Miguel A. Luque Mateo – Universidad de Almería

A finales del mes de junio, tuvimos conocimiento que unas 3.000 grandes fortunas españolas tenían cuentas en la sucursal suiza del banco británico HSBC, por importe de más de 6.000 millones de euros (una media de dos millones de euros por cuenta). Al parecer, un empleado de la entidad había revelado a las autoridades francesas la relación de clientes del banco, las cuales transmitieron esta información a la Hacienda española.

Dado que buena parte del establishment político y empresarial español podría estar implicado, la Agencia Tributaria, en lugar de comunicar a los titulares de dichas cuentas el inicio de actuaciones inspectoras de carácter general para investigar los Impuestos sobre la Renta, Sociedades y Patrimonio de los ejercicios no prescritos, optó por enviarles un amable requerimiento concediéndoles un plazo para que regularizaran su situación, con la imposición de tan sólo un recargo del 20% y los intereses de demora. De esta forma, al ofrecerles el tratamiento exclusivo de las regularizaciones espontáneas y extemporáneas, se evitaba que tuvieran que enfrentarse a la imputación por delito fiscal, lo que podría conllevar una pena máxima de cuatro años de cárcel y una multa de hasta el séxtuplo de las cuotas tributarias adeudadas.

Además, se remitió una instrucción interna a los inspectores de Hacienda para que, en su caso, sólo se sancionara por los intereses generados de las cuentas, pero nunca por el montante total supuestamente evadido. Como han denunciado los propios técnicos e inspectores, ello supone que un defraudador en Suiza de dos millones de euros pagaría hasta 23 veces menos (236.800 €) de lo que normalmente se exigiría (5,4 millones de euros), con lo que «se estaría renunciado a recaudar cerca de 1.500 millones de euros», cantidad que, curiosamente, coincide con lo que se pretende ahorrar mediante la congelación de las pensiones.

Llegados a este punto, conviene advertir al lector que si olvida presentar su declaración de la renta un año o incluir algún ingreso, no recibirá el mismo trato de favor. Le iniciarán un procedimiento de gestión o de inspección y le aplicarán el régimen sancionador tributario o penal con todo el peso de la ley. Este privilegio está reservado sólo a los ricos y poderosos, como ya ocurrió hace dos años con los 198 presuntos defraudadores descubiertos en Liechtenstein, así como con gran parte de las 12.000 empresas que acaparaban medio millón de euros en billetes de 500, a la mayoría de las cuales se les permitió presentar declaraciones “voluntarias” en 2008 y 2009.

Los inspectores señalan que si desde el Gobierno se ha justificado el trato fiscal a las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) -que tributan tan sólo al 1%, frente al 43% del tipo máximo del IRPF-, con el argumento de que el capital de estas sociedades podría irse a otros países si aumenta su gravamen, por ese mismo motivo se debería ser «especialmente duro» con estos presuntos defraudadores. Se ha perdido una oportunidad de oro para mandar un implacable aviso a aquellos que, además de incumplir sus deberes fiscales, deslocalizan sus capitales ilegalmente, con un gravísimo perjuicio a la economía española en su conjunto.

Pero no olvidemos que el sistema tributario y su aplicación están diseñados para beneficiar a los bancos, las multinacionales y las grandes fortunas. Por tanto, la actuación de la Agencia Tributaria no podía ser sino tranquilizadora ante esta supuesta amenaza, en el marco del mensaje global que se les transmite: «mantengan los doce billones de dólares que tienen invertidos en los paraísos fiscales; nunca los vamos a pillar y si, excepcionalmente ocurre una disfunción en el sistema, les concederemos la correspondiente “amnistía fiscal”».