Fréderic Durand – L’Humanité

Durante una conferencia de prensa, los eurodiputados Francis Wurtz, Patrick Le Hyaric y Raquel Garrido han querido «sacar a la luz» el peligro de una desregulación inminente de los servicios sociales en Europa.

Tras el sector de la energía, la telefonía, los servicios postales o los transportes, ¿ha llegado el turno a los servicios sociales de plegarse a las reglas de la competitividad decretadas por Bruselas? Las declaraciones de la Comisión Europea no cesan de preocupar a las asociaciones y ONG concernidas. Hay que tener en cuenta que la voracidad del sector privado continúa insatisfecha después de la retirada, en 2006, de los servicios sociales de interés general (SSIG) del marco de aplicación de la Directiva Bolkestein, que pretende liberalizar el sector de los servicios.

Un sector que absorbe alrededor de 140.000 millones de euros al año y que la Comisión no se decide a dejar exclusivamente en manos de los gestores públicos. «Conviene recordar, en ese contexto, que los servicios excluidos del campo de aplicación de la directiva relativa a los servicios en el mercado interior, seguirán dependiendo de esas reglas y principios», ha corregido después la Comisión apoyándose en los artículos 43 al 49 del tratado actual, íntegramente recuperado por el Tratado de Lisboa.

En otras palabras, los servicios sociales deberán pasar por el aro de la competitividad, con el riesgo de mercantilizar un sector que la crisis vuelve cada día más sensible.

«Un dossier potencialmente explosivo», según Francis Wurtz, eurodiputado comunista que mantuvo ayer una conferencia de prensa sobre la cuestión, junto con Patrick Le Hyaric y Raquel Garrido, que lideran la lista del Frente de Izquierda en las elecciones europeas.

Según Francis Wurtz, es necesario que dicho dossier, «al que tanto la Comisión europea como el Consejo van dando largas desde hace varios años a pesar de la insistencia de las organizaciones sindicales y las ONG concernidas, se ponga actualmente sobre la mesa»

La obsesión de la Comisión de liberalizar el sector social, en nombre de los tratados comunitarios y a pesar del rechazo de esta disposición por el Parlamento, tiene efectos concretos. Así, el diputado comunista cita el caso de cierto organismo público de vivienda en los Países Bajos que se ha visto condenado por el Tribunal de Justicia Europeo debido a un «error manifiesto de servicio público». La cooperativa de viviendas holandesa ha sido acusada de competencia desleal con respecto al sector privado porque sus prestaciones no se dirigen exclusivamente a los más necesitados e incluyen también viviendas para un público más acomodado. Sin embargo es el único medio de que dispone para evitar la construcción de guetos y promover la integración social.

Aunque considera necesaria una revisión profunda de los tratados comunitarios, Francis Wurtz juzga «imposible permanecer de brazos cruzados. Es necesaria una directiva que reconozca plenamente las características específicas de los servicios sociales. Se trata de una actividad de servicio público, no de una actividad comercial», insiste el presidente de la Izquierda Unida Europea (GUE-GVN). «Si nos responden que esta directiva, destinada a proteger de la competitividad las actividades sociales, no se puede adoptar porque estaría en contradicción con los tratados, pues bien, ésta será la oportunidad para abrir un gran debate sobre los tratados comunitarios actuales» explicó. Mientras que la campaña de las elecciones europeas acaba de empezar, «la bomba retardada de los servicios sociales» puede encontrar un lugar privilegiado en el debate.