José Antonio Pérez - ATTAC Madrid

En plena época de bonanza de los negocios, cuando nadie preveía la actual crisis, el economista canadiense John Kenneth Galbraith ya proponía que los gobiernos, en caso de dificultades, deberían castigar a los banqueros, no a los trabajadores. Un lema que la ciudadanía debería tener en cuenta a la hora de juzgar a sus dirigentes.

Los editores del The Times Higher Education Supplement tuvieron la idea de reunir en un volumen publicado el año 2000 a treinta “grandes figuras” de distintas ramas de la ciencia y el pensamiento para pronosticar el futuro. Pidieron a una serie de conspicuos sabios que, de cara al inicio del siglo XXI, expusieran brevemente “el anticipo o deseo que juzgaran, en cada caso, más relevante para el campo de su trabajo intelectual durante los 100 próximos años’. De todos ellos, el economista canadiense John Kenneth Galbraith, hoy fallecido, y el filósofo español Fernando Savater coincidieron en preferir las propuestas a las predicciones a la hora de hablar sobre el futuro inmediato. El economista aconseja a sus colegas “castigar a los banqueros y no a los trabajadores”, y el filósofo propone una renta básica para todos los ciudadanos, ya que “vivir da trabajo”.

Con el título Castigar a los banqueros, no a los trabajadores, el canadiense empieza diciendo que “la brecha en las rentas debe ser reducida, mejorando las condiciones de los más desfavorecidos” porque “no hay nada que niegue tanto el disfrute de la vida y, en realidad, de la libertad misma que una falta total de dinero”. Considera que los países ricos “pueden garantizar perfectamente una renta a quienes no la tienen. Si algunos no trabajan, que así sea. Se sabe que también los ricos ocasionalmente prefieren el ocio”. Respecto a los países pobres entiende que: “en el futuro deberá existir algún procedimiento por el cual unas fortalecidas Naciones Unidas suspendan la soberanía en países cuyos gobiernos estén destruyendo a sus súbditos”:

El capitalismo sigue tendiendo a la inestabilidad debido a sus errores sistemáticos, como ha sido evidente en los últimos tiempos en Asia, América latina, en Rusia y, potencialmente, cuando estalle la burbuja de Wall Street en Estados Unidos. Pero nuestros remedios presentes rescatan a los banqueros y empresarios que fueron los más propensos a la insania que causó todo, y prescriben restricciones a la ayuda de quienes más padecen el desastre. [...] Tal es la oratoria del Fondo Monetario Internacional, que salva a los banqueros y ejecutivos responsables de la crisis y urge la restricción presupuestaria a expensas de los trabajadores y el público en general.

Por su parte, Fernando Savater, bajo la rúbrica Reforzar la ciudadanía, define al ciudadano como “el miembro consciente y activo de una sociedad democrática: aquel que conoce sus derechos individuales y sus deberes públicos, por lo que no renuncia a su intervención en la gestión política de la comunidad que le concierne ni delega automáticamente todas las obligaciones que ésta impone en manos de los especialistas en dirigir”. Ahora bien, esa ciudadanía no es posible ejercerla sin medios económicos para ello.

En la sociedad tecnológicamente hiperdesarrollada en que hoy vivimos, donde los instrumentos automáticos han sustituido ventajosamente a tantos puestos de trabajo, vivimos presos de un círculo infernal entre el liberalismo que aboga por una desregulación cada vez mayor de la legislación laboral (aumentando el nivel de pobreza y excluyendo a una creciente cantidad de individuos de la protección social) y la socialdemocracia, que sólo acierta a promover leyes que frenan la iniciativa propia o la elección de trabajos a tiempo parcial. Ya es momento de pensar en una renta básica para todos los ciudadanos, entendida no como un subsidio a los necesitados sino como un derecho democrático general. Tal ingreso debería garantizar la subsistencia mínima de las personas, con lo que el trabajo se convertiría en una opción libre, o temporal, y se potenciaría la práctica de actividades humanitarias o creativas que el mercado actualmente no recompensa, para no mencionar cómo facilitaría la negociación equitativa de las condiciones laborales entre patrones y empleados.

Savater ya había declarado su postura favorable al ingreso garantizado. En 1996 escribía: “El Estado de bienestar es algo a superar, sin duda, pero, para ir aún más allá: garantizando una asignación económica básica a todos los ciudadanos, independientemente de sus ejercicios productivos. ¿Primas a la vagancia o a la imprevisión, como creen la señora Thatcher y compañía? Pues muy bien: en un mundo en el que la automatización industrial y los límites ecológicos del desarrollo exigen plantearse la obligación laboral plenaria y universal, subvencionar el derecho a la pereza puede ser una forma de cordura política”.