Carlos Martínez García – Presidente de ATTAC Andalucía.

Cuando la Troika (UE-BCE-FMI) comenzó a imponer sus medidas en Grecia hace ya tres años aproximadamente -decían que para combatir su crisis económica-, una de las primeras fue la supresión de ayuntamientos y el despido de miles de trabajadoras y trabajadores municipales. En el reino de España esta medida se comentó algo, dentro del conjunto de las agresiones sociales y democráticas contra el pueblo griego impuestas por la Unión Europea, Alemania y sus bancos, así como por el Banco Central Europeo. Pero la verdad, no se tuvo excesivamente en cuenta.

En el reino de España, además, el sarampión anti-político, que tiene responsables merecidos en muchos puestos de la administración -comenzando por la Casa Real o jefatura bananera de nuestro estado, presidentes autonómicos o alcaldes corruptos y pringados por el ladrillo- hizo pensar a mucha gente que eliminar instituciones es bueno e incluso necesario.

Si bien es cierto que hay corruptos pero, no lo olvidemos, también corruptores –es decir, ricos empresarios que corrompen para burlar la ley y defender sus intereses, insisto, ricos especuladores que controlan los resortes del poder- también hay muchas personas honradas y de buena voluntad que gestionan intereses públicos en estos momentos, así como en años anteriores. Pero sobre todo, hay que advertir que lo que nos roban por la puerta de atrás es la posibilidad de, en no muy largo periodo de tiempo, elegir personas del pueblo que no solo gestionen honradamente, sino que estén a nuestro servicio y no al de las oligarquías políticas bi-partidarias y/o económicas, y que se vean imposibilitadas para cumplir con sus programas electorales o se vean envueltas en una maraña de reclamaciones judiciales. Pues bien, si en las próximas elecciones municipales elegimos concejales y concejalas del pueblo, honradas, progresistas y de izquierdas, al servicio del pueblo ¿Con que se van a encontrar? Pues con nada o muy poco que hacer. El Gobierno del PP está preparando una reforma legislativa que vacía de contenido a los municipios, les hurta competencias municipales e impide que estos gestionen los servicios de atención y cuidado a las personas. Pero sobre todo, privatiza los servicios y obras municipales. Es decir, convierte en puro negocio arreglar aceras o alcantarillas, recoger la basura, cuidar zonas verdes o ayudar a la infancia, los mayores; así como controlar el desarrollo de nuestros pueblos –fundamentalmente- y ciudades.

Esta reforma en cuestión se denomina Ley de racionalización y sostenimiento de la Administración local. Poseo el último borrador, y por tanto estas líneas ni son demagogia, ni mentira. Pero deseo informar y difundir, sin aburrir y sobre todo movilizar.

Actualmente el poder de gobierno municipal reside en los electos y las electas, pero la reforma legal que se propone por parte del Gobierno del PP disminuye sus facultades democráticas, incrementa los poderes no elegibles ni electos, tanto de técnicos que además controlará, como secretarios/as e interventoras/es. Aumentando desmesuradamente el poder de las Diputaciones Provinciales y sobre todo, sitúa al Ministerio de Hacienda como el órgano controlador de los ayuntamientos. En pocas palabras, trasladan las decisiones fundamentales a personas e instituciones no elegidas directamente por los ciudadanos y que, por tanto, estas y estos no van a tener la posibilidad de controlar, ni de no votar, si lo hacen mal. Pero es que, además, los electos y electas se encontrarán con la imposibilidad legal y de facto de apoyar a sus vecinos o ejecutar lo que estos, mediante métodos participativos y asamblearios, decidan o propongan.

No es la disminución de concejales, ni el control de sus sueldos el interés de esta ley o reforma de las leyes locales –verdadero tesoro democrático, muy mal utilizado por cierto, que nos queda-. La verdadera intención es repartirse el pastel del negocio que significa privatizar obras y servicios municipales y de paso disminuir el poder ciudadano. Es una operación mafiosa a gran escala, al objeto de que propagando lo malos que son los políticos municipales –y es de justicia reconocer que hay de todo, pero muchos buenos, e incluso excelentes también- en pura realidad, enriquecer a empresas privadas contratistas. Pero hay algo todavía más grave, y es que como los precios de los servicios a contratar y privatizar de forma obligatoria los propondrá en pocas palabras el Ministerio de Hacienda fundamentalmente y serán a la baja, con un precio estimado que cumpla el objetivo de déficit, estos servicios serán adjudicados a las grandes empresas contratistas y de servicios que ya existen y no son ajenas a esta reforma legal. Las cuales sí podrán competir, eliminando a todas las pequeñas empresas y cooperativas locales que en ocasiones prestan estos servicios o ejecutan obras municipales. Es decir, se cerraran muchas empresas familiares y sociales, se hurtará el control municipal y se arruinarán más todavía las economías locales, en beneficio de grandes empresas privadas, ya existentes y operando.

