Juan Torres López / Alberto Garzón Espinosa – Consejo Científico de ATTAC.

Desde que comenzó la crisis han cerrado en España más de medio millón de pequeñas y medianas empresas.

La importancia de este hecho es crucial si se tienen en cuenta datos como los siguientes, proporcionados por el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística:

– Las pymes crean aproximadamente entre el 80% y el 90% del empleo, no solo en España sino en toda Europa.

– El 81% de las empresas españolas tenía en 2010 menos de 3 asalariados y solo el 2,3% más de 20 empleados.

– El 99,2% de todo el empleo existente en España radicaba en ese año en empresas de menos de 50 trabajadores y el 80% en las que tienen menos de 3 trabajadores.

Y no solo eso. Según un informe de la OCDE, en 2008 (y posiblemente siga siendo así a pesar de los efectos de la crisis) fueron las “miniempresas” las que lograban aumentar los contratos fijos y reducir el empleo temporal, a diferencia de lo que han venido haciendo las grandes empresas.

Es evidente, pues, que todo lo que suponga una mala marcha de la actividad de las pequeñas y medianas empresas repercute directamente en el incremento del mayor problema que tiene la economía española, el desempleo. Y al contrario, que si se quiere ir resolviendo este drama no se trata tanto de apoyar a las grandes sino a las pequeñas y medianas.

Desde hace unos años, incluso antes de que comenzase la crisis pero mucho más desde entonces, hay dos grandes problemas que dificultan el negocio de las pymes: la falta de demanda y la morosidad que sufren a la hora de cobrar los servicios que prestan.

En otros trabajos y en nuestro libro escrito con Vicenç Navarro HAY ALTERNATIVAS. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España nos hemos referido al suicidio económico que supone seguir aplicando las políticas de recorte de gasto (mal llamadas de austeridad porque no afectan a todos los gastos) que merman aún más la demanda. Ahora queremos comentar brevemente la naturaleza del problema de morosidad que sufren las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores autónomos y a la solución que le quiere dar el gobierno del Partido Popular.

La importancia de este último problema es también fácil de entender. Cuando una empresa ofrece un servicio o vende un producto incurre en unos determinados costes que debe recuperar en el precio que cobra. Pero si tarda en cobrar tendrá que recurrir a financiación ajena que será costosa, cuando exista, de modo que o aumenta el precio de facturación, contribuyendo a la inflación, o disminuye el ya de por sí escaso margen con el que suelen trabajar. Y si la morosidad se hace permanente, llegará un momento en que terminará cerrando, que es lo que le ha pasado al 67% de las empresas españolas que han cerrado en los últimos 3 años.

Y no solo eso. Como esas mismas empresas estarán obligadas a ser morosas, se convertirán también en transmisoras del problema, contribuyendo a su generalización.

Las principales fuentes de morosidad que sufren las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores autónomos son las administraciones públicas y las propias empresas.

Aunque es difícil calcularlo con exactitud, la deuda del sector público con las pymes se cifra en 35.000 millones de euros y en unos 15.000 millones a los autónomos, aunque posiblemente sea incluso mucho mayor. Una morosidad que se distribuye de modo muy desigual entre las diferentes administraciones. Según un informe de las Cámaras de Comercio, en 2009 las más morosas eran las entidades locales (afectaban al 55,1% de las empresas que sufrían morosidad), seguidas por las comunidades autónomas (31.8%) y por la Administración General del Estado (9.4%).

Pero, en contra de lo que se suele creer (y esto es muy importante a la hora de darle solución al problema), la morosidad que hace cerrar pymes y que arruina a autónomos no viene solo de las administraciones públicas. Aunque no tenemos datos fiables de la deuda de las grandes empresas con las pequeñas y medianas, la cifra podría ser quizá igual o tan abultada como la del Estado si se tiene en cuenta que, según un informe de finales de 2011 de INFORMA D&B, compañía del Grupo CESCE, líder en el suministro de Información Comercial, Financiera y de Marketing sobre el comportamiento de pagos de las empresas españolas, solo el 8,72% de las grandes empresas cumplen con los plazos de pago pactados (frente al 47,38% de las microempresas, el 38,67% de las pequeñas y el 22,26% de las medianas que sí los cumplen).

De hecho, cualquier persona que conozca el sector sabe que es habitual que grandes empresas como Dragados, FCC, Repsol, etc. estén pagando a 210 o incluso a 240 días, lo que supone un fardo tan pesado como el de la morosidad pública para las pymes (las administraciones públicas españolas han venido pagando como media a 154, frente a 67 en la Unión Europea).

Desde hace tiempo existe en España una Ley de Morosidad que se adelantó a la Directiva europea sobre el mismo problema pero a la vista ésta que no ha sido capaz de resolver el problema y ahora el gobierno se propone hacerle frente poniendo en marcha un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales que acaba de ser regulado por el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero.

Vaya por delante que creemos que es positivo y hay que felicitarse de que por fin un gobierno aborde esta situación para evitar que continúen cerrando pequeñas y medianas empresa y la sangría del desempleo que eso conlleva. Pero este reconocimiento no nos puede impedir creer que lo va a hacer de un modo que incluso puede provocar más problemas que los que trata de resolver.

Los principales inconvenientes que en nuestra opinión tiene el plan del gobierno son los siguientes:

– El mecanismo de momento solo se destina a hacer frente a la deuda de entidades locales que si bien es la más importante quizá solo represente la mitad de la deuda total de las administraciones públicas, de modo que no va a resolver el problema. Sería necesario ampliar su alcance y también tomar medidas para evitar la morosidad de las grandes empresas.

