Instituto Público de Crédito andaluz: una herramienta política

banca-publicaFernando Moreno Bernal – ATTAC Cádiz.

Andalucía es la única comunidad autónoma en España que gobernada en coalición por PSOE-IU tiene en su programa la necesidad de dotarse de un instrumento financiero propio vinculado a las necesidades de financiación de la sociedad, empresas y administraciones públicas del territorio.

El pasado 13 de diciembre de 2013 el Parlamento andaluz aprobó el Informe del grupo de trabajo para analizar y formalizar la creación de un Instituto Público de Crédito Andaluz (IPCA) Informe elaborado tras oír los argumentos de Agentes sociales, económicos, académicos y expertos a propuestas de los tres Grupos Políticos presentes en la Cámara.

En un breve resumen podemos decir que IU defiende una Banca Pública ya; PSOE una Agencia financiera del tipo ICO reforzado, que evolucione en el tiempo cuando este consolidado hacia una banca pública; y el PP, en su voto particular, no ve la necesidad de crear un organismo nuevo pero si reformar la gestión actual de los Fondos de apoyo a las empresas y sector productivo centralizándolos y coordinándolos mejor. Tanto PP como PSOE hablan de la necesidad de utilizar y reforzar los mecanismos de colaboración público-privado.

Los tres justifican sus posturas a partir de las consecuencias de la crisis financiera y su traslado a la economía real. La crisis como excusa. La crisis como un acontecimiento sobrevenido inesperado e inexplicable. Y no es una crisis sino una estafa. Debemos partir de un correcto diagnóstico para que nuestras medidas tengan algo de eficacia.

Lo que denominamos “crisis” no es sino el estallido del modelo de endeudamiento masivo con el que el neoliberalismo venía manteniendo el consumo, la demanda necesaria a través de burbujas especulativas para cerrar el ciclo productivo. La salida en beneficio de la inmensa mayoría y el interés general era obvia: había que acabar con la especulación financiera mediante el fortalecimiento de mecanismos de financiación públicos o de carácter social, acabar con un modelo productivo despilfarrador, destructivo del medioambiente y suicida por insostenible, basado en el consumo y en un  crecimiento infinito. Por el contrario, las medidas adoptadas han buscado restituir el Poder de los detentadores del control de las instituciones financieras privadas, sacarlos de SU CRISIS aunque supusiera, como así ha sido, la asfixia de la economía productiva real, el desempleo y la exclusión social de decenas de millones de personas sólo en Europa, y el empobrecimiento generalizado de la inmensa mayoría de la sociedad. Es decir, para sacarlos de SU CRISIS nos la han trasladado a nosotros, a la ciudadanía. ¡¡Salvar el capital financiero privado aunque sea eliminando a las pequeñas y medianas empresas asfixiando a la economía productiva real, y matando a las personas!!

¿Con qué argumentos han justificado sus medidas? Falseando la realidad y el papel jugado por el sistema financiero. Lo verdaderamente importante es la producción de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades que tiene la sociedad. Esta producción implica unos gastos previos a los ingresos que generará. Para que el circulo se cierre se necesita un sistema financiero que anticipe parte de estos ingresos basado en un ACUERDO SOCIAL sobre la unidad de valoración e intercambio de bienes y servicios. Sobre una moneda, como expresión del Poder que la sociedad tiene de otorgarse un instrumento de valoración que facilite estos intercambios. Lo que podemos denominar el PODER SOBERANO MONETARIO de toda sociedad. Es por ello que este Poder radica siempre en el Banco Central (público) de todo Estado-nación, lo que permite que el Estado nunca tenga “falta de liquidez” por muy grande que sean los problemas económicos nacionales. Pero la financiación, como el comercio, no crea valor real nuevo, se apropia de parte del valor creado a costa de los productores de la economía real a través del interés y las comisiones cobradas. Y su capacidad de financiación no es otra que los depósitos que esa misma economía productiva, empresas y personas, tienen en las entidades financieras, además del dinero bancario (creado de la nada) que esa misma financiación genera a partir de los propios depósitos. No es nada complicado, son ellos los que lo ocultan porque en la medida en que lo visualicemos se descubre la gran estafa que es el secuestro y la apropiación privada de este mecanismo.

En la zona euro no es así. Con el pretexto de que es un tema complejo de “especialistas y técnicos” se ha puesto en manos de los “políticos, como Draghi,” de este capital financiero privado. Se han apropiado de nuestro Poder soberano monetario para controlar a los productores y consumidores, para extraerle el valor de lo producido a los primeros (operaciones de activo), y sus ahorros en forma de depósitos bancarios a los segundos (operaciones de pasivo) controlando con sus “expertos en la materia” todos los mecanismos de regulación de que disponemos.

