Alberto Garzón – Consejo Científico de ATTAC España

Como hemos visto los últimos días, la deuda pública se ha convertido en el principal problema aparente de economías como la española o la griega. Tras diferentes procesos especulativos sobre este mercado financiero, la capacidad de los Estados para financiarse en el exterior se ha visto mermada considerablemente, y con un panorama como el actual tanto a España como a Grecia les resultaría carísimo “pedir prestado” de nuevo a través de la emisión de títulos de deuda pública.

Y como esa financiación ya no es posible, rebajar el déficit sólo puede lograrse con mecanismos nacionales: incrementando los ingresos (normalmente vía impuestos) y reduciendo los gastos (desde la congelación salarial de los funcionarios hasta las privatizaciones). Esa es la idea general que subyace a cualquier plan de ajuste (neoliberal) estructural. Ya lo padeció América Latina en los años ochenta, ya lo está sufriendo Grecia en Europa y con una probabilidad altísima también lo sufrirá más pronto que tarde España. Sin embargo, hay muchas formas de enfrentar esta situación de crisis que nada tienen que ver con las clásicas políticas neoliberales.

El mercado de deuda pública es fundamental para que un Estado pueda desarrollar su actividad económica, como en otras ocasiones hemos visto, pero hoy en día no está operando completamente en el sentido que se espera técnicamente de él. Hoy es también un mercado financiero que se utiliza como escenario para la especulación más brutal, bien en los mercados secundarios bien en mercados paralelos como los de los CDS. En el juego de compra-venta de títulos de deuda pública se dan cita particulares que buscan una forma de inversión financiera cómoda y segura, pero también podemos encontrar fondos de inversión colectiva (hedge funds, fondos de inversión, etc.) y muchas entidades financieras. Los intereses de estos inversores no tienen por qué ser en absoluto coincidentes con los del país que emite la deuda, y de ello hemos obtenido enseñanzas muy recientes con el caso griego.

Por esa misma razón han surgido voces, como la del economista Eric Toussaint (ATTAC-Francia), que sugieren medidas encaminadas a reducir el montante total de la deuda pública a través de, precisamente, la renuncia a pagar partes de la misma.

Una de esas medidas es el inicio de una auditoría de la deuda que buscara aquello que podría denominarse “deuda ilegítima”, la cual se suspendería (no se pagaría). Es una medida ya aplicada en Ecuador, que encontró ilegítima el 30% de su deuda. Es evidente que el proceso es, como ocurrió en Ecuador, absolutamente discrecional. No obstante, estaría basado en criterios de defensa de la democracia y la soberanía nacional. Es una forma de discriminar entre inversores, pudiendo pagar aquella deuda legítima (la de los ciudadanos corrientes, por ejemplo) y renunciar a pagar el resto (la de los especuladores, por ejemplo). Hay que recordar que en estos años han ocurrido casos como el de la especulación en deuda pública por parte de los bancos: con los préstamos del Gobierno (destinados a fomentar la circulación de dinero entre bancos y familias y empresas) los bancos compraban títulos de deuda pública para hacer un lucrativo negocio (el Estado les prestaba barato y ellos prestaban al Estado más caro).

A través de la medida anterior sería perfectamente posible renunciar a pagar esos títulos, reduciendo de esa forma la deuda total. Toussaint comenta que como ocurrió en Ecuador dicha medida empujaría a la baja los precios de los títulos en los mercados secundarios, oportunidad que podría aprovechar también el Estado para comprarlos a precio más bajo y conseguir de esa forma reducciones importantes.

Otra medida sería la aplicación de impuestos sobre los títulos de deuda pública, de tal forma que con los ingresos obtenidos se pudiera pagar la deuda.

Y finalmente una tercera, según Eric Toussaint, sería la implantación de un alto impuesto a las grandes fortunas que permitiera reembolsar la deuda pública en su totalidad. Que fueran ellas, y no el pueblo en su conjunto, quien financiara el endeudamiento público.

Cualquiera de las tres medidas anteriores tiene como objetivo reducir la carga total de la deuda pública, pero pueden complementarse con medidas de incremento en los ingresos (vía impuestos progresivos; y no regresivos como el IVA), persecución radical del fraude fiscal (incrementando así la recaudación), y el descenso en el gasto público aumentando la eficiencia (de las administraciones públicas: cargos de confianza de ayuntamientos, las dietas concedidas a funcionarios, etc.) y no mediante la privatización o la congelación salarial.

Es decir, existen salidas progresistas y constructivas a la ya llamada crisis de la deuda pública. Sólo es cuestión de tener la voluntad suficiente para llevarlas a cabo.

Pijus Económicus