Éric Toussaint y Damien Millet – CADTM y ATTAC Francia

Con la crisis internacional desatada en el verano de 2008, quedaron demolidos todos los dogmas neoliberales, saliendo a luz la superchería que representaban. No pudiendo negar sus fracasos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (el FMI) pretenden haber abandonado las políticas neoliberales conocidas bajo el nombre de “consenso de Washington”. Aunque desacreditadas, estas dos instituciones aprovechan sin embargo la crisis internacional para volver a ubicarse en el frente de la escena.

Durante décadas, estas instituciones han impuesto por la fuerza medidas de desregulación y programas de ajuste estructural que han conducido invariablemente al impasse actual. Se trata de un real fiasco para el Banco Mundial y el FMI que hoy deben responder por sus actos ante la opinión pública mundial.

Por añadidura, sus previsiones económicas no son fiables: en noviembre de 2008, el FMI pronosticó un crecimiento mundial al 2,2% para 2009, luego lo corrigió al 0,5% en enero, y finalmente estimó, en marzo, que será negativo. En realidad, sus expertos defienden los intereses de los grandes acreedores ante los ciudadanos, cuyos derechos fundamentales cada vez son menos garantizados.

Mientras que la situación económica se deteriora rápidamente, los grandes banqueros del mundo se esfuerzan en dar al FMI desacreditado y deslegitimado el papel del caballero blanco |1| que va a ayudar a los pobres a hacer frente a las devastaciones de esta crisis. Ahora bien lo que sucede es lo contrario. Los principios defendidos por el FMI desde los años ochenta y combatidos por el CADTM desde su creación están todavía vigentes. Los Gobiernos que firman un acuerdo con el FMI para recibir fondos deben aplicar siempre las mismas recetas adulteradas, que degradan aún más las condiciones de vida de las poblaciones.

Bajo la presión del FMI dirigido por Dominique Strauss-Kahn, varios países enfrentados a los efectos de la crisis eligieron como factores de ajuste las rentas de los asalariados y las de los ciudadanos que reciben subsidios sociales. Letonia impuso una reducción del 15% en las rentas de los funcionarios, Hungría les suprimió el 13º mes (después de haber reducido las jubilaciones en el marco de un acuerdo previo) y Rumania está a punto de encaminarse también por esta vía. La poción es tan amarga que algunos Gobiernos vacilan. Por ello Ucrania juzgó recientemente como “inaceptables” las condiciones impuestas por el FMI, en particular, el aumento progresivo de la edad de jubilación y el aumento de las tarifas del alojamiento.

Es hora de denunciar el doble discurso del FMI y de Dominique Strauss-Kahn, que, por una parte, piden a la comunidad internacional aumentar los esfuerzos para lograr objetivos de desarrollo del milenio -ya transformados en objetivos bien poco ambiciosos- y, por otra parte, fuerzan a los Gobiernos a bajar los salarios de sus funcionarios públicos. Se trata de propugnar exactamente lo contrario de una verdadera política destinada a hacer frente a la crisis defendiendo el interés de los que son víctimas.

Para responder a la crisis de los años treinta, el Presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt había sido empujado por la movilización social a reducir el tiempo de trabajo aumentando al mismo tiempo los salarios, las asignaciones sociales y los derechos de los trabajadores, en particular, garantizando el derecho de sindicalización. Con el New Deal, Roosevelt había establecido una reforma fiscal que aumentaba los impuestos sobre el capital. El “socialista” Dominique Strauss-Kahn está bien lejos tener la grandeza de Franklin Roosevelt y sigue, cueste lo que cueste, defendiendo los intereses de los grandes acreedores que lo nombraron para ocupar ese lucrativo puesto |2|.

Una vez más el FMI demuestra que es un dócil instrumento al servicio de los mismos que han provocado la actual crisis financiera. En este período de gran inestabilidad monetaria (como lo muestran las enormes variaciones en la paridad entre el dólar y el euro desde hace un año), el FMI se muestra incapaz de proponer la puesta en marcha de una tasa (o impuesto) del tipo Tobin-Spahn que reduciría las variaciones de las cotizaciones combatiendo la especulación y permitiendo juntar los fondos necesarios para erradicar la pobreza y liberar el desarrollo.

Además, desde su creación en 1944, la obligación de favorecer el pleno empleo figura explícitamente en la Misión del FMI que actúa entonces violando sus propios estatutos.

La crisis financiera y económica mundial destaca el fiasco de la desregulación de los mercados financieros así como también el fracaso del abandono del control sobre los movimientos de capitales, ambos predicados por el FMI. Eso hace indispensable la búsqueda de una nueva arquitectura internacional basada en el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo (1986). Pero tal lógica no podrá imponerse sin una inversión de las relaciones de fuerza. Si, bajo el empuje de las movilizaciones populares, un número suficiente grande de Gobiernos no establece tal alternativa, el Banco Mundial y el FMI estarán en condiciones de superar su crisis aprovechando la caída de los precios de los productos básicos, para llevar a los países débiles hacia una nueva dependencia de sus créditos, acción cuyo meollo será el objetivo de salvar al sistema en vez de satisfacer criterios humanos y ecológicos.

Por todas las razones mencionadas la única solución aceptable es la abolición del FMI y del Banco Mundial, y su reemplazo por instituciones radicalmente diferentes, centradas en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales.

Traducido por Guillermo Parodi.