Eduardo Saborido Galán y Aurora León González – Diario de Cádiz

Tras la explosión de la crisis, en el verano de 2008, el G-20 inicia sus reuniones para el análisis de este inesperado fenómeno. En sus primeras reuniones el G-20 considera que las causas de la crisis están en las hipotecas subprime, llamados productos tóxicos norteamericanos; allí han quebrado importantes entidades financieras que inician la crisis a escala mundial. Más adelante hablan del excesivo endeudamiento de la banca; de la búsqueda del beneficio a corto plazo; del abuso del crédito; y de la explosión de la burbuja inmobiliaria, que en España llegó a límites insostenibles.

Al calor de las prácticas especulativas, los altos directivos de las entidades de crédito se habían autoaplicado elevadísimas retribuciones por objetivos a corto plazo. Los mecanismos de control del sistema financiero habían fallado: las agencias de evaluación, el Fondo Monetario Internacional y los bancos centrales habían incumplido su cometido.

El G-20 barajó, ante este desaguisado, perseguir el dinero negro, luchar contra los paraísos fiscales y acabar con las altas remuneraciones de los directivos financieros que habían puesto en crisis la economía mundial. Concluyeron acordando la necesidad de una reforma en profundidad del sistema financiero.

Sin embargo, para evitar que saltara por los aires el sistema, el G-20 recomendó a los gobiernos que se inyectaran ingentes cantidades de dinero público a la banca, lo que disparó la deuda de los Estados, y con ello el déficit público. En EEUU, Obama insufló grandes cantidades de dólares a los bancos (el equivalente al 5% de su PIB), aunque participando en su gestión. Simultáneamente gastó el 6% de su PIB en estimular la economía norteamericana, invirtiendo en la generación de empleo. En la UE-15 se ha hecho justamente lo contrario. Así, en el Reino Unido se han invertido en los bancos el equivalente al 29% de su PIB; en Alemania el 20%; y en España el 14%. Sin embargo, en ese periodo de crisis, los referidos estados sólo se han gastado en inversión pública para estimular la economía el 1,8% del PIB en Gran Bretaña, el 3% en Alemania y en España el 1,2% de su PIB. Esta diferencia entre la UE y EEUU explica que éstos se recuperen más rápidamente que los europeos.

Más adelante, y como por ensalmo, aparecieron expertos economistas, sociólogos y periodistas que, junto a las autoridades monetarias de algunos países (léase el director del Banco de España, entre otros) y figuras de la patronal, han ido introduciendo la idea, ya materializada en medidas de gobierno, de que para afrontar la crisis y superarla hay que desarrollar una política de ajuste que debe llevar al recorte del gasto público, a reducir los salarios de los funcionarios, congelar las pensiones y acometer una profunda reforma laboral, siempre en el sentido de una mayor desregulación y abaratamiento de costes laborales. Y todo ello, siguiendo las directrices, impuestas de forma impúdica a nuestro país, por el FMI, predicador incompetente del viejo credo liberal, cuyos dogmas están en la raíz de la crisis.

Es llamativo que esta solución a la crisis en ningún momento planteara en las sucesivas reuniones de los veinte países más desarrollados del mundo. Y no se planteó, porque es mentira que los salarios de los funcionarios, las pensiones o las indemnizaciones por despido hayan sido el origen de la crisis. Como es más mentira aún que las medidas que se están tomando por los gobiernos europeos, entre ellos el de España, vayan a ayudarnos a superar la crisis. Flexibilizando el mercado de trabajo a la vez que se deprime la actividad económica, se debilita la demanda efectiva. Como dijo el nobel Josefh Stiglitz en el diario Le Monde el pasado 22 de mayo, «la austeridad lleva al desastre». No. ¡Todo esto es una descarada falacia!

Parece que esos grupos especulativos y financieros, extorsionando a los gobiernos, le han ganado la partida a los estados y a la autonomía de la política, poniendo en peligro el devenir de la democracia representativa.

Esto ha provocado respuestas sociales; en Grecia cinco huelgas generales de los trabajadores, en Italia la CGIL realizó una huelga general el pasado día 26, en España se ha empezado con la huelga de funcionarios, y CCOO y UGT, han convocado para el 29 de septiembre una huelga general, haciéndola coincidir con la movilización convocada por la Confederación Europea de Sindicatos en toda Europa.

En esta crisis tan aguda la izquierda política europea está ausente. Los sindicatos están reaccionando tratando de llenar ese vacío de la izquierda política. Por otro lado, los ya citados expertos, periodistas y autoridades monetarias están conformando una especie de vendaval de opiniones para reducir el poder de convocatoria de los sindicatos, a los que imputan la defensa de intereses corporativos. Sin embargo, éstos han emprendido una acción generalizada como es la huelga general, defendiendo a los millones de parados.

Esta huelga general en España debe ser contra los causantes de la crisis, para exigirles que reinviertan las grandes fortunas acumuladas y «escondidas», conseguidas en tiempos de bonanza y continuadas aún durante la crisis; y también, contra el Gobierno, exigiendo que ejecute las medidas necesarias, tanto políticas como legislativas, a fin de rescatar parte de esas ganancias desmesuradas para superar la situación.

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