta de iniciativa privada inversora y de la ausencia de políticas estimuladoras del crecimiento, ha generado una recesión económica en España cuyo precedente más inmediato es el de finales de lo años setenta del pasado siglo.

La crisis económica ha tenido una incidencia extremadamente negativa en las Administraciones Públicas españolas. Básicamente son tres, que se han generado por efecto dominó:

a) El importante descenso de los ingresos tributarios: El descenso de la actividad productiva y la contracción de la demanda ha producido enla Administración Central una disminución de 150.000 millones de euros en2007 a 90.000 millones en 2011. Las previsiones de ingresos tributarios en el presupuesto del Estado de 2012 es de 81.000 millones.

b) Los desequilibrios o déficit presupuestarios generados. El saldo de operaciones no financieras de las liquidaciones presupuestarias dela Administración Central, que mide la capacidad o necesidad de financiación presupuestaria, que hasta el año 2007 mostraba excesos de financiación (26.000 millones de euros) ha evolucionado a necesidades financieras a partir de 2008 (-24.000; -69.000; -39.000 y -41.500 millones de euros del año 2008 al 2011). Para cubrir estas carencias financieras y para el apoyo al sector financiero y a otras Administraciones, el Estado ha concertado deudas públicas por 88.216, 149.479, 113.295 y 97.992 millones de euros del año 2008 al 2011. Del presupuesto general del Estado de 2012 se deduce la necesidad de emisión de 85.375 millones de euros deuda pública para lograr el equilibrio financiero.

c) El aumento de la deuda tributaria. La tendencia de decrecimiento existente se rompe en el ejercicio 2008, aumentando constantemente hasta llegar a fin del año 2011 con un volumen de 735.000 millones de euros, prácticamente el doble que del 2007. La carga financiera de esta deuda supone 71.604 millones de euros en el presupuesto del Estado de 2012, lo que significa el 71 por ciento de los ingresos de operaciones no financieras.

La dramática conclusión es la insostenibilidad presupuestaria. Su equilibrio es inviable de lograr sino llevando a cabo muy draconianas reducciones del gasto publico. Ante esta situación es ineludible e inexcusable el comenzar por el Estado español la ejecución de políticas económicas tendentes a la estabilización económica y al crecimiento productivo. Para la materialización de estas actuaciones económicas es  imprescindible la reforma tributaria y la emisión de eurobonos por el BCE que posibilite la regeneración financiera del Sector Público español.

2. Antecedente histórico de la crisis de 1977: los Pactos de la Moncloa

El paralelismo existente actualmente con la situación de España en 1977 es amplio. En aquél entonces España estaba sumida en una crisis económica como consecuencia de la crisis de 1973 que nos llegó con retardo: una inflación del 44 por ciento, unos tipos de interés del 24%, un elevando endeudamiento de las empresas y un paro del 7% (excesivo en aquél entonces e irrisorio con la tasa de paro actual del 25%) como consecuencia de la crisis y del regreso de la inmigración española. La responsabilidad de los partidos políticos y de los sindicatos posibilitó el acuerdo de los Pactos de la Moncloa elaborados por el eminente profesor Fuentes Quintana, en funciones de Ministro de Hacienda en el gobierno de Adolfo Suárez. En el acuerdo, con medidas económicas estabilizadoras, políticas y sociales, se contempló un instrumento que se consideró esencial para la construcción del nuevo sistema político democrático y para nuestra armonización con los países occidentales: la elaboración de un nuevo sistema tributario que sustituyera al existente que databa de la reforma de 1845. Su materialización fue una condición básica para dotar a los españoles de un mayor bienestar y posibilitar el crecimiento económico, situándonos en el 13º lugar del ranking según el PIB (El 47 en PIB per cápita)

Hoy es aún más preciso un acuerdo nacional ante la des-vertebración económica, social y también política. Se necesita culminar la estabilización económica ejecutada de facto en salarios, con la bajada en los precios de los servicios básicos. Desde el año 2007 la reducción de las rentas saláriales ha sido del 23 por ciento, mientras que los precios energéticos, bancarios, de seguros, alimenticios, etc (de los cuales muchos no computan en el IPC) han subido un aumento del 15 por ciento.

