Contra el paro y por la regeneración de la Democracia

cumbre-social-10mManifiesto de la Cumbre Social ante la jornada de movilización del #10M.

Amigos y amigas, con esta manifestación empiezan las acciones promovidas por la Confederación Europea de Sindicatos contra las políticas que impulsan las instituciones europeas, y que en España aplica el Gobierno de forma autoritaria e insensible al daño que están causando a las personas y al propio futuro del país.

En estos meses el deterioro de la situación económica, política y social ha ido en aumento hasta alcanzar niveles insoportables para amplios sectores de la ciudadanía.

Dos elementos expresan la gravedad de la situación: la cifra de desempleo (con el drama personal y colectivo que esconde), y los nuevos casos de corrupción que llegan a lo más alto de las instituciones del Estado y del propio partido del Gobierno.

Los datos del paro manifiestan el fracaso de las políticas de austeridad dogmática que se vienen aplicando por los sucesivos gobiernos desde mayo de 2010. Dos reformas laborales impuestas, políticas aplicadas de devaluación interna y deterioro de la actividad económica, que están consiguiendo el empobrecimiento generalizado de nuestra sociedad. Sólo hay que ver cómo en este tiempo han aumentado los Expedientes de Regulación de Empleo.

Saludamos desde la Cumbre Social a las compañeras y compañeros de las empresas que están luchando por defender sus puestos de trabajo.

Los últimos acuerdos adoptados el pasado mes de enero por el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, en relación a la atención a las personas en situación de dependencia, vienen a desmontar definitivamente el Sistema de protección social público y universal. Se implanta un modelo mercantilizado que discriminará el acceso y disfrute de los servicios en función del poder adquisitivo de las personas y sus familias.

La Cumbre Social ha apoyado las movilizaciones convocadas contra la política de privatización, desmantelamiento, repago y recorte de la Sanidad Pública, así como las reivindicaciones que han llevado a la huelga a jueces y fiscales contra las reformas emprendidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Manifiesta también su apoyo a las movilizaciones previstas en relación a la defensa de la Enseñanza Pública, de su calidad y de la igualdad de oportunidades.

Denunciamos los recortes que en sus condiciones retributivas, laborales y de empleo están sufriendo las empleadas y empleados públicos. Y denunciamos la campaña de desprestigio de su valía profesional. La ciudadanía sabe que el personal de las Administraciones Públicas, no son una panda de “vagos” como los definen algunos medios de comunicación y sectores privados con intereses en el desmantelamiento de los Servicios Públicos.

Desde aquí saludamos la presencia de la Plataforma de sindicatos y asociaciones profesionales del sector público.

La Cumbre Social, que hoy convoca esta manifestación, valora el esfuerzo realizado en la recogida de firmas para la tramitación de ILP sobre los desahucios que, junto a las movilizaciones que se han venido realizando, ha obligado al PP a admitir su tramitación parlamentaria. Denuncia la pérdida de vidas que se está produciendo entre las personas amenazadas por un desahucio. Nadie en tan corto espacio de tiempo ha conseguido concitar en contra tantas y tan dispares voces desde la sanidad, la educación, los servicios sociales, la justicia…

No valen excusas ni frívolas alusiones a los «brotes verdes». La situación es socialmente insoportable y únicamente puede enfrentarse con alguna posibilidad de éxito si se cambia radicalmente la política económica, orientándola a la creación de empleo y si se reconstruyen las redes de protección para atender a las personas y las familias que, de forma más severa, sufren los efectos de la crisis y de las políticas que se están aplicando.

El incremento de la pobreza, que reviste especial dramatismo entre la población infantil, y la exclusión social, no son admisibles en sociedades desarrolladas con potencialidades y recursos suficientes para garantizar el bienestar de todas las personas; además, suponen un riesgo cierto de fractura social de imprevisibles consecuencias.

La corrupción se ha convertido en el segundo problema para la ciudadanía. La Cumbre Social participa de buena parte de los motivos que animaron las movilizaciones del pasado 23 de febrero y en especial de la exigencia de luchar contra la corrupción y por la regeneración de la democracia.

Al escándalo de los sueldos y pensiones multimillonarias que se han llevado altos ejecutivos de empresas, cajas y bancos, muchos de ellos responsables de la situación por la que atravesamos, mientras se bajan los salarios, las pensiones y muchas familias no llegan a fin de mes y son desahuciadas de sus viviendas, ahora hay que sumar el fraude fiscal y la fuga de capitales a paraísos fiscales que la amnistía fiscal ha convalidado y que alcanzan a la cúpula del partido que ganó las elecciones generales y al mismo gobierno.

Estos hechos no hacen otra cosa que socavar, aún más, la confianza en las instituciones políticas de amplios sectores de la ciudadanía, lo que puede acabar amenazando seriamente la convivencia democrática.

Seguimos insistiendo, en la necesidad de celebrar un referéndum sobre las políticas de este Gobierno. El progresivo agotamiento del sistema que nace en 1978 nos plantea la necesidad de abordar, desde la radicalidad democrática, la profundización de las bases de la democracia participativa, propiciando un ambicioso proceso de regeneración del entramado político institucional; un proceso que solo será posible si es protagonizado por la ciudadanía.

