Gobierno, sindicatos y reforma laboral

José A. Pérez TapiasRevista el Siglo

Entre reforma laboral y plan de ajuste decretados por el Gobierno, con huelga de funcionarios y convocatoria de huelga general por medio, no ha pasado desapercibida la actitud comprensiva del PSOE hacia los sindicatos, concretamente hacia UGT y CCOO, a la vez que les pide entender el porqué de las medidas tomadas. Es ilustrativa la declaración de un miembro de la dirección del Grupo Socialista del Congreso recordando que si el Gobierno hace lo que debe, también UGT “hace lo que tiene que hacer”.

Ha habido otras voces en ese sentido, como la de Izquierda Socialista, corriente de opinión del PSOE. ¿Son señales de una estrategia o manifestaciones de mala conciencia por la quiebra de las relaciones con el mundo sindical? Es necesario mantener puentes de diálogo con organizaciones sindicales que no deben estar ausentes en una estrategia política de izquierda. Y hay un poso de “conciencia desgraciada” –dicho hegelianamente- entre socialistas, habida cuenta del giro de la política del Gobierno. ¿Cómo mantener un discurso socialdemócrata entre medidas duras que afectan a trabajadores y pensionistas y cuando todo indica que no se ha podido resistir a la “locura de los ajustes” (Stiglitz) o a la presión de los “halcones del déficit” (Krugman)?

Las proclamas de afecto hacia los sindicatos caen al pozo de las buenas intenciones si no se tienen en cuenta las causas de su alejamiento del Gobierno, sobre todo cuando la patronal no tuvo sincera voluntad de acuerdo en el diálogo social. Hay que valorar los empeños de Zapatero, al final frustrados, por una reforma laboral pactada, pero no es muy coherente que el decreto de reforma, ya en tramitación parlamentaria como proyecto de ley, orille cuestiones para las que se quería consenso. De ahí las razones de UGT y CCOO cuando critican la reforma laboral en marcha.

El Decreto no deja de tener medidas positivas en torno a flexibilidad (modelo alemán) o al previsto fondo de capitalización que ha de acompañar a cada trabajador en su vida laboral en previsión de situaciones de desempleo (modelo austríaco). Otros puntos, sin embargo, son considerados por los sindicatos lesivos para los trabajadores, destacando tres, que se aprecian contrapuestos al declarado objetivo de creación de puestos de trabajo y protección de los trabajadores como metas irrenunciables cuando también se trata de potenciar el tejido empresarial en tiempos de crisis. Dichos puntos son:

1) La facilitación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, cuando los resultados de la empresa –según el Decreto- reflejen “una situación negativa” desde la que se pueda “justificar mínimamente la razonabilidad de la decisión extintiva”. Esta inédita fórmula en el campo jurídico, que debe ser corregida en el trámite parlamentario, es puerta abierta a una discrecionalidad grande a favor de la patronal, con alto grado de indefensión de los trabajadores.

2) La desvalorización de los convenios colectivos, ya que cualquier empresa puede descolgarse de ellos cuando sus perspectivas –según se formula- puedan verse “dañadas como consecuencia de su aplicación”. La inaplicación de los convenios perjudica derechos laborales largamente asentados.

3) El papel de las agencias de colocación, que podrían pasar de “entidades colaboradoras” de los servicios de empleo de las Administraciones Públicas a entidades sustituidoras de los mismos, así como las posibilidades abiertas por directivas europeas para las empresas de trabajo temporal, de las que pueden ser usuarias esas mismas Administraciones, con lo que comporta de riesgos de precarización laboral y de privatización de servicios públicos.

¿Cabe esperar que desde el Gobierno y el PSOE se procuren apoyos parlamentarios proclives a una reforma laboral consecuente con la salvaguarda de los derechos de los trabajadores? Eso supondría no dejar de lado las mejores pautas de la tradición socialdemócrata así como mantener a raya imposiciones neoliberales, por ejemplo del FMI.

Con la crisis, los mismos sindicatos –UGT y CCOO- que han recuperado protagonismo se han visto sometidos a una intensa campaña contra ellos, situada en la misma órbita que el debilitamiento del Estado de bienestar. No hay que tardar en recomponer las alianzas, sacando de camino la conclusión de que es inaplazable la renovación de las organizaciones sindicales, su aproximación a nuevos sectores laborales, su democratización interna, etc. Algo parecido a lo que han de seguir haciendo los partidos políticos.




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