3. La regeneración financiera y económica que necesitamos.

La reposición de los ingresos tributarios a las cotas del ejercicio 2007 es indispensable y posible para el logro de los equilibrios presupuestarios y para la financiación de políticas económicas tendentes al crecimiento, pues no es de esperar que la iniciativa privada pueda ser la impulsora de la dinamización económica que logre el descenso de las altísimas cifras de desempleo.

La disminución de los gastos públicos basada en una austeridad con recortes indiscriminados en los servicios públicos generan más desempleo, retracción en la demanda y perjuicios sociales; ni tampoco parecen éticos socialmente mientras el sistema tributario se caracterice por su falta de equidad impositiva (con clara vulneración del artículo 31 dela Constitución Española), al descansar la imposición en las rentas del trabajo en un 75 por ciento.

El sistema tributario ideado por Fuentes Quintana basado en tributos personales, de equidad progresiva, eficientes y neutrales, sufrió a partir de 1988 merced a los nuevos vientos conservadores una contra-reforma en la que predominó la eficacia frente al criterio de equidad: se recayó el peso de la presión fiscal del IRPF en las rentas del trabajo; el impuesto de patrimonio fue desactivándose; se procedió a un paulatino traslado de la imposición directa a la imposición indirecta (creación de IVA e impuestos especiales); y en la Agencia Tributaria comenzó una disminución de medios que posibilitó el auge desmedido del fraude fiscal en nuestro país. En la actualidad las “sugerencias” procedentes del FMI y de la CE de subida del IVA y del aumento de tasas y precios públicos y las previstas en el incremento del IBI urbano no son acertadas ni éticas: la disminución del poder adquisitivo del gran conjunto de la ciudadanía asalariada no puede absorber una mayor presión tributaria en los que los índices de morosidad tributaria son crecientes. Las tasas de eficacia recaudatoria se han disminuidos desde el año 2007 al 2011 del 95 al 86 por ciento enla Administración Central.

La lucha contra el fraude fiscal y una profunda reforma de nuestros sistemas tributarios en los tres ámbitos en los que se materializa (el central, los autonómicos y los locales) es de urgente materialización, mediante la adecuada armonización tributaria.

4. La lucha contra el fraude fiscal.

Los datos que el Sindicato de Técnicos tributarios (Gestha) realizan son elocuentes de las altas cotas de descontrol fiscal dela Agencia Tributaria.

El fraude fiscal en España se sitúa en el 23 por ciento del PIB, el doble que la media europea, estimándose en 89.000 millones de euros, siendo el 72 por ciento generados por las grandes fortunas.

La carencia de medios humanos, mediante su paulatino descenso, ha imposibilitado la efectiva lucha contra el fraude fiscal. En un informe elaborado en febrero de 2010, los Técnicos de Hacienda realizan una descripción totalmente esclarecedora:

“El control de 30.000 grandes empresas que facturan más de 6 millones de euros está encomendado a tan sólo 95 funcionarios que no llegan a cubrir más que el 68,5% de los puestos de trabajo previstos”;

“Para hacernos una idea de la importancia recaudatoria de estas grandes empresas, sus ingresos tributarios en 2005 suponen el 48,7% de la recaudación global de IRPF, el 51,5% de los ingresos totales por IVA y el 78,6% del total sociedades y, en conjunto, el 56,8% de la recaudación total de los tres impuestos y casi el 50% de los ingresos tributarios globales”

“57.700 empresas que facturan desde 1,8 hasta 6 millones de euros cuyas actuaciones no han podido ser prácticamente comprobadas por la Inspección desde el año 1992 hasta 2009, debido a la escasez de profesionales en esta área”

“hoy por hoy, no existen en el área de Gestión Tributaria, unidades con competencia legal para realizar el control masivo de IVA e IRPF de empresarios y profesionales personas físicas así como de PYMES.”

“Un importante colectivo de 3.226.000 empresarios y profesionales declaran los rendimientos de sus actividades económicas en el IRPF mediante los sistemas de estimación directa (1.507.000) y por el sistema de módulos (2.107.000 incluidas las actividades agrícolas y ganaderas).

