Colectivo Senda – El Correo de Andalucía.

La última subasta del año determinó una subida del 11% en el precio de la electricidad para su aplicación durante el primer trimestre de 2014, pero saltaron todas las alarmas y el Gobierno, muy a su pesar, se vio obligado a intervenir para frenar tamaño disparate.

Aunque finalmente la subida ha sido del 2,3%, nadie puede hacerse ilusiones, ya que esta decisión a la desesperada del Gobierno es algo excepcional que no se volverá a producir y que, por tanto, no evitará que la electricidad continúe subiendo durante los próximos meses y años.

El origen de tal despropósito viene de lejos y se encuentra en la Ley del Sector Eléctrico aprobada en noviembre de 1997 durante la presidencia de Aznar, ley que con diversas modificaciones se ha mantenido en el tiempo hasta su sustitución el pasado mes de diciembre por una nueva ley del sector.

La ley que nos ha traído hasta aquí abandonó la noción del suministro eléctrico como Servicio Público y lo sustituyó por el de Servicio de Interés Económico General. Se reducía así considerablemente la intervención del Estado en una actividad tan esencial y sensible como el suministro eléctrico, para dar barra libre al negocio, ¡siempre el negocio!

Así, con los objetivos de garantizar el suministro y su calidad, el proceso de liberalización se proponía hacerlo al menor coste posible, dando por hecho que los criterios de competencia introducidos en la ley y el mercado lo harían posible ¡van a bajar las tarifas!, anunciaron una y otra vez, algo que como hemos podido comprobar estaba muy lejos de ser cierto.

Sólo en los últimos diez años, los consumidores han visto incrementado el recibo medio el 78%, y España ha pasado a ser el tercer país con las tarifas eléctricas más caras de Europa, revelándose el fracaso estrepitoso de proceso de liberalización diseñado por el Gobierno de Aznar.

Las actividades de generación, transporte y distribución del sistema eléctrico en España fueron verticalmente desintegradas y se creó la nueva actividad de comercialización, que supuestamente favorecería a los consumidores, que ¡ya podían elegir libremente su compañía eléctrica! Demasiado bonito para ser cierto.

La realidad es que casi la mitad de lo que pagamos en los recibos tiene su origen en la actividad de generación. Ahí y no en otro lugar es donde se encuentra el auténtico negocio y donde verdaderamente se provocan las espectaculares subidas de la energía eléctrica.

Es en el mercado mayorista de generación donde las grandes compañías eléctricas imponen su hegemonía para fijar los precios, para después, en la subasta trimestral, los bancos y los fondos de inversión hacer el mayor negocio y encarecer indecentemente los precios que finalmente repercuten sobre la mayoría de los consumidores.

Se trata pues de un mercado opaco, que necesita desmontarse en su actual configuración para evitar que continúen haciendo su agosto el oligopolio de las grandes empresas eléctricas, y los especuladores que intervienen en la subasta.

Otro elemento que sin duda está influyendo en los precios son los costes que las grandes compañías eléctricas están repercutiendo al sistema por la inactividad de muchas de sus centrales de generación, muy especialmente las de ciclo combinado, tras las millonarias inversiones realizadas en los años anteriores al inicio de la crisis económica, de tal manera que hoy la potencia de generación instalada sobrepasa con creces la demanda real del mercado. Al respecto, hay que poner en evidencia los errores en la planificación y recordar la actitud obsesiva por construir más y más centrales para la generación de energía eléctrica.

Mientras, la actividad de distribución, clave en la calidad de suministro, puede comenzar a dar serios problemas en unos años si continúa el alarmante descenso de las inversiones en el mantenimiento y mejora de las redes por parte de las empresas eléctricas, que no ven negocio en esta actividad y tratan de sacar sus beneficios mediante recortes en las inversiones.

Que nadie pues se sorprenda, si no comienzan a tomarse ya medidas se iniciará un proceso paulatino de deterioro de las redes de distribución y los cortes de suministro se situarán, pasados unos años, en niveles ya olvidados en nuestro país.

Por último, la actividad de comercialización es tan solo una quimera. Elegir compañía no sirve para nada, no hay margen para la competencia con unos precios que ya vienen súper inflados desde la generación y los correspondientes peajes. Bueno, en realidad, sirven, tal como Facua ha puesto de manifiesto, para pagar en el mercado libre hasta el 16% más que los consumidores que continúan en el mercado regulado.

Pero incorporen a este despropósito el denominado y falso déficit de tarifa, mediante el que los Gobiernos de Aznar, Zapatero y Rajoy, reconocen una deuda a favor de las compañías eléctricas de más de 26000 millones de euros, que están y continuarán pagando los consumidores durante muchos años.

Con todo ello, lo peor de todo es que la nueva ley del sector, recientemente puesta en marcha por Rajoy, lejos de resolver los problemas los va a empeorar. La tarifa eléctrica continuará su ascenso imparable, más consumidores pasaran a la pobreza energética y las empresas españolas perderán aún más competitividad. Las grandes compañías eléctricas ganarán aún más y los bancos y los fondos de inversión continuarán forrándose a nuestra costa.

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