¿Qué cómo obtendrán beneficios las empresas privadas grandes que se apoderarán del sector? Pues muy sencillo, al hacerse con miles de contratos y no solo unos pocos, lo cual le permitirá obtener beneficios. Pero sobre todo, pagando menos y peor a sus trabajadoras y trabajadoras y precarizando el empleo. Además, gracias a la mal llamada Reforma Laboral, dispondrán de mano de obra esclava.

Esa es la verdad de la reforma y no acabar con el despilfarro local. Con ese despilfarro, allí donde se dé, no se va a terminar, pues el proyecto de ley está cargado de trampas que en realidad permitirán seguir contratando asesores a dedo y colocando amiguetes. Ya lo decía mi abuelo “hecha la ley, hecha la trampa”. Esta reforma está plagada de trampas y aconsejo leerla detenidamente. Pero sobre todo, advierto seriamente tanto a los contagiados y contagiadas por el sarampión anti-político inoculado por la extrema derecha y los grandes empresarios, como a los movimientos sociales críticos con toda justicia, que esta reforma, vendida como un recorte de sueldos a ediles, nos resultará todavía más cara a las personas, pues encarecerá los servicios, privatizará y por tanto dejará fuera de control competencias municipales e incrementará el paro -y no de concejales precisamente, sino de clases trabajadoras-. Así como tratará de evitar la previsible regeneración democrática que se va a producir en los Ayuntamientos en la próximas elecciones locales.

¿De dónde viene semejante desaguisado legal? Pues en primer lugar de las imposiciones de la Troika.

En segundo lugar, de la reforma constitucional del artículo 135 de la Constitución pactada por PSOE y PP en los últimos días del gobierno de Zapatero, que sitúa el déficit, pago de la deuda e intereses de los bancos, por encima de las personas y los derechos humanos. De hecho, el preámbulo de la ley proyectada expone:

La reforma del artículo 135 de la Constitución española, en su nueva redacción dada en 2011, recoge un principio de estabilidad presupuestaria como principio rector que debe presidir las actuaciones de todas las Administraciones Públicas. En desarrollo de este precepto constitucional, se aprobó la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que exige nuevas adaptaciones de la normativa básica en materia de Administración local para la adecuada aplicación de los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera o eficiencia en el uso de los recursos públicos locales. Todo ello exige adaptar algunos aspectos de la organización y funcionamiento de la Administración local así como mejorar su control económico-financiero.

En tercer lugar, del concepto autoritario de la política del PP, que está copiando la estructura municipal del franquismo en los ayuntamientos. Los municipios, sobre todo los medianos y pequeños, pasarán a ser controlados por los secretarios, personal no electo, muchas y muchos de los cuales además, en contra de su voluntad democrática, se verán obligados a cumplir esta aberrante reforma. Las Diputaciones Provinciales y los sub-delegados del gobierno en las provincias, que serán los ojos y manos del Ministerio de Hacienda del Gobierno de Madrid y desde Madrid, donde los Florentinos y sus semejantes, desde el palco del Bernabéu, se repartirán los pueblos y “las provincias”. Esto es la vuelta al más duro centralismo. Por eso quieren hacerlo urgentemente, pues intuyen que el régimen que defiende sus intereses está en peligro y se alumbran nuevos tiempos. También para evitar que reaccionemos. Pero sobre todo porque el PP controla por ahora la inmensa mayoría de las Diputaciones Provinciales, y estas son claves para repartir el pastel en menos de un año.

Dicho lo cual, es imprescindible reaccionar y ya. Defender la democracia local y participativa. Promover acciones de protesta, ocupar los ayuntamientos y encerrarse en ellos. Constituirnos en ejes activos de la política local y defender nuestros municipios como gobierno más cercano. Además acabar ya de una vez con la mentira de la deuda pública. Esta horrible y demagógica mentira silencia que el 70% de la deuda del estado español es privada. Solo el 30% es público, y de ese 30% no son los ayuntamientos los principales responsables.

Si nos logran robar los ayuntamientos nos habrán robado otro espacio democrático fundamental. Os invito a informaros más y mejor y sobre todo a no dejarnos engañar. Hay que acabar con las oligarquías que nos gobiernan de una vez y podemos hacerlo.

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