En este sentido, es necesario fortalecer la democracia a través de una reforma constitucional, para promover mayores niveles de autogobierno, solidaridad y cohesión social y territorial; de reforzar los instrumentos democráticos de participación ciudadana que se han ido deteriorando; de modificar la legislación electoral, para incorporar mayor proporcionalidad y favorecer una vinculación más directa con el electorado, de la Ley de Partidos y su financiación y promover una verdadera Ley de Transparencia.

Paro y corrupción son dos caras de la misma moneda. Como lo son bienestar y democracia.

Las organizaciones que formamos parte de la CUMBRE SOCIAL hemos convocado esta manifestación:

Para reprobar las actuaciones de una Comisión Europea enrocada en políticas fracasadas, ajena a los problemas de la ciudadanía a la que deben su legitimidad e incapaz de comprender a qué intereses deben servir las instituciones y los recursos comunes de esa ciudadanía europea. Tras cinco años de crisis lo único que crece dentro y fuera de Europa es la desigualdad, el desempleo, la miseria, la exclusión social y las dudas sobre unos dirigentes europeos cuya pertinaz insistencia en políticas fracasadas resulta inaceptable.

Para hacer saber al Gobierno de España que el tiempo de las mentiras y los discursos huecos ha terminado. Seis millones de personas en paro, dos millones de ellas sin recibir ningún tipo de prestación, 1,8 millones de hogares con todos sus miembros en desempleo, y cerca del 27 por ciento de la población viviendo por debajo del umbral de la pobreza son la insoportable realidad del país. Una realidad que se agrava día a día porque continuaremos en recesión económica, las grandes empresas siguen planteado eres con despidos masivos, continúa la sangría de despidos individuales… El Debate del Estado de la Nación nos mostró a un Presidente del Gobierno cada vez más alejado de los problemas de la ciudadanía. De no corregirse de manera urgente y en profundidad ese distanciamiento, puede abocarnos a situaciones como la de Italia, donde las recientes elecciones han demostrado el éxito de opciones populistas y el hartazgo de una parte de la población con el actual funcionamiento de las instituciones democráticas.

Para denunciar, teniendo presente la conmemoración del día Internacional de la Mujer Trabajadora el 8 de marzo, las consecuencias que la crisis y las políticas neoliberales tienen contra las mujeres: incremento de la brecha salarial, recortes de empleo en la función pública con fuerte presencia de mujeres, reducción de servicios sociales y en la atención a la dependencia que favorecían la incorporación de las mujeres a la vida laboral o supresión de organismos que defienden y apoyan los derechos de las mujeres.

Para rechazar el desmantelamiento de los servicios públicos (sanidad, educación, dependencia, servicios sociales…) y cualquier reforma unilateral del sistema público de pensiones que lo convierta en otro instrumento de las políticas de ajuste, expoliando nuevamente los derechos de la ciudadanía, y abandonando a su suerte a las actuales y futuras personas pensionistas.

Para advertir al Gobierno y a los grupos parlamentarios de las Cortes sobre cualquier intento de engañar a la ciudadanía en la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular por la Dación en Pago y la Paralización de los Desahucios que desvirtúe o pervierta sus principales objetivos.

Para rechazar la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, porque debilitará las capacidades de actuación de las corporaciones locales, las administraciones más próximas a las personas, en un nuevo intento de negar financiación para los servicios a la ciudadanía, mientras convertimos en deudas de todas y todos (tres puntos de déficit público) la fraudulenta gestión de los directivos de las entidades financieras.

Para condenar todos los intentos de deslegitimación o represión de los derechos constitucionales de expresión, pensamiento, o manifestación. Exhiben un escalofriante desprecio a los principios democráticos, quienes pretenden criminalizar a la juventud por manifestarse libremente desde las instituciones que les representan, especialmente si utilizan como argumento la financiación pública de esas instituciones. Condenamos asimismo, la decidida voluntad del Ministerio del Interior de convertir el conflicto social en un conflicto de orden público, ordenando intervenciones desproporcionadas para reprimir manifestaciones pacíficas.

Para rechazar los casos de abierta complicidad entre cargos públicos y empresas, que corrompen el ejercicio de la actividad política, levantan ante los ojos de la sociedad un peligroso muro de desconfianza hacia las instituciones democráticas, y aceleran el deterioro del entramado institucional que surgió de la transición democrática.

Exigimos que se devuelva a la política su condición de herramienta al servicio de las personas, expulsando a las personas corruptas de la vida pública y acometiendo las reformas constitucionales que sean precisas.




ATTAC, asociación sin ánimo de lucro, denuncia que el pasado 5 de noviembre fue publicada en el BOE la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en virtud de la cual la reproducción total o parcial, así como la descarga del material de esta página es susceptible de ser gravado por un canon a cobrar por CEDRO, en contra de nuestra voluntad, y por tanto solicitamos su inmediata derogación.


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