El colectivo de 1.507.000 empresarios y profesionales en estimación directa declaraban en 2.007 una media de 13.311 euros, inferior en 4.875 euros a la media de 18.400 € de los asalariados, teniendo, además, en cuenta que en 2007 se aplicó la reforma fiscal de 2006 que elevó las reducciones de las rentas del trabajo para descargar su excesiva aportación al IRPF.

Por su parte, los 1.740.000 empresarios en módulos declaran de media 11.567 euros, 6.833 menos que la media de asalariados. No resulta creíble que estos empresarios ganen menos que sus propios asalariados y que profesionales como médicos, arquitectos y abogados declaren retribuciones tan bajas, discordante con la realidad socioeconómica que existe en nuestro país. Esto revela dos graves problemas: por una parte, la incapacidad de la Administración para controlar los ingresos y gastos reales de aquellos empresarios y profesionales que declaran sus rendimientos en estimación directa y, por otra, la anormalidad del mantenimiento del sistema de estimación objetiva, popularmente conocido como “módulos”, que nació en 1.992 para conseguir que determinados colectivos hicieran declaración de mínimos al fisco, ante la imposibilidad de controlar sus rendimientos reales. Lo que en un momento fue una solución práctica de carácter eventual, por la escasez de medios del fisco, casi 20 años después la pasividad de la AEAT ha permitido que se consolide un sistema injusto y discriminatorio para nuestra sociedad entre los sujetos a una nómina y estos sistemas.

Por ello, resulta comprensible que el dinero metálico en circulación en nuestro país (mejor decir atesoramiento) fuese en 2009 el 10 por ciento del PIB, el doble que enla Comunidad Europea, y existieran 111.000 millones de billetes en circulación de 500 euros (el 30 por ciento de los emitidos por el BCE)

La asociación de inspectores de hacienda, APIFE, ha elaborado un decálogo de medidas para la lucha contra el fraude y la economía sumergida: dotación de medios humanos; reforma del delito fiscal; constitución de unidades de policía fiscal; especialización en materia fiscal de jueces y fiscales; reforma del régimen sancionador de la Ley General Tributaria; reforma de los procedimientos tributarios; reforma del régimen de módulos; responsabilidad solidaria de despachos e instituciones en fraudes de ingeniería fiscal; medidas contra la utilización de los paraísos fiscales; y aprobación del estatuto de la AEAT.

5. La reforma de los sistemas tributarios

A modo esquemático se exponen los elementos básicos necesarios para que nuestros sistemas tributarios cumplan con el principio constitucional de equidad impositiva establecido en el artículo 31 y pueda servir como instrumentos de la política económica general y atender a la realización de los principios y fines económicos y sociales establecidos en la Constitución (artículo 2 dela Ley General Tributaria)

● IRPF:

– Desaparición del sistema de estimación objetiva, de módulos.
– Establecimiento de más tramos en el tipo de gravamen y con una mayor progresividad.
– Tributación de las rentas de capital con los tipos de gravámenes generales.
– Establecimiento de de limites a la deducción de determinados gastos en la estimación directa de actividades económicas.

● Impuesto sobre Sociedades:

– elevación 5% tipos de gravamen,
– supresión de beneficios fiscales
– Tributación de SICAV, SOCIMI

● Impuesto sobre Patrimonio.

– Vertebración del sistema tributario local a través del impuesto como cuota local independiente de la cuota autonómica.
– Gravamen tanto a las personas físicas como jurídicas

● IVA:

– restauración de los tipos existentes en 2010,
– supresión de la exención en las operaciones financieras
– creación de tipo de gravamen por operaciones de superlujos (25%)

● Impuesto sobre Sucesiones e ITP y AJD: armonización autonómica.

● Creación Impuesto sobre Transacciones Financieras

Para finalizar, es oportuno reproducir la frase realizada en el año 1977 por el profesor Fuentes Quintana en su tenaz persuasión por lograr el pacto económico, político y social: “O los demócratas acaban con la crisis económica española, o la crisis económica acaba con la democracia”.




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