Su estrategia, su negocio, consiste en “endeudarnos” a las personas, empresas y Administraciones públicas. Mientras más endeudados estemos más Poder tienen ellos. La deuda es la cadena de la nueva esclavitud a principios del S. XXI. El resultado práctico de todas las medidas adoptadas desde 2008 es más deuda no menos. Por eso dicen “que ya han salido de la crisis”.

Es importante que desde la Junta de Andalucía se tenga muy claro que el Instituto Público de Crédito Andaluz (IPCA) es una herramienta POLÍTICA y no técnica. Que sólo podrá ponerse en marcha cumpliendo la función que debe con una firme decisión POLÍTICA y bajo un planteamiento de estrategia política. Es necesaria la conciencia en los Grupos políticos del Parlamento de Andalucía que gobiernan de ser sujetos políticos enfrentados a otro sujeto político que actúa desde instancias despóticas con ropaje de “técnicas e independientes” como el euro y el BCE. Hay una verdadera necesidad de romper las reglas y límites del juego que nos imponen con imaginación y creatividad marcando nuestras propias reglas en la línea de la imprescindible eliminación de las políticas e instancias monetarias neoliberales europeas y españolas; y su transformación en políticas e instancias para otra forma de producir, consumir y distribuir. Para una economía del Bien Común y un consumo coherente con la filosofía del Buen Vivir.

En el ámbito territorial andaluz del IPCA el 60% del valor de los intercambios mercantiles se dan dentro de Andalucía. Esto implica que si nos dotamos de un mecanismo interno de compensación de estas transacciones estaremos liberando la necesidad de financiación andaluza en un 60% como mínimo. Porque si acompañamos este mecanismo con un sistema de depósitos de particulares y empresas de estas mismas transacciones internas (como hizo Brasil con sus Fondos Públicos de asistencia y apoyo a la actividad productiva) estaremos generando “dinero bancario creado de la nada” que nos financiara nuestra actividad pública además de la del 60% de la economía real. Los 17 Fondos Públicos reembolsables sin personalidad jurídica de que dispone la Junta de Andalucía ascendían en el Presupuesto de 2012 a 1.500 millones de euros. Esta cantidad es un buen punto de partida para comenzar. El Fondo necesario estimado para financiar ese 60% del PIB andaluz contando con el dinero bancario que se generaría sería de 4.500 millones de euros (el PIB andaluz era de 145.000 millones de euros y las PYMES representan el 99,95% del total de las empresas)

La capacidad del IPCA para disponer de depósitos, operaciones de pasivo, es la condición necesaria para generar dinero bancario y, por lo tanto, que sea un verdadero instrumento que facilite la financiación a la economía productiva real andaluza y a la Junta de Andalucía. La colaboración público-privada con entidades financieras privadas traslada este beneficio a la entidad financiera privada, en la medida en que los depósitos se hagan a través de estas. De aquí que el Banco de Santander haya venido presuroso a “ofrecer 500 millones de financiación a la Junta de Andalucía”, que UNICAJA no quiera oír hablar de Banca Pública andaluza, que se este amenazando con la dificultad de obtener la necesaria “ficha bancaria” del BCE, y que se ofrezca todo el apoyo “técnico” desde estos bancos privados con sus “expertos independientes” para la puesta en marcha del IPCA, pero se aplaza sin fecha la creación de la Banca Pública.

Crear el IPCA es una acción política de clase. Intentarán boicotearlo. Primero desnaturalizándolo en su gestación; en segundo lugar aplazando su puesta en marcha en el tiempo; y, por último, intentando que sean “sus hombres expertos e independientes” quienes se encarguen de su gestión. La única forma de que realmente salga adelante pasa por una gran difusión de lo que se esta haciendo en Andalucía, sus por qué, sus beneficiarios, y sus enemigos. De una gran implicación social en su necesidad y en su implantación y creación. Y, de la misma forma que el Banco del Sur latinoamericano se inspira en la economía crítica y sus gestores se seleccionan entre integrantes de ella, el IPCA debe tener en su timón personas que tengan muy claro el destino al que hay que llegar. La travesía y el destinatario real del IPCA: la ciudadanía andaluza, el 99,95% de Pymes y la propia Administración autonómica de Andalucía.




ATTAC, asociación sin ánimo de lucro, denuncia que el pasado 5 de noviembre fue publicada en el BOE la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en virtud de la cual la reproducción total o parcial, así como la descarga del material de esta página es susceptible de ser gravado por un canon a cobrar por CEDRO, en contra de nuestra voluntad, y por tanto solicitamos su inmediata derogación.


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