Rafael Simancas – Sistema Digital

La economía española ha sufrido durante los últimos días en los mercados financieros internacionales una gran operación combinada de agentes especulativos. Después de promover análisis negativos sobre nuestra situación económica, los protagonistas de esta operación han ganado mucho dinero apostando contra el futuro de España. Los daños han sido notables, en términos de encarecimiento de la deuda, en términos de deterioro en la marca-país, y en términos de confianza interna. Nuestro país no ha sido el primero ni será el último, me temo, en recibir este tipo de ataques.

Y resulta un tanto lamentable contemplar como toda una vicepresidenta del Gobierno de la octava potencia mundial debe acudir con lo mejor de su equipo a la City donde se concentran los especuladores y sus cómplices mediáticos para pedir árnica. Pero las cosas son así. Contamos con un mercado financiero global, con unos agentes financieros globales, con prácticas financieras transnacionales, con desafíos y amenazas de dimensión supranacional, mientras los instrumentos de gobierno, de control y de regulación para tales mercados son aún de marcado carácter nacional. Más allá de coordinaciones poco efectivas, no existe una instancia regulatoria y ejecutiva a nivel global que pueda mirar a los ojos de estos operadores internacionales y sostenerles la mirada.

Durante los próximos días 15 a 17 de abril tendrá lugar en Madrid el Consejo informal de economía de la Unión Europea bajo presidencia española. En unos días se reunirá también el Consejo de Estabilidad Financiera del G-20, en el que nuestro Gobierno ejercerá la representación de Europa. Se trata de dos magníficas oportunidades para avanzar en el sentido de una gobernanza global para los mercados financieros, que prevenga nuevos estallidos especulativos y que favorezca una regulación tendente a promover el desarrollo sólido y equilibrado de la economía mundial.

Los participantes en estas cumbres ya tienen una propuesta concreta sobre la mesa. El Presidente Obama ha desafiado a los todopoderosos gigantes de Wall Street planteando un impuesto selectivo de “responsabilidad financiera”, del 0,15% sobre el pasivo no asegurado de los bancos con mayor dimensión. Se trata de una buena herramienta para desincentivar la actividad especulativa y el riesgo, a la vez que busca recuperar los fondos ingentes de dinero público inyectado en las entidades financieras para evitar su colapso durante la crisis. Claro que tal propuesta resulta inviable si no se aplica con carácter general. Zapatero y el Gobierno sueco han recibido con sumo interés la iniciativa.

Hay más ideas. Al parecer, los gobiernos conservadores de Centroeuropa son más partidarios de recuperar la vieja idea de la tasa Tobin, para gravar las transacciones financieras, en especial las especulativas. París y Londres han llegado a establecer también un impuesto del 50% para los sobresueldos de los banqueros.

Con toda seguridad, en la medida en que estas propuestas vayan tomando cuerpo, la reacción de quienes representan los intereses de los agentes financieros especulativos será furibunda. Y la defensa del interés general aconseja soportar esa presión, analizar globalmente las mejores alternativas, para aplicar una panoplia amplia y consensuada de herramientas para la regulación transnacional de los mercados financieros.

Cada día que pasa sin una respuesta global eficaz, es un día que ganan los especuladores y es un día que perdemos todos los demás.