Javier Echeverría – ATTAC Navarra-Nafarroa.

La política de vivienda no ha variado prácticamente en este país desde hace varias décadas y parece que en estos momentos se están sentando las bases para que siga igual durante muchos años más. El derecho a la vivienda es un ejemplo de cómo los derechos recogidos en la Constitución son violados hoy impunemente por un principio mucho más poderoso: los negocios especulativos.

El artículo 47 de la Constitución dice que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y que los poderes públicos establecerán las normas pertinentes para garantizarlo e impedir la especulación. Sin embargo, vista la situación actual y las causas que la han generado, ese artículo es todo un sarcasmo. Hoy todos sabemos que aquí tuvimos una burbuja inmobiliaria con la que se lucraron enormemente bancos, promotores, constructores e inmobiliarias. Tras un fuerte descenso de las rentas salariales relativas como consecuencia de las políticas neoliberales, se incitó al endeudamiento para la compra de vivienda pasando de un crédito inmobiliario del 28% del PIB en 1997 al 103% en 2007. Y la fuente principal de financiación fue la banca europea, sobre todo alemana, cuyo crédito a entidades españolas creció a una media anual del 22,6% entre 1997 y 2007.

En la formación de la burbuja inmobiliaria fueron claves un conjunto de políticas que favorecieron la compra y penalizaron el alquiler. Entre ellas destacan la Ley del Suelo de 1998 y las políticas fiscales de desgravación del IRPF por compra de vivienda y la eliminación de la desgravación por alquiler. Así se construyó lo que se ha denominado sociedad de propietarios. Los datos de Eurostat avalan este nombre: en España tan solo hay un 13% de viviendas en alquiler, mientras que en Alemania son el 54%, en Países Bajos del 42%, en Francia del 39%… Entre 1997 y 2007 se construyeron más viviendas en este país que en el conjunto de Francia, Gran Bretaña y Alemania juntas. Y a pesar de esta enorme inflación inmobiliaria, los precios se dispararon el 150% debido a la especulación.

Las consecuencias de esta orgía las conocemos todos: enormes cantidades de recursos públicos para rescatar bancos, los principales culpables, y la miseria más absoluta y de por vida para las víctimas, con 350.000 desahucios ya y alrededor de 200.000 en curso.

Tras este desastre, cualquier persona no demasiado suspicaz podría esperar que las cosas cambiaran. Pero no. A finales del pasado mes de agosto se aprobó la llamada Ley para la flexibilización y el fomento del mercado de alquiler de viviendas, que tiene como medidas más relevantes la reducción del límite legal de permanencia en una vivienda alquilada de 5 a 3 años, la posibilidad de que el propietario disponga de la vivienda para sí o sus familiares en cualquier momento, la consideración de carácter prioritario a la voluntad de las partes como si arrendador y arrendatario tuvieran la misma fuerza negociadora, la necesidad de que el inquilino inscriba su contrato a su costa en el Registro de la Propiedad si quiere tener alguna seguridad jurídica o quiere desistir antes del plazo, la ejecución del desahucio por falta de pago en diez días…

Por otra parte, se abre el mercado de viviendas a personas físicas y entidades, eliminando el IBI del 3%, y se fomentan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimi), que por las ventajas fiscales que se les aplican se acercan a las SICAV. Estas sociedades inmobiliarias se podrán financiar con un endeudamiento de hasta el 70% y se les otorga una bonificación fiscal del 85% en el Impuesto de Sociedades con tan solo alquilar 8 viviendas durante 3 años.

Si como dice el Gobierno, el objetivo era promocionar el alquiler y favorecer al pequeño propietario, lo que se debería haber hecho era actuar sobre la fiscalidad, premiando el arrendamiento y penalizando la desocupación. Pero no. Queda bien claro que los verdaderos objetivos son liberar al sector financiero de sus activos tóxicos y encauzar el mercado de viviendas vacías hacia sectores especuladores, concediéndoles enormes ventajas fiscales, financieras y legales.

Más recientemente, las autoridades del Banco de España han presentado las características del banco malo, cuya denominación oficial será Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Es una de las 32 medidas impuestas por la troika al Gobierno español a cambio de los 100.000 millones del rescate. El banco malo tendrá hasta 90.000 millones de euros en activos tóxicos que comprará a los bancos para su saneamiento, aunque inicialmente sólo utilizará 45.000. Los bancos nacionalizados con dinero del FROP (Bankia, Catalunya Bank, Novagalicia Banco y Banco de Valencia) tendrán obligación de vender al banco malo todos sus activos tóxicos, mientras que para el resto de bancos su venta será voluntaria. El precio de los activos tendrá un descuento medio sobre el valor contable del 63%: en vivienda será del 54%, en suelo del 79,5% y en créditos del 45,6%. Parece que ha habido negociación con los bancos tanto sobre estos precios como sobre el plazo inicial de dos años de freno en la venta para evitar la caída de precios. Todos estos activos tóxicos, entre los que se estima que habrá 89.000 pisos y 13 millones de m2 de suelo edificable, tendrá que vender el banco malo en un plazo de 15 años.

Sareb será una sociedad anónima mixta con entre el 51% y el 55% de capital privado y el resto público, y tendrá un hiperapalancamiento, ya que los fondos propios serán tan solo del 8% sobre el total de la inversión. Aunque hay algunos grandes bancos españoles interesados, sobre todo se quiere que sea una golosina para los inversores extranjeros, es decir, para fondos buitres y similares. Además, el ministro De Guindos ha manifestado que el Estado inyectará capital o avalará a los bancos que tengan pérdidas como consecuencia de la compra de sus activos. Es decir, el Estado respaldará tanto a los bancos a los que se compre sus activos como a las entidades financieras o inmobiliarias que participen en Sareb. Por último, la sociedad gestora del banco malo podrá segregar los activos tóxicos y formar fondos especializados para atraer inversores, así como cubrirse con seguros, al estilo de la ingeniería financiera utilizada con las hipotecas durante la burbuja.

En resumen, el banco malo y la ley para la flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas suponen una importante operación de socialización de pérdidas y un potente instrumento de especulación en manos de entidades financieras y de inversión inmobiliaria. Es decir, el mercado inmobiliario volverá a quedar en manos de los fabricantes de burbujas al menos durante otros 15 años más y el derecho a la vivienda seguirá siendo una quimera. Aunque aparezcan algunos fuegos de artificio en forma de normas sobre vivienda, la política de vivienda de verdad seguirá teniendo un único criterio: el máximo negocio especulativo para bancos y sociedades de inversión inmobiliaria.

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