– El procedimiento de liquidación establece que las empresas deberán realizar un descuento a la administración, lo que supone una merma tan cuantiosa que puede provocar que las empresas sucumban en el intento de cobrar, y algo que es doblemente injusto.Porque las empresas más pequeñas ya hantenido que rebajar sus ofertas para poder competir con las grandes y porque las grandes tienen ahora muchas más facilidades y poder para no tener que descontar ni un euro, como ya han anunciado algunas de ellas como FCC.

– El mecanismo previsto por el gobierno no contempla como parte de la deuda los intereses que las empresas habrán tenido que pagar en el tiempo en que se ha ido produciendo el retraso en el cobro.

– Estas dos últimascircunstancias obligan a que las empresas que se acojan al plan lleven a pérdidas las cantidades del descuento y de los intereses. Imaginemos una empresa no muy grande que tenga una deuda pendiente de cobrar con administraciones públicas de 2,5 millones de euros. Si se acoge al plan del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas debe abonar los intereses aplicados a la deuda (que serían de unos 200.000 de euros) y llevarlos ya a pérdidas (puesto que al entrar en el plan ya no se van a recuperar). Y a esa cantidad habrá que añadir el descuento. Si se hace uno no muy alto del 25% habría que sumar a las pérdidas otros 625.000 de euros. En total 825.000 millones de euros que casi con toda seguridad obligarían a la empresa a recurrir al concurso y a liquidar.

– Para colmo, el mecanismo establecido por el gobierno se basa en la financiación de la deuda a través de la banca privada. Esta recibirá del Banco Central Europeo el dinero necesario (unos 20.000 millones para los ayuntamientos de momento y quizá el doble más adelante para las comunidades autónomas) al 1% y reclama prestarlo para este proceso al 8%, además de cobrar las correspondientes comisiones que se establecería, según se está diciendo, “a criterio de la entidad”. Un negocio redondo.

– Por último, ni que decir tiene que este plan ya no contempla la posibilidad de que las empresas que han cerrado por culpa de la morosidad de las administraciones públicas recobren sus deudas pasadas.

En suma, y reconociendo como ya hemos señalado que la iniciativa puede ser acertada, al final resulta que una vez más, y en lugar de resolver un problema de raíz, las empresas que crean riqueza, los trabajadores que trabajan en ellas y la sociedad en su conjunto van a financiar el negocio de la banca.

Es cierto que a estas alturas los problemas se han hecho crónicos pero, incluso a pesar de eso, hay alternativas mucho menos onerosas, más racionales y que en lugar de fomentar el parasitismo bancario podrían incentivar la creación de actividad sostenible, de empleo y bienestar.

En primer lugar, habría que establecer mecanismos de control democrático mucho más rígidos que disciplinaran a los gestores públicos. Los afectados por la morosidad culpan generalmente al Estado de sus problemas pero olvidan que las administraciones públicas las gestionan los partidos que ellos suelen votar mayoritariamente y no entes caídos del cielo o de otro planeta: que se sepa, los ayuntamientos y las comunidades más endeudadosson los gobernados por el PP, por los socioliberales del PSOE y por los nacionalistas de derechas. Y son estos quienes, en lugar de gestionar con la vista puesta en las empresas que crean empleo y en la sociedad en su conjunto, los que hacen reformas y dedican el dinero a gastos fiscales de los que principalmente se aprovechan los bancos, las grandes empresas y las personas de rentas altas.

En concreto, no se puede olvidar que si las administraciones públicas no disponen de recursos suficientes para pagar sus deudas es porque hay una definición de los ingresos públicos que evita que los más ricos contribuyentes paguen lo debido. Un solo ejemplo es elocuente: la evasión fiscal de las grandes empresas y grandes fortunas españolas fue de unos 42.711 en 2010, según los inspectores de Hacienda. Solo con evitarla se pondría fin a la carga que condena a la muerte a cientos de miles de empresas. Pero, en lugar de eso, los gobiernos del PP y del PSOE han hecho que España sea uno de los países de la Unión Europea que menos recursos dedica a luchar contra la evasión fiscal.

En segundo lugar, se debería recurrir al Banco Central Europeo para que financiara a los gobiernos, o a bancos públicos que no miren solamente aumentar sus beneficios, con la misma generosidad con que lo hace a los bancos privados. El ahorro sería gigantesco aunque, claro está, terminaría con el privilegio y el poder de los banqueros que dominan el mundo.

En tercer lugar, y bajando incluso a alternativas aún más concretas que mencionamos simplemente para que se compruebe que suele ser mentira que siempre haya una única “solución” a los problemas económicos, se podría recurrir a otras fórmulas más razonables como la llamada cuenta corriente tributariaque es un sistema que permite a los contribuyentes que cumplan determinados requisitos la compensación de créditos y deudas con la Administración Tributaria.

Para terminar no olvidemos algo esencial: los propios empresarios inteligentes reclaman que las administraciones públicas no paralicen sus actividades de licitación y de encargo de servicios e inversiones a las empresas privadas. Es lo que demuestra que quienes reclaman acabar con el Estado para solucionar el problema de su deuda se equivocan de cabo a rabo: la alternativa a un sector público malo que funciona con ineficacia e inequidad (generalmente por su servilismo a los grandes intereses privados) no es su desaparición sino un sector público eficiente, justo y que funcione correctamente.

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